Cámara, dividida, confirmó procesamientos en "Oil 2" pero abre grieta por delito investigado

Cámara, dividida, confirmó procesamientos en

Bruglia y Bertuzzi apuntalaron versión inicial con matices. Llorens se diferenció y postula que no hubo defraudación, sino incumplimiento de deberes. En juicio, Echegaray subrayó dos auditorías contradictorias de Abad y hubo roces por tenor de primeras preguntas.

La Cámara Federal, en fallo dividido, confirmó, sólo parcialmente, algunos de los procesamientos dictados en el marco de la causa conocida como “Oil 2”, que involucra a los funcionarios de la AFIP que participaron del trámite formal del otorgamiento de planes de refinanciación de la deuda por el Impuesto a la Transferencia de Combustibles a los que se acogió la petrolera. Firmado ayer, fue la primera decisión judicial que acusa el impacto que generó los resultados de la pericia oficial de la Corte Suprema en la hipótesis difundida inicialmente respecto al supuesto perjuicio que habría ocasionado la deuda, que no era exigible al momento del cambio de Gobierno. En tanto, el extitular del organismo recaudador Ricardo Echegaray finalizó ayer con su indagatoria –en la que subrayó contradicciones entre dos auditorías realizadas por la AFIP durante la gestión de Alberto Abad- y habilitó la instancia de las preguntas que continuará la próxima semana. Un tanto sinuosa, la dirección del interrogatorio apuntó a cuestiones laterales de comunicación entre funcionarios y cuál era el grado de conocimiento que Echegaray tenía con el matrimonio Kirchner.

La novedad en la Cámara no fue menor. Parte de las principales objeciones en el juicio oral es que Echegaray es acusado de autor del delito de defraudación pero todos los funcionarios de “línea” que autorizaron los planes a Oil quedaron fuera del debate, sin tener situación procesal firme, lo que les impide declarar como testigos. Con el voto de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, resaltaron un punto que es una obviedad: nadie negó su participación formal en los pasos administrativos para otorgar los planes; lo que niegan es que fuese ilegal, irregular o distinto al resto de los planes oficiales para financiar deudas con el fisco. Pero los jueces dieron por resuelta la figura penal de la defraudación contra la administración pública porque así ya lo había convalidado Casación, por lo que se detuvo en el rol de cada funcionario. En el resto de los conceptos, los camaristas apuntalaron la versión plasmada por Julián Ercolini y la AFIP era Abad. Pero en concreto, modificaron la calificación legal de coautores del delito y la moderaron a “partícipes necesarios”, poniendo en cabeza de Echegaray la responsabilidad final. Pero revocaron tres procesamientos a funcionarios jerárquicos, ratificaron las faltas de mérito que habían sido apeladas por la fiscalía y redujeron los embargos. Por eso, agregó confusión respecto a qué hipótesis se va a sostener cuando pase a la instancia de Casación.

Pero la disidencia de Mariano Llorens iluminó un aspecto clave: consideró que en todo caso, los funcionarios de AFIP habrían incurrido en incumplimiento de los deberes de funcionario y que “las pruebas obrantes no permiten afirmar que exista una decisión común para la comisión de los hechos descriptos” por el otorgamiento de planes. Por eso, no iguala sus roles por no haber podido detectar el “dolo”, es decir la intención de cometer el ilícito. Y retoma que, pese a lo intentado por las defensas, no sería necesario incorporar la pericia oficial para resolver sus situaciones porque si se modifica el incumplimiento de funciones “no requiere para su consumación daño alguno para la administración pública”. Es la primera alusión a que el mero otorgamiento de los planes –más allá de la deuda o el impuesto en cuestión- no generaba por sí mismo un daño al fisco, lo contrario del delito de defraudación contra al administración pública por el que hoy están en juicio Echegaray y los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Auditorías

A la vez, Echegaray culminó su extensa indagatoria remarcando contradicciones entre la auditoría N°14 (ordenada por Abad) y la N°15 en la que, a su criterio “intencionalmente” se postuló que una serie de 150 “desconfirmaciones” realizadas en el sistema informático habían impedido el reclamo de deuda a Oil en forma de cobro compulsivo. Pero la auditoría siguiente no cuestionó que hayan sido “desmarcadas”, sino que el motivo que se inscribió en el sistema no estaba incluido en los 20 previstos en el “manual de usuario”. “Falsearon informes y luego se construyó una acusación sobre bases falsas”, dijo Echegaray sobre procesos “ordinarios” de la AFIP.

“Si todos los casos –de los planes otorgados sobre los que auditaron 300- fueron iguales ¿Por qué sólo en el caso de Oil hubo fraude?”, se preguntó Echegaray, levantando sospechas sobre por qué motivo se la había comparado con IECSA, también beneficiaria de planes y relacionada a la familia presidencial. Hubo un comienzo friccionado de las preguntas. Echegaray no reconoció a la AFIP como querellante y se negó a responder. Esa decisión pareció tomar por sorpresa a la fiscalía que ensayó distintos enfoques y mantuvo cruces con la defensa. Tanto que el presidente del TOF 3, Fernando Machado Pelloni hizo esfuerzos por reformular tanto cuando no se entendía el requerimiento, si ya había sido contestado o si no se aproximaba al objeto del juicio.

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