Los 90: cambios sin instituciones

Por: Ricardo Gil Lavedra

EX MINISTRO DE JUSTICIA-DIPUTADO ELECTO

El veinte aniversario de la llegada de Carlos Menem a la Presidencia, recordado ayer, debe ilustrarnos también sobre las consecuencias de sujetar el funcionamiento institucional a los dictados de un gobierno o a recetas ortodoxas. SClB

Los aspectos más recordados de las dos presidencias de Carlos Menem serán, probablemente, las reformas estructurales en la economía de acuerdo al más ortodoxo ideario neoliberal, el deterioro institucional, la corrupción y la reforma constitucional de 1994. Por cierto, la asunción de Menem se produjo en un contexto de emergencia extrema. Raúl Alfonsín entregó anticipadamente el poder en julio de 1989, ante la ausencia de poder político, desgastado progresivamente luego de la derrota parlamentaria de 1987, para hacer frente a una crisis hiperinflacionaria de tal magnitud que amenazaba con desintegrar el país.

Pero además asistíamos a un cambio de época, a una modificación del pensamiento económico dominante en las instituciones financieras internacionales y en los gobiernos de los países centrales. El modelo de la posguerra de una economía cerrada, con una fuerte presencia del Estado como productor, regulador y planificador de la economía, estaba llegando a su fin hacia fines de los '80. La ineficiencia de las empresas públicas, el fracaso de la maraña de estímulos, prebendas y subsidios a diferentes sectores, el peso de la deuda y la imposibilidad de financiar el déficit fiscal, conducían a la necesidad de redefinir y reducir el rol del Estado en la economía y a buscar una mayor integración con los mercados internacionales.

Paradójicamente, un presidente justicialista de discurso populista, fue quien -con gran audacia- superó la crisis aplicando las reglas del Consenso de Washington (ajuste fiscal, moneda sólida, libertad de mercado y privatización de empresas del estado), y lo hizo con la ayuda entusiasta de los justicialistas. El plan de convertibilidad de 1991, la privatización de todas las empresas y servicios estatales, la desregulación completa de la economía y su apertura al mercado internacional, trajeron la ansiada estabilidad con la desaparición de la inflación, la reducción en un primer momento de la pobreza y el desempleo, y un fuerte ingreso de capitales extranjeros.

Esta transformación estructural se realizó concentrando un poder de decisión casi absoluto en el Presidente. En una primera etapa se recurrió a la delegación legislativa que otorgaron las leyes de emergencia económica y de reforma del Estado (a cuya sanción colaboró la oposición en medio de la crisis). Luego con el acompañamiento irrestricto de los legisladores justicialistas (varios de los cuales increíblemente hoy demonizan esas políticas), y por fin, por medio del veto parcial de las leyes y con la sanción inconstitucional de una cantidad extraordinaria de decretos de necesidad y urgencia. La acumulación de poder sin control se completó con la ampliación de los miembros de la Corte Suprema y la designación de magistrados afines al gobierno, con lo que se aseguraba que las iniciativas no iban a sufrir trabas judiciales, como efectivamente ocurrió. El enorme poder y la ausencia de controles, derivaron en la aparición de numerosos casos escandalosos de corrupción, quedando en la impunidad la mayoría de ellos.

Las mejoras económicas y especialmente la estabilidad, singularmente apreciada por el pueblo luego de la devastadora inflación, permitieron al presidente forzar un pacto político sobre cuya base se reformó la Constitución permitiendo la reelección, introduciéndose a cambio una serie de modificaciones tendientes a atenuar el presidencialismo que no obtuvieron los efectos buscados. Menem fue reelecto en 1995 con el voto de casi el 50% de los argentinos.

Seguramente era inevitable que la Argentina siguiera el rumbo de la globalización, pero la aplicación estricta del ideario neoliberal, aunque con deficientes regulaciones y escaso control, trajo aparejado a los pocos años un aumento incesante del desempleo y de la marginalidad y desigualdad. Un funcionamiento institucional adecuado hubiera matizado o evitado ese alto costo social. El efecto "tequila", la crisis rusa, la recesión que comenzó en 1998, un déficit fiscal que se financiaba con endeudamiento externo (la deuda pasó de 60.000 millones dólares a 145.000), y un tipo de cambio fijo que restaba cada vez más competitividad, gestaron la trampa mortal que el gobierno de la Alianza no pudo o no supo resolver, desencadenándose el colapso del 2001. Lo ocurrido en la década del 90 debe servirnos en el presente.

Es imprescindible una visión compartida del desarrollo argentino y ello sólo puede lograrse por medio del debate y el consenso, en el escenario institucional que corresponde y con vigencia plena de los principios republicanos. Nadie sostiene hoy la hegemonía del mercado, pero no ha desaparecido el comercio internacional ni la globalización. Es necesario discutir con seriedad el grado de intervención del Estado, que no puede ser el de los 70, sino el que corresponda a una sociedad que respete la iniciativa privada como motor del progreso, pero que asegure el acceso igualitario a los bienes públicos y un nivel de vida decente para todos los ciudadanos. La liviandad con que el gobierno y alguna oposición tratan el papel del Estado, no augura un buen camino.

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