La Cámara de Casación Penal analizó el caso de Milagro Sala

La Cámara de Casación Penal analizó el caso de Milagro Sala

El tribunal escuchó la posición de la defensa, el fiscal y la querella antes de decidir.

En una larga y técnica audiencia, la Cámara de Casación Penal N° 4 escuchó ayer a los abogados de Milagro Sala y del gobernador Gerardo Morales exponer su postura sobre la condena de tres años de prisión impuesta a la dirigente de la Tupac Amaru, como instigadora de un escrache realizado contra el entonces senador radical . Mientras la defensa pidió que la absuelvan, la querella solicitó que se sume a la condena el delito de amenazas. Ahora el Tribunal debe decidir si revoca o ratifica el fallo.

La cita convocada por los camaristas Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani responde también al dictamen del fiscal de la Cámara de Casación Penal, Javier De Luca, miembro de la agrupación kirchnerista "Justicia Legítima, quien el mes pasado dispuso que debe revocarse la condena contra Sala.

En diciembre pasado, Sala fue condenada por el Tribunal Federal Oral N° 1 de Jujuy a tres años de prisión en suspenso por “resultar responsable del delito de daños agravados en calidad de instigadora” por el ataque que sufrió en 2009 el entonces senador nacional Morales y el titular de la AGN, Leandro Despouy, cuando estaban por iniciar una charla en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la capital provincial, sobre irregularidades en el control de fondos nacionales distribuidos a las organizaciones sociales. A su vez, la dirigente social fue absuelta del delito de "amenazas agravadas" que afrontaba en la misma causa.

El testimonio clave para encontrar culpable a Sala fue el del cooperativista René Arellano, ex Tupac, quien aseguró que existió una reunión en la casa de la líder de la agrupación para organizar la agresión. Pero su testimonio es puesto en duda por la defensa y por De Luca.

“No tengo favoritismo por ninguna de las partes, ni ningún interés personal. Sólo opino lo que considero pertinente, de manera imparcial, porque tenemos el deber de respetar el principio de legalidad. Lo digo con pesar porque este es un procedimiento llevado de manera totalmente deficiente”, aseguró a Clarín De Luca, quien fue el primer orador de la jornada.

En su discurso, señaló, entre otras cuestiones, que en la sentencia se valoraron dichos de testigos en la etapa de instrucción que no fueron incorporados en el juicio y que esos testigos y que “mintieron y se contradijeron” en varios puntos. También indicó que Morales no debería ser querellante del delito de daños agravados porque no fue el damnificado. Por último, resumió que el delito de instigación no quedó probado judicialmente.

De manera más extensa, la abogada de Sala, Elizabeth Gómez Alcorta, apuntó lo mismo y enumeró “las falsedades” del testigo clave Arellano y su mujer Claudia Chauque. Señaló que el matrimonio se contradijo al relatar la forma en que tomaron contacto con un abogado de Morales, que Arellano negó una llamada con ese letrado días horas antes de declarar y que ocultó el empleo que tenía en la gobernación de Jujuy.

“Pero aunque todo eso sea verdad, no alcanza para acreditar la instigación”, señaló Gómez Alcorta al señalar que Arellano y su mujer no fueron al escrache ese día y que las supuestas órdenes brindadas directamente por Sala no fueron concretadas.

En ese sentido, la defensa solicitó que se revoque la sentencia a la que consideró “arbitraria” y que se extraigan los testimonios de Chauque, Arellano. De Luca por su parte inició un juicio por falso testimonio contra ellos.

Mientras tanto, la querella solicitó incorporar el delito de “amenazas coacctivas”. “Existieron amenazas que tenían como objetivo evitar que se realice la conferencia e intimidar a los representantes para que se abstengan de llevar adelante el control de los fondos nacionales destinados a cooperativas”, señaló el abogado Eduardo Vergara.

A su vez señaló que las contradicciones a Arellano “no tienen relevancia en cuanto al objeto de la prueba” y consideró que “cualquier persona se puede olvidar con quién habló hace 6 años”.

Respecto al empleo de Arellano en la gobernación de Jujuy, indicó que no existe contradicción. “Se le preguntó de manera que no quedó claro y él respondió que trabaja 'con las cooperativas'. Y el trabajo por el que brinda servicio en la Municipalidad está relacionado a las cooperativas”, detalló Vergara.

Finalmente pidió que se agregue la condena por amenazas coacctivas. “Que se sume la condena de cuatro años más y deje de estar en suspenso para pasar a hacerse efectiva”, dijo a Clarín.

El tribunal deberá expedirse al respecto en un plazo inferior a un mes.

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