La Cámara de la Construcción niega disparidad de valores

A raíz de las recientes contrataciones de algunos municipios a empresas de San Luis para la obra pública, representantes constructores, aunados en la Cámara Argentina de la Construcción, adujeron estar fuera del sistema a manos de una injusta repartición poco transparente.

En conferencia de prensa se confirmó, también, que la institucionalidad de los actos licitatorios se desarrolló sin verificar correctamente los aranceles impuestos por ambas partes y que, además, no se les dio la oportunidad de competir en el mercado a través de una licitación abierta y un concurso de precios que aclare las acciones de los sectores convergentes.

El titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Jorge Panella, criticó las acciones tomadas por algunos municipios y reclamó que se tomen medidas que esclarezcan el sistema de oferta para obra pública. “Nosotros creemos que los precios presentados por firmas locales, son muy similares a los de San Luis siempre y cuando, se compita en igualdad de condiciones”, señaló.

Legalidad de empleados, beneficios impositivos, inspecciones diarias, condiciones técnicas, disponibilidad de oficinas, vehículos, impuestos provinciales y nacionales. Estos, entre otros, serían para la Cámara Argentina de la Construcción los puntos que se tendrían que tener en cuenta para un normal desarrollo a fin de garantizar la justa competitividad entre las empresas.

El eje de la polémica radica esencialmente en las abismales diferencias de precios entre la firma SAPEM y las firmas mendocinas. En algunos casos, los aranceles de beneficio para los municipios al optar por la empresa puntana, representaban una diferencia a favor del 45%, como en el caso del pavimentado público.

Por otro lado, desde el sector empresario de la construcción en Mendoza refutaron estos acuerdos y pusieron paños fríos a un inminente entusiasmo de los municipios para acordar con dichas empresas al sentirse atraídos por los bajos importes que estas solicitan, como sucedió en el caso de las pavimentaciones en San Carlos.

Este tipo de políticas, si bien pueden resultar una maniobra de ahorro ante la crisis, significan también una ruptura dentro del circuito económico local. La firma constructora bajo el ala de Rodríguez Saá está intentando ampliar el radio de acciones e invirtiendo en otras provincias, situación que puso en alerta a los empresarios locales.

“El Concejo Deliberante de San Carlos tendría que tomar cartas en el asunto y elegir a quien más le convenga para preservar la institucionalidad y la trasparencia de las obras públicas, así que, pongamos los papeles sobre la mesa y comparemos”, comentó Panella. Las obras por concretarse en Mendoza se realizarán en contrataciones directas. Dicho sistema está contemplado por el articulo 29 de la ley de contabilidad de Mendoza, que reglamenta estas acciones ya sea entre reparticiones oficiales (o mixtas), nacionales, provinciales, municipales o extranjeras.

En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, las obras se cumplimentan por licitación pública y no se permiten contrataciones directas.

Una serie de políticas similares beneficiarían a la provincia tal como sucedió en Buenos Aires, afirmaron los representantes de la construcción.

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