El mensaje fue claro desde el momento en que asumió Mauricio Macri: "Debería renunciar", afirmó el Presidente, en referencia al mandato de la Procuradora General Alejandra Gils Carbó. Con el paso del tiempo y la negativa ante el deseo del mandatario, Cambiemos busca imperiosamente arrinconar a la funcionaria vinculada con el kirchnerismo.

Gils Carbó tiene dos causas y un juicio político para afrontar en los próximos meses, y sólo cuenta con que el año legislativo retrase la inminente presión del PRO para desligarse de la funcionaria. 

En primer lugar, diversos diputados y senadores de la alianza Cambiemos pidieron a la legisladora titular de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público, Graciela Camaño, citar a la procuradora para que explique presuntas irregularidades en las designaciones de fiscales para causas contra la corrupción de funcionarios kirchneristas.

"Ayer Cambiemos presentó un pedido y lo vamos a tratar allí en la citación el próximo jueves a las 11 de la mañana. Hoy pusimos en circulación un documento de 1000 páginas que son una suerte de respuestas de la procuradora y su defensora al pedido que hace Cambiemos, aunque ni siquiera está tratado el pedido. La compra del edificio no está dentro de los temas porque está en sede judicial, lo que hay es un seguimiento de gestión", indicó Camaño a la señal de TN.

Y agregó que cuando la citen, "con su presencia vamos a tener la posibilidad de interrogarla".

Cuando Camaño se refirió a la "compra del edificio", es porque esa es la otra causa que involucra a la jefa de fiscales. Arfinsa, del grupo Bemberg, recibió 43,8 millones de pesos de la Procuración General por la compra del edificio de la calle Perón al 600, y en la operación habría habido una comisión de 7,7 millones de pesos que esa empresa le pagó a la inmobiliaria Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios.

Hoy Gils Carbó presentó en el ámbito de la Cámara de Diputados un libro que recoge la experiencia de las Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia (ATAJOs), cuyo propósito es "darle voz a los que tienen tantas dificultades de hacerse oír", manifestó. No obstante, no dio ninguna declaración con respecto a ninguna de las dos causas, pero presentó un escrito en donde niega irregularidades en la compra del edificio.

En su escrito, Gils Carbó defiende la compra del edificio: “Era una necesidad institucional adquirir un inmueble de esa características que ya había sido expresado por los titulares de este organismo, desde, al menos, el año 2011”, pero reconoce que debieron abrir una investigación para determinar si un funcionario utilizó información calificada para el beneficio de un familiar.

La nota a Camaño fue presentada por el jefe de la bancada de diputados de Cambiemos, Mario Negri, su colega de bloque Diego Mestre, la macrista Silvia Lospenatto, y los senadores de la UCR Silvia Elías de Pérez, y Laura Rodríguez Machado (PRO).

Ellos quieren que la Procuradora explique "sobre los criterios aplicados para la selección o modificación de los titulares de procadurías y unidades especializadas" Y que Gils Carbó informe acerca de la "designación de fiscales subrogantes en cargos inactivos".

En ese marco, quien también se refirió al caso fue la propia titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, quien apuntó fuertemente contra Gils Carbó: "Ella debería tomar conciencia de que su situación de supuesta resistencia daña al país, a la reputación de la Argentina en el mundo y a las posibilidades de inversiones".

Y argumentó: "El daño que genera la presencia de Gils Carbó en la Procuración es internacional para la Argentina. El Grupo Antisoborno de la OCDE acaba de dedicar diez párrafos en su informe sobre nuestro país remarcando la politización del Ministerio Público. Hablan específicamente de su falta de neutralidad, de cómo interfirió en investigaciones y cómo cambió fiscales cuando investigaron a funcionarios del gobierno anterior".

Además de ambas causas, la procuradora tiene un pedido de juicio político en su contra, y el PRO, que preside la Comisión de Juicio Político, espera conseguir banca para que sea el primero de los tres pedidos que hay: Mauricio Macri, Ricardo Lorenzetti y la mencionada.

Sin embargo, Graciela Camaño, quien también integra dicha comisión, apuntó en diálogo con Perfil hace unos días contra el PRO porque "no nos hemos reunido nunca. La comisión ni fue abierta".

Lo cierto es que el juicio político contra la procuradora tiene el apoyo de Laura Alonso: "yo cuando era diputada presenté un pedido de juicio político contra ella. Tiene varias denuncias penales en su contra y en una apertura de investigación en la Cámara estoy segura de que aparecerían muchos fiscales para testificar la persecución y sus interferencias".