En un fallo dividido, en el que los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Freiler rechazaron la existencia de delito y Eduardo Farah pidió dar curso a la investigación, la Sala I del tribunal convalidó el fallo de primera instancia del juez federal Daniel Rafecas, quien en febrero rechazó investigar la denuncia aduciendo que carecía de sustento.

Se trata del mismo tribunal que hace poco menos de un año declaró la inconstitucionalidad del Memorándum de Entendimiento firmado entre Argentina e Irán, ratificado por el Congreso argentino mediante la ley 26.843, pero recurrido ante la justicia por la AMIA, con el respaldo de Nisman, en una causa que ahora debe resolver la Cámara de Casación.

“El cierre de este proceso muy distante está de significar la clausura de la investigación por el caso AMIA, del mismo modo en que la declaración de inconstitucionalidad del Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán, solicitada por las mismas instituciones de la comunidad israelita, lejos estuvo de implicarlo”, sostuvo en la fundamentación de su voto el camarista Ballestero.

En una resolución de 77 carillas, Ballestero, Freiler y Farah expusieron sus votos de manera individual fijando su posición frente al fallo de Rafecas, pero también sobre las acusaciones que Nisman presentó el 14 de enero, en medio de la feria judicial, ante el Juzgado Federal 4, a cargo de Ariel Lijo.

Además de acusar a la Presidenta, Nisman denunció por un supuesto “plan criminal de encubrimiento por favorecimiento personal agravado” al canciller Héctor Marcos Timerman; al diputado Andrés Larroque, y a Luis D’Elía, Fernando Esteche, Jorge Alejandro ‘Yussuf’ Khalil, al ex fiscal Héctor Luis y al falso espía Ramón “Allan” Bogado.

Tras el nuevo revés de la denuncia de Nisman, sostenida en primera instancia por el fiscal Gerardo Pollicita, el fiscal de Cámara, Germán Moldes, podría apelar la decisión ante Casación.

No había exigencias probatorias mínimas

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En los fundamentos de su decisión de rechazar la denuncia de Nisman, el juez Jorge Ballestero recalcó que ninguno de los elementos aportados en la causa cumple con una exigencia probatoria mínima: ni las declaraciones encontradas, ni las escuchas recortadas, ni los discursos contradictorios. “No es posible soslayar que las únicas probanzas que aquí han podido reunirse con un viso de seriedad son aquellas que desafiaron los términos de la denuncia al demostrar que las cosas fueron exactamente opuestas a las invocadas”, añadió. “Inferencias versus declaraciones; suspicacias versus documentos; especulaciones versus acontecimientos. La balanza, sin lugar a dudas, no se inclina de un modo provechoso al éxito de la denuncia”, sostuvo. En su voto minoritario, Farah adhirió al reclamo de Pollicita en contra del “cierre prema uro” de la denuncia y señaló que “lo único que se exige para iniciar una investigación es que exista una hipótesis de tipo criminal que no resulte inverosímil”.