Lo que no cambia

Por Natalio R. Botana

Justo cuando faltan 35 días para que asuman los nuevos legisladores elegidos el 28 de junio, el Poder Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley para "regular de manera equitativa y democrática el desenvolvimiento del sistema de representación". ¿Maniobra para seguir acumulando poder con una mayoría que se escapa de las manos o, más bien, otra oportunidad para que, en un país agobiado por la confrontación, asumamos el estilo de sancionar leyes mediante la deliberación y el consenso?

Respondemos con el análisis de algunos puntos para encarar un debate constructivo. Jamás hay que abdicar del ánimo instituyente. El primero tiene que ver con un error de interpretación. Se dice que estamos frente a un proyecto de reforma política. Nada de eso. La reforma política, tal cual la entendemos, abarca tres aspectos: una reforma del Estado para extirpar de su seno el factor de perturbación sobre el sufragio del clientelismo; una reforma electoral capaz de superar el obstáculo de la sobrerrepresentación de los distritos pequeños y de la subrepresentación de las provincias grandes; una reformulación de lo que tradicionalmente llamamos entre nosotros estatuto o ley orgánica de los partidos políticos.

En rigor, este proyecto alude al último aspecto de la reforma política. Retoma, así, un asunto pendiente desde la gran crisis de representación de 2001-2002, cuyas eventuales soluciones legislativas, como es sabido, no han prosperado. Todas ellas procuraban remediar los desajustes que se advertían en el sistema de partidos en cuanto a una desmedida proliferación y a los liderazgos que se forjan en su seno. Es lo que se procura resolver ahora. Los asuntos propios de la reforma electoral -los más significativos en relación con el federalismo- no se tocan, olvidando que esa especie de normas pétreas fueron impuestas durante la tan denostada dictadura militar.

Silencio elocuente: con reforma de la ley orgánica de los partidos políticos o sin ella seguiremos soportando la flagrante contradicción de la sobrerrepresentación de distritos chicos que, por carecer de autonomía fiscal, son piezas dóciles para formar las mayorías en el Congreso, que el Poder Ejecutivo requiere. Véase, por ejemplo, el comportamiento de los representantes de la provincia de Tierra del Fuego -en principio, opositores- en el reciente debate de la ley de medios.

Habría mucho que hacer en esta materia, lo mismo que con respecto a ciertas reglas de procedimiento en la emisión del voto, como la boleta única, que perfeccionarían la transparencia del proceso electoral. De esto tampoco se ocupa esta propuesta, aunque sí atiende la necesidad de suprimir las listas "colectoras" y "espejo" y de reducir el número de partidos (ambos excesos dificultan la confección de la boleta única).

Aquí lo que se impone, como con el resto de este proyecto de 88 artículos, es hacer más flexibles los rigurosos topes que se establecen para poder ser reconocido, primero, como partido político y, segundo, como candidato para competir en la elección definitiva. La voz de orden debería ser precisamente ésta: flexibilizar para impedir la transformación de esta ley en un aparato ortopédico que, en lugar de apuntalarla, encoja y después asfixie la dinámica participativa. Cuidado con la alienación de los que no se sienten representados.

Para romper estas malformaciones, el proyecto opta por el sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en los partidos. Son ideas en principio positivas que pueden desvirtuarse si se confunde lo que es propio de una elección nacional obligatoria con lo que es propio de una elección con participación voluntaria de la ciudadanía en el ámbito de los partidos.

Al hacer obligatorias las primarias se confunden estos dos órdenes de participación. Se alega que, con esta innovación, los punteros de los partidos tendrían menos influencia. En realidad, la experiencia de las elecciones en este cuarto de siglo de democracia ha mostrado que la obligatoriedad del sufragio no morigeró esta influencia perniciosa. Con la simultaneidad y el carácter voluntario de las primarias tal vez bastaría.

Además, no olvidemos el impacto electoral sobre el sistema político. Sin computar los comicios provinciales que se desdoblan, tendríamos dos procesos electorales de carácter nacional cada dos años, a los que se sumaría, si hubiese ballottage para las presidenciales, un comicio más. Tres elecciones en total. En Uruguay, por ejemplo, esta presión no suscita mayores problemas, entre otros motivos porque no hay allí elecciones intermedias. Esto sin desconocer la solidez de los partidos uruguayos, cuyas convenciones, al igual que en los Estados Unidos, son las que en última instancia deciden acerca de la integración de las fórmulas. Aquí esta hipótesis no se contempla.

Los otros problemas por resolver son el financiamiento de los candidatos y el papel que desempeña la propaganda oficial. El proyecto apuesta, en este sentido, por el financiamiento estatal de las campañas en los medios audiovisuales. Restringe y prácticamente suprime el financiamiento privado con criterios hiperregulatorios, que indirectamente inciden sobre los medios de comunicación. Con la propaganda oficial, los criterios son, en cambio, más laxos.

Se impide, en efecto, la propaganda oficial durante las dos últimas semanas previas a las elecciones generales, un período mínimo si advertimos que el proceso electoral comienza mucho antes, desde el momento en que se pone en movimiento el engranaje de las primarias en los partidos. En ese terreno, la propaganda oficial será un poderoso instrumento no regulado. Imagine el lector esta batalla en el seno del Partido Justicialista. De hecho, ya despuntó: en las horas en que se conoció este proyecto, la ciudad se vistió con los carteles que proclamaban a Néstor Kirchner candidato en 2011.

De nuevo se hace necesario acomodar reglas: o se elimina la propaganda oficial durante prácticamente todo un año (cosa aparentemente imposible) o se admiten canales de financiamiento que permitan un régimen mixto con sanciones mucho más severas en cuanto a la rendición de cuentas. Este riesgo obedece a otro tipo de confusión que hemos comentado en varias oportunidades. Estas legislaciones son positivas cuando en una democracia no se confunde el interés particular de un gobierno con el interés universal del Estado.

Por otra parte, resulta exagerado prohibir la difusión de las encuestas quince días antes de las elecciones generales. Si bien es aconsejable que la ciudadanía conozca las fuentes de financiamiento de estos sondeos, sin recaer en regulaciones tan estrictas, una semana de veda podría ser suficiente, alargando, de paso, el horario en que deberían conocerse las encuestas de boca de urna el día de las elecciones. Con tal objeto, hay que hacer todavía más eficiente el conteo de votos para que el escrutinio provisorio se conozca cuanto antes.

La noticia negativa es que se siguen otorgando al Ministerio del Interior importantes facultades en todo el proceso que va de las elecciones primarias a las elecciones generales. Sería razonable que reconozcamos el rol decisivo que en una democracia tiene una autoridad electoral independiente de los gobiernos de turno. Por cierto, hemos avanzado durante estos años en el desarrollo de nuestra justicia nacional electoral, pero es aún insuficiente a la luz de lo que ocurre en otros países de Iberoamérica.

En fin, tengamos presente que la Constitución es sabia en esta materia, pues para aprobar esta clase de proyectos impone una mayoría sobre el total de los miembros de cada una de las cámaras. Razón de más para porfiar en la búsqueda de consensos.

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