A cambio del apoyo público que viene brindando el gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, a los tarifazos en los servicios de gas y luz, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, le concedió a la empresa eléctrica de esa provincia una polémica medida que va en contra de las reglas de juego del sistema eléctrico nacional.

Se trata de la resolución 125 de la cartera energética por la cual autorizó a la DPEC (la distribuidora eléctrica estatal de Corrientes) a operar la línea de alta tensión de 132 kV. Mercedes-Paso de los Libres de manera provisoria y hasta tanto el ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) resuelva la controversia planteada sobre los alcances y controles de esa conexión.

A cambio del apoyo a los tarifazos, Aranguren habilitó a la distribuidora provincial de Corrientes a actuar como "transportista", pasando por alto el marco regulatorio nacional.

Sin esperar que los reguladores se expidan sobre el conflicto jurisdiccional planteado entre la provincia correntina y la transportadora eléctrica regional Transnea, Aranguren le dio el visto bueno a la DPEC para que concrete “la conexión permanente” de la línea de 132 kV. que une las estaciones transformadoras de Iberá y Paso de la Patria Norte.

Con esa movida, el ministro de Energía habilitó a la distribuidora provincial de Corrientes a actuar como una “transportista” pasando por alto el marco regulatorio nacional que le impide a las distribuidoras avanzar sobre el segmento del transporte eléctrico tanto a nivel troncal, como regional.

La decisión de Aranguren tomó por sorpresa al directorio del ENRE que aún tiene que resolver la cuestión de fondo planteada sobre la pretensión de Corrientes de desconocer las atribuciones y el ámbito de acción que tiene la transportadora Transnea.

Hasta ahora, el criterio mayoritario que predomina en la cúpula directa del ENRE se inclina por rechazar la postura de Corrientes y la autorización provisoria otorgada por Aranguren. Entre los que emitirían un “voto no positivo” se encuentran Carlos Bastos—el cavallista ex ministro de Energía de Carlos Menen y Fernando de la Rúa que ingresó al ente al comienzo de este año—, la vicepresidenta del organismo, Marta Roscardi y el vocal y ex gerente de Edenor, Ricardo Sericano.

El único que estaría defendiendo la posición correntina es el presidente del ENRE, Ricardo Martínez Leone, el ex titular de la empresa eléctrica de Chaco y hombre confianza del ex Jefe de Gabinete, Jorge Milton Capitanich.

La resolución favorable a Corrientes de Aranguren —que curiosamente no fue publicada en el Boletín Oficial—disparó la reacción de Transnea que salió con los tapones de punta contra los funcionarios de Energía.

La resolución de Aranguren en favor de Colombi, disparó la reacción de la transportadora Transnea, quien denunció que se estaba violando el pliego de concesión.

En la impugnación presentada ante el ministerio, los directivos de Transnea pusieron sobre el tapete la insólita y contradictoria resolución de Aranguren que autorizó una “de manera provisoria una conexión permanente”.

La transportadora recordó que está pendiente una definición clave del organismo regulador con respecto a si la línea en cuestión se encuentra dentro del sistema de transporte de energía eléctrica por distribución troncal del NEA que opera y mantiene Transnea o si por el contrario integra el sistema de distribución en la provincia de Corrientes.

“Estamos frente a un acto viciado tanto en el objeto como en el mérito, no solo porque incurre en una indeterminación o ambigüedad que impiden su validez, sino además, en arbitrariedad porque no se adecua a los fines del régimen legal de la energía eléctrica”, resaltó la presentación de Transnea.

Advirtió que la resolución 125 puso “en manos de la provincia algo que, conforme a las reglas vigentes, debería estar en manos de Transnea y en jurisdicción federal, de manera tal que bastará demorar `sine die’ la decisión sobre la jurisdicción sobre las instalaciones para que queden de hecho dentro de la provincia por la vía de los hechos consumados”.

La transportadora eléctrica destacó que “se le otorga a la provincia la operación y mantenimiento de una instalación cuyas características cumplen con las que imponen las normas federales de aplicación para calificarla como una ampliación del sistema de transporte de jurisdicción nacional a cargo de Transnea”.

Agregó que la polémica resolución “viola el contrato de concesión de Transnea y sin cumplir con las normas federales, convierte de hecho a la DPEC en una transportista de jurisdicción nacional mediante un procedimiento peculiar que elude cumplir con lo que está expresamente previsto en la ley 24.065”.

Por último, la transportadora regional precisó que en numerosos casos “la Corte Suprema ha ratificado que una línea de alta tensión, aun cuando la totalidad de su recorrido se desarrolle entre una provincia y en tanto opere en 132 kV, conforma una interconexión que integra el sistema nacional y por lo tanto debe quedar sometida a la jurisdicción nacional”.