Cámara de Letreros se opone al impuesto a la cartelería

La Cámara de la Industria del Letrero Luminoso de la República Argentina (CAIL) manifestó su total rechazo a la intención del municipio de Resistencia de poner en marcha un sistema tercerizado de cobro de tasas a la publicidad.
A través de un comunicado, la entidad señaló que la medida “no sólo pretende terminar con las fábricas de letreros, sino también empobrecer aún más a las ciudades en las que se implementa, tal como los antecedentes lo demuestran”.

La nota lleva las firmas del presidente de la entidad, Víctor Stefanoni, y del secretario Paolo Bergomi.

“Aparecieron en los últimos tiempos una serie de empresas (estudios de abogados) que se dedican a realizar la gestión de cobranza de la tasa municipal -que normalmente haría el municipio-, a cambio de recibir un porcentaje de esa cobranza”, sostuvo la Cámara del sector y revela que estas empresas ya cerraron trato con más de 60 municipios del interior del país, de las provincias de Mendoza, Córdoba, San Luis, y Buenos Aires, entre otras.

“En razón de que los municipios ven en la posibilidad de recaudar directamente a los comercios y a los anunciantes una manera de engrosar sus magras arcas, la propuesta de estas empresas se ha vuelto en muchos casos muy atrayente”, añade la nota.

La entidad revela que hasta hoy la presentación espontánea no supera el 15%, por ello, “para las municipalidades es imprescindible salir en busca de los letreros, si quieren recaudar, y esa es una de las gestiones precisamente la que hoy ofrecen estas empresas privadas”.

Advierten que con este mecanismo en un principio el municipio realiza un negocio, solucionando momentáneamente el problema de caja, pero al poco tiempo pueden ver que los anunciantes se retiran de la localidad, prefiriendo invertir en lugares en los que los tratos son transparentes y los impuestos son coherentes.

“Lo que es más grave, se pierden fuentes de trabajo y riqueza para las empresas de la ciudad. Pero aún hay algo peor: no beneficia a la municipalidad que cobrará sólo una parte de lo recaudado a cambio de ceder una de sus funciones indelegables”, subrayan las autoridades de la cámara empresaria.

En Resistencia la medida afectará a los fabricantes de letreros, y letristas que dejarán de producir en sus empresas familiares, y con ellos también dejará de funcionar una cadena de producción integrada por la industria del vidrio, acrílico, chapa, telas, tintas, y elementos de electricidad, entre otros.

“Perjudica al pequeño trabajador”

El presidente de la Cámara de Empresas de Cartelería del Chaco, Diego Sodja advirtió que el incremento en los impuestos a la publicidad en la vía pública “van en contra del pequeño trabajador y favorece a las grandes empresas”.

El titular de la entidad expresó el malestar de las empresas del sector frente a la intención del municipio de incrementar los porcentajes de la publicidad en la vía pública. Según Sodja, la empresa encargada de recolectar el impuesto recaudará entre 35 millones y 50 millones de pesos. “La intendenta Ayala intenta cobrar precios altísimos para la publicidad, no sólo en letreros sino también en muchos otros medios que publicitan y que tratan de hacer conocer sus productos”, dijo.

“No solamente en los carteles que hace rato los impuestos aumentaron al 1.570%, y que no tuvimos respuestas a pesar de que los citamos a la Cámara de Comercio, hablamos y no volvieron nunca más a explicarnos porqué aumentaron 1.570% en el 2.005, y ahora vuelven a aumentar”, añadió.

“Lo peor de esto es que también incorpora a todo lo que sea una calcomanía, un vinilo, algo que esté con publicidad en un comercio; también a los freezers que algunas empresas les dan para que los comerciantes se rebusquen y vendan helados; también los freezers que les dan para que vendan alguna gaseosa”, graficó. Sodja advirtió que si se el municipio avanza con la medida, “dejará sin trabajo a la gente humilde que quiere poner un producto a trabajar en lo suyo”.

“Esto favorece a las grandes superficies, a los grandes supermercados porque al que mata es al pequeño mozo que le pide a la Coca, le pide a la Pepsi, que le pongan algo para poder abrir y la Coca le pone la silla, el otro le pone la marquesina. El se monta su pequeña economía y con su familia, encuentra un trabajo. Esto va en contra del pequeño trabajador que quiere abrirse camino y va a favor de las grandes empresas que no tiene grandes necesidades”, sostuvo. “El municipio dice que le va a cobrar a la Coca y a la Quilmes pero no les van a cobrar, porque lo que van a hacer estas empresas es sacarle todo a esa persona; las sillas; las sombrillas, y va a tener que ser empleado de un supermercado o de una empresa monopólica extranjera, o se tendrá que ir de Resistencia”, concluyó.

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