Calumnias e injurias: la Comisión Interamericana de DD.HH. apura al Congreso

Por Pablo Abiad

Periodista y abogado. Director de Comunicación en Litigios de Llorente & Cuenca

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estudia cómo la vigencia de ciertas sanciones legales en nuestro país puede afectar la libertad de expresión. Hace diez días, en Washington, los comisionados celebraron audiencias por una treintena de casos delicados y entre ellos estuvo el expediente 12.128, caratulado ‘Verbitsky y otros c/Argentina’. Consiste en una presentación realizada por varios periodistas contra el Estado Nacional porque el Congreso no termina de eliminar de la legislación vigente los delitos de calumnias e injurias, a pesar de que la Corte Interamericana –el otro organismo regional de derechos humanos– se lo ordenó al gobierno de Cristina Kirchner hace ya 18 meses.

El caso ante la Comisión Interamericana tiene tres protagonistas: los periodistas Horacio Verbitsky y Tomás Sanz y la humorista Gabriela Acher. A su tiempo, los tres fueron condenados por expresar críticas a funcionarios públicos: Verbitsky había sido denunciado por el entonces ministro del Interior, Carlos Corach, a quien no le gustó lo que leyó sobre sí en el libro ‘Robo para la Corona’; Sanz –junto a su colega Andrés Cascioli, fallecido– había fotomontado el rostro de la ex plurifuncionaria María Julia Alsogaray entre mujeres desnudas; Acher parodió a un juez que tuvo en su juzgado el expediente sobre el divorcio de Carlos Menem y Zulema Yoma.

Los pactos internacionales, que para nuestro país tienen jerarquía constitucional, establecen que este tipo de sanciones penales es contraria a los principios de derechos humanos. La gran mayoría de la doctrina coincide en que las calumnias e injurias deben despenalizarse cuando se trata de cuestiones de interés público e, incluso, invitan a los tribunales locales a ser muy cuidadosos cuando imponen sanciones civiles por estas cuestiones. La propia Corte Interamericana se lo acaba de marcar a la Argentina en el fallo sobre Eduardo Kimel, otro periodista condenado en el país por criticar a unos jueces.

La Corte continental no sólo le ordenó al gobierno de Kirchner que deje sin efecto esta condena, sino que además mandó al Congreso a reformular los tipos penales de calumnias e injurias de modo que no sigan afectando el derecho a la libre expresión ni las garantías del proceso penal. En la ley actual, el delito de calumnias (artículo 109 del Código Penal, penas de 1 a 3 años de prisión) consiste en imputarle falsamente a una persona la comisión de un delito de acción pública; la injuria (artículo 110, penas de multa y hasta 1 año de prisión) se comete cuando se deshonra o se desacredita a otro.

Algunos funcionarios kirchneristas, como los ministros Aníbal Fernández y Julio De Vido, recurrieron a estas figuras para querellar a dirigentes opositores.

El mes pasado, por amplia mayoría, la Cámara de Diputados le dio media sanción a un proyecto en virtud del cual los dos delitos desaparecen y las conductas que se encuadren en estos supuestos sólo pueden ser sancionadas civilmente, con reparaciones económicas. Esta amenaza en el plano civil –como lo sería un reclamo por daños y perjuicios– también puede tener un efecto fuertemente inhibitorio y de autocensura sobre la libertad de expresión, baluarte de toda sociedad que se pretenda democrática.

La iniciativa de eliminar los delitos contra el honor partió de la Presidenta, que no presentó la futura ley como un mandato de la Corte Interamericana sino como un avance más en la pretendida democratización de los medios de comunicación. El ministro que firmó el mensaje que acompañó el envío del proyecto de ley al Congreso fue Aníbal Fernández .

La decisión de la Comisión Interamericana todavía está lejos. Si el Senado termina de convertir en ley la despenalización de los delitos contra el honor, esta denuncia contra la Nación se clausurará con una solución amistosa y la Argentina se evitará otra condena internacional como la del caso Kimel.

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