Camila

Un travesti denuncia haber sido engañado por la dirigencia del ARI. Se le prometió un subsidio para poner un taller de costura, y luego supo que tenía que entregar el dinero a los referentes locales del partido. “Firmá y callate” era la consigna, y ella decidió no aceptar. Otra historia de ventajas espurias y personajes impunes.
Camila es un travesti cuyo documento dice Víctor Gabriel Rolón. Como muchos integrantes de esta minoría sexual, vive de ejercer la prostitución, con escasa conformidad: su condición no le ha permitido otra opción laboral más feliz.

“La prostitución es algo muy feo, muy feo” dijo ante los micrófonos de la 99. 9 cuando decidió denunciar el manejo político económico del cual estaba siendo objeto.

Sucede que ella había conocido al diputado provincial Armando Abruza en una manifestación política en relación con la problemática del campo, y el funcionario la había invitado a acercarse al partido con generosidad. Fue entonces que Camila participó de reuniones en las cuales puso de manifiesto su firme voluntad de cambiar de vida. Las posibilidades de las que disponía no eran muchas, pero surgió allí la idea de que a través de un subsidio de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, ella y otras travestis en similar situación pusieran en marcha un taller de costura que produjera sábanas y toallas para dar una salida económica honesta y viable.

A esas reuniones concurrió además un grupo de personas de Buenos Aires que tenían en marcha un taller cooperativizado, lo que permitiría tomar un modelo posible de organización interna y económica. Estaban en marcha, y se creaba una prometedora Mesa de Género.

Lo siguiente fue la gestión del subsidio durante noviembre de 2008, el dinero con el cual se comprarían las máquinas de coser que se necesitaban para comenzar. Estaban los presupuestos y los planes. La gestiones y trámites estarían a cargo del grupo de asesores del diputado, es decir Margarita Beatriz For, Claudio Dulcich y Juan Martín Almejún.

El baldazo

El 5 de enero pasado, Camila recibió un mensaje cuando estaba en Buenos Aires. Indicaba que su subsidio había sido otorgado, pero poco duró la alegría ya que inmediatamente se le comunicó que debería concurrir al banco a cobrar el cheque -cuyo monto ascendía a $6.000- acompañada de quienes lo habían gestionado, y luego entregarles el dinero. Ellos verían después la forma de solucionar el tema de las máquinas.

Camila se negó a hacerlo y, según ella declara, Dulcich le dijo que si no aceptaba, el cheque se vencería y él lo devolvería a la Cámara. Ella se asesoró legalmente y remitió sendas cartas documento al diputado Abruza, quien ella supone no estaba enterado del manejo, y al presidente de la Honorable Cámara de Diputados, Honorio Ramiro González.

A partir de allí, varios se enteraron de lo que estaba sucediendo y comenzaron a atar cabos. Por ejemplo, se sabe que hay una beca que estaría en las mismas condiciones: Adriana Antonia Vásquez la había solicitado para la ayuda escolar de su hija Dara, y hoy está denunciando el curso irregular del trámite antes las mismas autoridades. Idéntica suerte tuvieron sendos subsidios tramitados por los militantes locales del ARI para el funcionamiento de una escuela de futbol y un taller de actividades para niños en diversos barrios, durante los fines de semana.

La concejala por la Coalición Cívica Leticia González expuso en su entrevista con la 99.9 que había hablado con el diputado Abruza, y que se realizaría una reunión en la cual se daría oportunidad a las personas nombradas de dar a conocer su versión de los hechos. Pero obviamente, González sabe muy bien los costos políticos que la cuestión traerá para el sector que representa. “Nosotros hemos sido muy cuidadosos”, y luego “hemos trabajado mucho para no hacer más de lo mismo” declaró sin más elementos sobre el tema.

Por supuesto que no tardan en aparecer voces que dan su versión sobre el tema, tal es el caso Claudia Isabel Cisneros, militante del ARI, quien desconoce la representatividad de las actuales autoridades del partido a nivel local ya que, dice, no han surgido de una elección normal, al menos en lo que ella ha podido conocer en su trayectoria: “trabajé un año con ellos y se cómo proceden, a mí no me representan, porque ellos se sienten dueños del partido. Para ellos, los militantes comunes no tenemos voz ni voto”.

Se dice que Beatriz For funciona como una autoridad de hecho en el partido, en virtud de su relación directa con la doctora Carrió. Su hijo, Claudio Dulcich, es vicepresidente primero del ARI a nivel local, asesor y secretario personal del diputado Abruza. Cisneros dice que los nombrados dan a conocer públicamente que reciben en su casa a la doctora Elisa Carrió, que le han construido una pileta de natación, y que ella pasa sus vacaciones en su compañía. Todos consideran que esta llegada directa otorga unas condiciones que han provocado las ventajas de For: censora de la inclusión o exclusión de un militante en la organización partidaria.

Lo bueno es que Beatriz For, según se afirma en la entrevista, es quien preside además la Comisión Provincial de Ética del ARI, un partido que construyó sus bases a partir de postular una transparencia imprescindible en cualquier gestión política. Un partido que inició sus acciones de la nada con el único estandarte de decir lo que nadie estaría dispuesto a decir, con todas las letras.

En este caso, un grupo de los llamados militantes comunes venía reclamando participación al presidente de su filial Mar del Plata, Abruza, tras lo cual decidieron formar una línea interna que se materializó en la creación de un ateneo, “Compromiso Cívico doctora Carrió Presidente”. Reclamaron mediante una carta documento la apertura de padrones y el llamado a elecciones internas. Inmediatamente advirtieron que, de nos ser atendidos sus reclamos, convocarían a una asamblea extraordinaria de afiliados que les permitiera poner en evidencia la falta de oportunidades reales de participación.

Hilo delgado

Claro que el manejo indebido de subsidios concedidos no es un tema inaugural. En nuestra ciudad existen causas que involucran en hechos similares a ex funcionarios, como Marín Vega y Raúl Lamacchia, que fueron acusados de procedimientos ilegales durante gestiones anteriores.

Pero con los nuevos aires de la democracia, el hilo se sigue cortando cada vez por lo más delgado. En un momento fueron los pobres, luego los discapacitados, y ahora es el sector de la minoría sexual conocido como travesti el que lleva las de perder.

Todo el mundo conoce la situación aunque sea en la superficie. Más allá de las posiciones ideológicas y las miradas más o menos comprensivas, media sociedad se queja de la actividad ejercida por travestis en centros de prostitución y calles periféricas, pero a la hora de ofrecer otra alternativa, un manejo irregular impide que exista movilidad social en un sector cerrado de la sociedad. Si no se puede hablar de delito aún -porque es algo precoz dado que ni siquiera está iniciada la causa-, es posible afirmar al menos el abuso de poder sin temor a cometer demasiados errores. Pedirle a un ciudadano que cobre un subsidio que el Estado le ha concedido atendiendo a su problemática particular, y que lo entregue a personas particulares, es concretamente un abuso.

Lo peor será pensar en las miles de Camilas que alimentan las filas de manifestaciones políticas de sendos partidos, a favor o en contra de aquello sobre lo cual toque postularse, movidas seguramente por la esperanza de que las organizaciones humanas sean multiplicadoras de fuerzas, para que las problemáticas individuales, si no pueden sanearse, al menos se minimicen.

Después de todo, la cuestión ahora será no pasar al olvido, no especular con el paso del tiempo, o volver a encontrar a los referentes malversadores reciclados en otro frente, una vez que hubo corrido bastante agua debajo del puente. Una vez que Camila y sus compañeras de cooperativa estén ya lo suficientemente lejos.

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