La Cámara de Diputados convirtió en la noche de este miércoles en ley el proyecto que crea un nuevo Código Procesal Penal para, entre otras cuestiones, reemplazar el sistema inquisitivo por otro acusatorio y establecer en un máximo de tres años el tiempo para resolver sobre una causa.

Al inicio del debate, la presidenta de la comisión de Justicia, Graciela Giannettasio (Frente para la Victoria), destacó la importancia de convertir en ley el nuevo texto del código, al sostener que el nuevo sistema procesal "establece una nueva organización judicial" y apunta "a la celeridad, la oralidad, la publicidad y a simplificar los trámites".

Desde el radicalismo, el diputado nacional Manuel Garrido respaldó el reemplazo del sistema inquisitivo por otro acusatorio, previsto en el proyecto oficial de nuevo Código Procesal Penal pero cuestionó la iniciativa, al rechazar que el texto "le de mucho poder" al Ministerio Público Fiscal.

Al defender el dictamen de minoría impulsado por la UCR, Garrido sostuvo que, en cambio, el texto elaborado por el radicalismo restringe las facultades del Procurador General y lo pone bajo el control de una comisión especial del Congreso.

Por el Frente Renovador, el diputado Oscar Martínez, rechazó el proyecto oficial, al considerarlo "incompleto" y por "concentrar poder en la titular del Ministerio Público" Fiscal, a la vez que dijo que con el líder de esa fuerza, Sergio Massa, "queremos poner énfasis en las víctimas, no en los delincuentes y queremos terminar con la puerta giratoria".

En nombre del bloque del Frente Amplio Progresista (FAP), el presidente del bloque socialista, Juan Carlos Zabalza, rescató la trascendencia de reemplazar el modelo inquisitivo en manos de los jueces para pasar a un modelo acusatorio, aunque rechazó la aprobación del nuevo Código Procesal Penal en Diputados por otros aspectos contemplados en la iniciativa.

"El primero es un cambio que todos compartimos en general, que significa transparencia, publicidad, rapidez, acceso, el papel de la víctima y su necesaria protección", afirmó el legislador al elogiar el proyecto oficialista, aunque inmediatamente aclaró que con otros aspectos del proyecto, están en desacuerdo "como el posible riesgo de que el Ministerio Público Fiscal termine replicando la lógica con la que aún funcionan los juzgados de instrucción. Esto puede conducir al fracaso de la reforma", dijo.

En el marco del debate, la diputada nacional Diana Conti (Frente para la Victoria) pidió la palabra para rechazar afirmaciones formuladas por diputados de la oposición y sostuvo que el proyecto de reforma del Código Procesal Penal "no tiende a encubrir delitos de funcionarios".

"Todo aquel que afirme que en este Código hay una norma que tienda a encubrir delitos de funcionarios, está equivocado porque no existe en este proyecto de Código Procesal", advirtió Conti en el recinto.

Al promediar el debate, desde el ARI-UNEN, Pablo Javquin, dijo estar de acuerdo "con la oralidad y la celeridad" incluidas en la reforma y coincidió en el cambio al sistema acusatorio pero, afirmó, "exigimos garantías para la designación de los fiscales".

Desde el PRO, Pablo Tonelli, anticipó el rechazo de su bloque al sostener que "hacen falta normas complementarias para que este Código entre en vigencia con éxito: la ley de implementación, el Código Penal, la ley orgánica del ministerio público, el régimen penal juvenil y el de ejecución de penas".

"Este código no tiene posibilidades de entrar en vigencia por la falta de estas leyes, lo cual convierte en nulo el argumento de la urgencia planteado por el oficialismo", aseveró.

En tanto desde Unidad Popular, Claudio Lozano, consideró que se trata de "un debate reformista necesario" pero lamentó que "no se haya dado en profundidad", lo cual implica, dijo, "cómo elegimos los fiscales y qué papel cumple la Policía en las investigaciones".

La iniciativa oficial incluye profundas modificaciones respecto del Código actual, entre las que se destacan la suspensión del proceso a prueba y la posible expulsión del país a los extranjeros que hayan sido encontrados cometiendo un delito en flagrancia.

Entre otras cuestiones, el proyecto establece que la investigación preparatoria del fiscal puede tardar hasta un año y concluye con la acusación del imputado, mientras que todo el proceso, incluido el juicio, no puede durar más de tres años.

Además, a partir de esta reforma, se crean 17 nuevas fiscalías y 1.713 nuevos cargos en las fiscalías y defensorías de todo el país.