Los cambios para avanzar en la otra emergencia

Los cambios para avanzar en la otra emergencia

En el Ejecutivo piden que la Legislatura avance en la ley que busca acelerar los trámites administrativos y regula contrataciones de servicios. Para ello consensuó modificaciones con los legisladores

El Ejecutivo pidió celeridad para sacar la ley de Emergencia Administrativa y Tecnológica. En la Legislatura solicitaron modificar el texto, y eso llevó a que el mi-nistro de Coordinación, Roberto Gigante, consensuara con senadores y diputados los cambios para que se vote esta semana en la Cámara Alta y la próxima en Diputados.

La nueva redacción tomó forma en la comisión de Trabajo y Legislación Social. Para avanzar, el Gobierno debió ceder en algunos puntos, mientras que logró mantener otros, incluso discutidos por miembros del Legislativo y hasta del mismo espacio del oficialismo.

“Necesitamos la ley para poner en marcha todo el sistema, que no es una rueda sino una pared; y esto no es para eliminar organismos de control ni nada por el estilo, como algunos creen ver, sino para darles celeridad a trámites que no pueden tardar seis meses. Y necesitamos una emergencia tecnológica para estar a la altura de los tiempos en los que vivimos”, asegura a La Tecla una fuente del Ejecutivo. 

El mismo funcionario confirma que “esta emergencia va a servir para demostrar que no hay nada raro, que lo único que se busca es darle más dinamismo al Estado; y ésta debe ser la base de una ley de reforma administrativa del Estado”. No hay fecha para ese avance, pero podría ser antes de fin de año. Dependerá de la evolución de la emergencia y de sus resultados.

En el entorno de Vidal aseguran que “no es una ley ideológica”, y que tampoco significa que quieran despedir agentes púbicos, “sino todo lo contrario, queremos sumar gente joven”, prometen. No obstante, los temores sobre modificaciones a la ley 10.430 (Estatuto y Escalafón para el Personal) y por lo que pueda pasar con los empleados que permanecen en planta temporaria (unos 15.000) hicieron que los legisladores se pusieran firmes en algunas correcciones, como, por ejemplo, la eliminación de artículos y modificación de otros.

También el Ejecutivo cedió en la incorporación de algunos órganos de control antes de hacer contrataciones que no necesitan pliegos licitatorios. En tanto, del proyecto original se conservaron cuestiones como la creación de “unidades de contratación”, que permiten fijar y ajustar con la inflación los montos sobre los cuales se pueden realizar contrataciones directas. 

Y otro punto es que la Gobernadora y cada ministro tendrán la posibilidad de fijar los sueldos a sus asesores (que nunca podrán ser superiores al suyo), a partir de contar con una caja para ese fin y no tener que atarse a una resolución que fije esos salarios. Esta administración ha tenido muchos inconvenientes para contratar funcionarios debido a la diferencia entre los sueldos de la administración privada y los que se pagan en la Provincia, inferiores además de los de Nación y Ciudad.

El texto que puso en alerta a los gremios tuvo modificaciones 

Los senadores cambiaron algunas cosas del capítulo sobre la “Regulación del contrato de servicios y régimen salarial del personal de gabinete”.

Mientras el texto primigenio no ponía límites temporales sobre las contrataciones de servicios, la nueva redacción establece que durarán mientras esté en vigencia la emergencia.

Se agrega que “el presente régimen contractual no se regirá por las disposiciones del artículo 5 de la Ley”, que regula el procedimiento de contratación de bienes.

El artículo 30 del texto original derogaba “el inciso C del artículo 15, el inciso C del artículo 111 y los artículos 115 y 116 de la ley 10.430”.

Estas normas se refieren a los derechos de los empleados del Estado sin estabilidad, y se cree que ponían en riesgo a aquellas personas que hace muchos años trabajan en el Estado provincial y permanecen bajo el régimen de contratados. 

También quitaban derechos a los trabajadores bajo este régimen. La comisión de Trabajo y Legislación Social del Senado sacó el artículo 30 del texto original de la nueva ley.

Era uno de los puntos más controversiales del proyecto del Ejecutivo, y que había puesto en alerta a las organizaciones gremiales que amparan a los trabajadores del Estado bonaerense.

Se pide, por el contrario (y no está en la ley), que se regularice la situación laboral de los contratados desde hace muchos años.

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