Cambios para una leve rebaja de la presión impositiva provincial

Excluyeron del aumento en Comercio e Industria a Pyme que facturen menos de $ 2,4 millones por año. El 46% de los inmuebles pagará incrementos de hasta el 48%.
Susto oficialista: la momentánea ausencia del recinto de varios legisladores de Unión por Córdoba (algunos habían ido al baño, otros a tomar un refresco) casi deja ayer al oficialismo sin la aprobación del Presupuesto 2010.

La escena provocó tensión. En uso de la palabra, el juecista Roberto Birri advirtió que los opositores eran mayoría y mocionó postergar la aprobación una semana. La reacción del peronismo para evitar la maniobra fue a la velocidad de la luz: Francisco Fortuna recuperó la presidencia (había quedado a cargo del juecista Augusto Varas) e improvisó un parlamento lo suficientemente largo como para permitir el regreso presuroso de sus compañeros a las bancas.

Pasado el incidente y el debate económico y político, los votos de la mayoría oficialista y de algunos de los bloques aliados fueron suficientes para que la Legislatura convirtiera en ley el presupuesto que prevé un notable incremento en la presión tributaria para los propietarios de viviendas y para la actividad productiva.

Impuestazo atenuado. Muy pocos cambios se le incluyeron al proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo y que ya había recibido aprobación en primera lectura hace dos semanas.

Entre las modificaciones, la mayoría de ellas reclamada por los sectores afectados, se destacan: marcha atrás en la intención de aplicar a toda la venta mayorista de combustible la alícuota de Ingresos Brutos que fue aumentada a 2,90 por ciento para el expendio minorista. Sólo tributará con ese aumento la reventa de combustibles.

Se terminó excluyendo del incremento de Ingresos Brutos que pagará la actividad industrial a las Pyme que facturen menos de 2,4 millones de pesos por año.

También fueron exceptuados de este aumento los prestadores de salud privados (clínicas, sanatorios, entre otros) que brindan servicios a beneficiarios de obras sociales encuadradas en la ley nacional 23.660.

Se incluyó, además, un artículo que podría ser motivo de polémica ya que establece que deberán pagar el impuesto de Sellos las operaciones de compraventa de mercaderías (excepto automotores), cereales, oleaginosas y productos de la ganadería y agricultura, entre otros, "que producen efectos en la Provincia de Córdoba". Esto es, aquellos que son producidos en Córdoba o que el vendedor esté ubicado en esta jurisdicción. Según advirtió el legislador oficialista Dante Heredia, es un mecanismo para evitar que otras provincias (en particular Santa Fe, con su puerto) perciban tributos que pagan productores cordobeses y que deberían ingresar a las arcas cordobesas.

El debate político estuvo cargado de críticas y alusiones al pasado. Calentó los ánimos la orden de retirar un cartel que cuestionaba el aumento de la carga impositiva, que habían colgado dirigentes de entidades comerciales.

Antes y después de ese incidente, Heredia defendió el Presupuesto y los cambios introducidos. Admitió el incremento de la presión tributaria pero dijo que era "necesario para equilibrar las cuentas de la Provincia" que, como informó este diario días atrás, registrarán este año un déficit fiscal de más de 130 millones de pesos.

Las críticas más duras partieron del radicalismo, del juecismo, del vecinalismo, del ARI y de Izquierda Socialista, que coincidieron en un argumento: el ajuste schiarettista es la consecuencia directa de los nueve años de gestión de Unión por Córdoba.

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