La Cámara Minera argumentó la ilegalidad de la Ley de Canteras

Lo presentó a fines de octubre en la Cámara de Senadores. Dan pautas sobre la ilegalidad e ilegitimidad del Proyecto consensuado por Lunghi y Scioli. El documento no fue tenido en cuenta por los legisladores.
El pasado 23 de octubre, la Cámara de la Piedra envió al senado bonaerense una nota en la cual fija su criterio, contrario, al Proyecto elaborado por Néstor Auza y consensuado por los gobiernos provincial y municipal.

Adelantan cuestiones de índole político, administrativo, y laboral. Adelantan posibles acciones judiciales en caso que se apruebe (promulgue) una norma de este tipo y plantean precedentes riesgos para otros distritos.

La carta que obtuvo en exclusiva este Portal de Noticias, expresa lo siguiente:

"Señor Presidente

de la Honorable Cámara de Senadores

de la Pcia. De Bs. As.

Ref: Oposición al Proyecto de ley de Paisaje Protegido contra las canteras de Tandil

Por la presente, y conforme lo anticipa la referencia de esta comunicación, nos dirigimos a usted para transmitirle la alarma que ha provocado entre los empresarios mineros bonaerenses, el conocimiento de la existencia de un "Proyecto de Ley" que, bajo la apariencia de protección del paisaje, en verdad discrimina puntualmente a algunas canteras de un área determinada del partido de Tandil.

Nos oponemos a dicho intento y lo hacemos con fundamentos que, de ser desarrollados, llenarían informes (así de viciada y lesiva resultaría la ley si se aprobara según la versión del proyecto) pero que en esta nota trataremos de restringir sólo a ciertos puntos y además, resumir cada uno de los que mencionaremos.

I.- El Proyecto es políticamente incorrecto para la Provincia de Buenos Aires, porque:

1) El Estado Provincial tomó un compromiso con la "política de Estado Minera nacional" desde que se dictaron todas (sin excepción) las normas mineras que sancionó el Parlamento Nacional, a saber: Ley de Medio Ambiente Minero 24.585, hoy arts. 233 y 246 a 268 del Código de Minería de la nación; la creación de la Comisión Bicameral por Ley 24.227; la de Reordenamiento Minero por Ley 24.224; las dos de Inversiones Mineras 24.146 y 24.296, además de respetar la Ley Nacional de Armas y Explosivos 20.429 y su decreto Reglamentario. Y por sobre todo, en expresa afirmación de una política nacional en común, también la Provincia firmó entre las primeras el "Acuerdo Federal Minero", plasmado en la Ley 24.228.

Además, todo ello lo convirtió en legislación local, a través de las leyes provinciales: 11.481, 11.482 y del decreto 968/97.

Por lo tanto, no puede la Provincia alterar su compromiso, dejar de lado su propia legislación y sobrepasar las leyes federales, a cambio de aplicar una norma (que está aún sin dictarse) "basándose en una ley provincial no minera (la de "Paisaje Protegido 12.704") y de ese modo, por atender a una inquietud municipal, incumplir con el pacto federal y el resto de las normas de fondo enunciadas que representan un compromiso político institucional a largo plazo.

Esa interpretación ha sido muy bien definida y descripta por la Corte Suprema nacional en su doctrina sobre el "derecho intrafederal" con alcance de "compromiso político de los estados miembro de la República" y la ha ratificado recientemente en materia precisamente minera al extender la aplicación de aquella normativa incluso a la interpretación de la "estabilidad fiscal", según el reciente fallo "Cerro Vanguardia".

Ello, sin olvidar que la legislación minera es potestad delegada expresamente de la Nación (art. 75 inciso 12 de la Constitución Nacional).

2) Por ocuparse de un caso puntual, pero en un sitio neurálgico en cuanto a la naturaleza y calidad de los productos mineros involucrados (en especial la piedra partida), se cae en el desconocimiento de la importancia económica y social de la actividad en la región y sentaría un peligroso precedente para el resto del territorio provincial. Al respecto, no debiera nunca olvidarse que la actividad de las canteras permitió, no hace mucho, que con su "minería de tercera categoría", la provincia de Buenos Aires fuera la más importante provincia minera del país, medida comparativamente en PBI sectorial territorial.

Afectar tan enriquecedora actividad en época de crisis económica y laboral, es particularmente grave.

3) Representaría seguir postergando el reconocimiento que se les debe a las canteras bonaerenses, por su aporte de productos varios (piedra y sus variantes y derivados, conchilla, tosca y otras) vitales para la infraestructura básica, en especial aptos para obras viales, a las que puede proveer a valores accesibles, dada las cortas distancias según el tipo de producción de cada región de la Provincia. Toda la red caminera, troncal, secundaria y rural, está esperando usar a través de la obra pública, de esos elementos que están disponibles en distintas zonas del territorio provincial, de modo que cada región podría utilizar el producto que resulte más accesible.

II.- Pero el Proyecto es también jurídicamente inviable por quedar descalificado, en términos técnicamente más precisos, de ilegítimo, ilegal e inconstitucional, al menos por las siguientes razones:

a) Tratando de evitar las disposiciones constitucionales, pretende aplicar a la minería (regida por legislación de fondo federal), una legislación no minera (para colmo, local). Eso es pura inconstitucionalidad.

b) Pero aún dentro del esquema jurídico que el Proyecto pretende armar, resulta que se remite a la Ley 12.704 de paisaje Protegido y expresamente a su artículo 4to., que exige un previo estudio y decisión sobre el impacto ambiental que (declamatoriamente tan sólo) se invoca para justificar la nueva ley. No se puede pues, sancionar la nueva norma, sin haber cumplido con el prerequisito legal que el propio Proyecto se somete. Si se hiciera, eso sería pura ilegalidad.

c) Por su contenido, pues al cercenar la libre disposición del derecho de propiedad, tanto de la utilización y usufructo del predio, como por la lesión de los derechos adquiridos por la autorización de explotación de canteras obtenida de la Autoridad Minera Provincial, al darles a las empresas afectadas un plazo para cesar su actividad, menor (enormemente menor) al que les fuera autorizado, cae en tan ostensible lesión de derechos e intereses, que sólo puede provocarle a la propia Provincia juicio contra ella e importante responsabilidad patrimonial, dado el valor alto de los yacimiento y los grandes plazos de explotación de los que se les privaría a las empresas.

d) La situación de esas empresas, no se resuelve ni compensa, pues no se les asegura continuidad en actividad económica (minera o no minera) ni se les indemniza (sea por el mero cese, por expropiación o por el rubro que corresponda).

e) Pero tampoco (y esto nos importa tanto como el destino de nuestros colegas empresarios) se atiende a las expectativas, deseos, previsiones y conocimientos de los obreros mineros y demás empleados.

El proyecto se esmera en asegurarles "un buen pasar", económicamente parecido al que tengan en el momento del cese de su trabajo en las canteras, pero ¿alcanza con el resarcimiento a quien es desarraigado de lo que siempre hizo, sabe, le gusta y aspira a mejorar tanto en su capacitación como en su jerarquía laboral?.

El proyecto es poco respetuoso del impacto que en alguien que hoy sabe manejar un equipo sofisticado, o hacer una tarea delicada, puede provocar el hecho de que, ganando lo mismo, pase a realizar una tarea distinta y menor.

La consideración personal y social, hace también al individuo, a su familia y al vínculo con la comunidad en la que vive y pretende desarrollarse.

III.- Por último, no podemos dejar de considerar, el impacto económico negativo y consiguientemente la quita del aporte al bienestar social en el lugar, que significaría la desaparición de esas empresas, que representan en su conjunto el mayor volumen de producción de piedra del Partido de Tandil, donde queda más del 70 por ciento de lo que producen, en puestos de trabajo directos, sueldos, seguros, consumos, servicios bancarios, proveedores de combustibles, lubricantes, repuestos, atención mecánica, reparaciones de herrería, transportistas y toda la cadena que se pueda imaginar que depende de una producción básica como la minería, en muchos aspecto similar a la agropecuaria, pues producen la materia prima para infinidad de destinos ulteriores.

IV.- No queremos finalizar esta presentación, sin alertar además por dos serios riesgos para la Provincia: uno, la posible futura generalización de esta iniciativa, que permitiría prohibir actividades similares (y luego tal vez otras) arbitraria e inequitativamente, tras este peligroso precedente; el otro, es el seguro costo millonario que se le demandará al Estado, por la afectación al derecho e intereses que los superiores tribunales de justicia (tanto la Suprema Corte Provincial como la Corte Suprema Nacional) han protegido y avalado reiteradamente, con reconocimientos de valores muy importantes en los caso de explotaciones mineras.

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