Cámara Penal confirmó procesamiento a policías implicados en la muerte de Antoliano Figueredo

La Cámara Primera en lo Criminal confirmó el procesamiento dictado por la jueza penal Laura Karina Paz a los dos policías que están involucrados en la muerte del joven Antoliano Figueredo y allanó el camino para que muy pronto el caso llegue a juicio oral y público para su dilucidación y sentencia.
La decisión judicial tiene los votos de los camaristas Ramón Alberto Sala y Rolando Alberto Cejas, quienes ratificaron todas sus partes el auto de procesamiento con prisión preventiva aplicado a Carlos Alberto Fernández por el delito de homicidio calificado y procesamiento sin prisión preventiva a uno de los implicados, el más joven, por la probable comisión del delito de encubrimiento.

El fallo considera acertada la decisión de la jueza de instrucción y sostiene que la hipótesis de la agresión policial sostenida por el único testigo directo del hecho está apoyada por nuevos elementos probatorios incorporados a la causa, como el caso del informe pericial que concluye que la hipótesis de la agresión que derivó en la muerte del joven Antoliano Figueredo reconoce un mayor grado de factibilidad que la del accidente. "No es errado entonces inferir la objetiva probabilidad de una agresión como causa de la herida mortal de Antoliano", señalan los jueces Sala y Cejas.

En los fundamentos del fallo, los jueces también aluden testimonio del padre de la víctima quien refirió que luego de sucedidos los hechos se dirigió a la Comisaría Segunda y allí habló con el testigo quien le comentó lo que había sucedido indicándole que uno de los policías había agredido a su hijo, de donde se deduce que la versión del testigo sobre la supuesta agresión a Figueredo era anterior a sus primeras declaraciones.

"Es válido otorgar credibilidad suficiente a los dichos del testigo como para integrar el plexo constitutivo de probabilidad requerida en el juicio provisional que implica un auto de procesamiento, aceptándose en principio como razonable su excusa de que antes no dijo la verdad porque se sintió presionado, a lo que cabe agregar la inferencia de lo ilógico que sería que el testigo aún a sabiendas de su sanción del falso testimonio para perjudicar a los encausados (de 4 a 10 años de prisión) respondiendo a intereses ajenos a la verdad, persista en esa versión que de resultar mendaz merecería sin dudas una sanción ejemplar por todos los valores que hoy están en juego en la causa", sostienen los camaristas.

La resolución también alude al testimonio del jefe del Cuerpo Médico Forense Judicial, quien señaló la posibilidad de que "una agresión narrada por el único testigo haya sido la causa de la lesión que le costara la muerte a la víctima, lo que lleva a colegir de que no hay certeza sobre la imposibilidad de agresión como para descartarla de plano, cobrando relevancia probable la hipótesis del presunto ataque a la víctima".

Con relación al hierro que se incrustó en el ojo de Antoliano Figueredo, un informe pericial indica que el mismo no es de características similares a los utilizados para la estructura de hormigón armado en la vivienda donde ocurrieron los hechos, mostrándolo ajeno a los materiales utilizados en esa obra por entonces en construcción, lo que a criterio de los jueces admite colegir la probabilidad que dicho elemento haya sido introducido al sitio por algunos de los que ingresaron al lugar, incluyendo a los funcionarios policiales.

Los procesados

Si bien la comisión policial que participó del procedimiento estuvo integrada por cuatro uniformados, a la luz de las pruebas incorporadas a la causa y los propios dichos de sus protagonistas, sólo los dos funcionarios procesados ingresaron a la vivienda donde se desató el incidente que derivó en la muerte de Antoliano Figueredo, infiriéndose de los dichos del testigo que fue el policía "grandote" quien le pegó a la "sombra blanca" (supuestamente Antoliano Figueredo) haciéndole caer al suelo.

"Es razonable entonces implicar a Fernández y Roldán, el primero de los cuales por las heridas que presentaba en la mano evidenciaba la probabilidad de un contacto físico con la víctima, amén de que su elocuente contextura física es plenamente compatible con la descripción de "grandote" a que hizo alusión el testigo.

En cuanto al otro policía procesado, los camaristas señalaron que probablemente su participación se habría limitado solamente a iluminar el lugar donde estaba caído Antoliano Figueredo, mostrando una actividad posterior a la consumación del presunto evento criminoso que lo convierte en posible encubridor.

"La pretensión del querellante de pretender que se considere a todos los integrantes de la patrulla como autores del hecho no es más que reflotar la anacrónica doctrina de la equivalencia de las condiciones en donde cualquier aporte casual convierte a su ejecutor en autor del delito.

Las constancias de la causa en modo alguno exhiben una tarea coordinada de los policías para ingresar y matar a Antoliano Figueredo, tampoco que los dos policías que quedaron afuera hayan conocido lo ocurrido dentro de la casa", sostienen los jueces Sala y Cejas.

También señalan que el reclamo de la aplicación del delito de abandono de persona agravado por el resultado muerte de la víctima por parte de los imputados, resulta a todas luces incoherente ya que conforme a nutrida doctrina nacional el dolo específico de matar excluye el dolo de la omisión de auxilio.

"Si a los procesados se les reprocha no denunciar un presunto delito de homicidio, no puede reprochárseles al mismo tiempo la omisión de auxilio, sin perder de vista que Antoliano no quedó abandonado a su suerte, puesto que la causa deja apreciar el pronto e instantáneo auxilio de sus amigos que estaban en el lugar", afirman los camaristas.

Sentencias sociales anticipadas

En otro párrafo, los jueces aclaran que en esta instancia del proceso no debe perderse de vista la vigencia de la presunción de inocencia a favor de los imputados, ya que tanto la existencia temporo-espacial de un evento calificado como delito, así como la vinculación subjetiva que respecto de él se atribuya a los acusados, debe ser el resultado de un juicio intelectual que implique un respetable grado de probabilidad sobre ambos aspectos.

Explican que en esta instancia procesal se escrutan y valoran las pruebas incorporadas para verificar la entidad de las mismas y su solvencia en pos de avanzar hacia la siguiente etapa procesal que no es otra cosa que el debate oral, público y contradictorio para determinar con certeza lo efectivamente ocurrido y, de vislumbrarse un delito, la individualización de sus responsables.

"Lo dicho deviene útil en el marco de la presente causa, donde los apasionamientos parecen haberse apoderado de todos los involucrados directa e indirectamente (imputados, defensores, damnificados, querellantes, testigos, etc.) dando paso a una lucha extrajudicial que hace mucho ha traspasado los ámbitos tribunalicios para instalarse en los medios masivos de difusión donde las expresiones de los intereses comprometidos en la causa han expuesto verdaderas sentencias sociales anticipadas (condenatorias o absolutorias, según sus posiciones) donde se ha llegado incluso a ensombrecer la vida privada de algunos conciudadanos (en principio ajenos al hecho investigado) y el prestigio de las instituciones vitales para el Estado de Derecho", enfatizan los camaristas.

Tras reiterar que la cuestión dilucidada en esta instancia del proceso no implica un juicio definitivo ni una respuesta definitiva a la ecuación inocencia-culpabilidad, los jueces tienen la esperanza de que la referida aclaración enerve las especulaciones inapropiadas que siembran más confusión sobre el hecho investigado, sus circunstancias y consecuencias, "por respeto a la familia del fallecido y por respeto a los imputados y sus familias".

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