Se califica de muy importante la posición del gobernador sobre la reforma judicial

El vocero del Foro por la Justicia Independiente, Rolando Núñez, dijo ayer que los anuncios de Jorge Capitanich comprometiéndose a promover una amplia reforma del Poder Judicial y eventualmente impulsar procesos de depuración de estamentos cooptados políticamente "son muy importantes", si bien sugirió no buscar la destitución de los jueces inconstitucionales del Superior Tribunal mediante un pedido de juicio político, sino por otra vía.
El coordinador del Centro de Estudios Nelson Mandela dijo que lo correcto sería promover la declaración de inconstitucionalidad de las designaciones de los jueces Ramón Avalos, Rolando Toledo y Ricardo Franco, que conforman la mayoría rozista en el STJ.

El dirigente también adelantó que el Foro piensa cerrar el año con una marcha que recorrerá las calles del centro de Resistencia y se manifestará frente a la sede del Superior Tribunal, haciendo algo similar también ante el edificio del Juzgado Federal de Resistencia, del que dijo que "funciona bastante mal también".

Designados por Rozas

Núñez, en declaraciones a FM Universidad, dijo que las expresiones del gobernador "son importantes, desde el punto de vista de la investidura que tiene y lo que represente en un modelo de democracia y república. Es importante que exprese públicamente que va por una reforma del sistema judicial del Chaco, lo cual significa, necesariamente, abordar en algún momento la probabilidad de ir por la destitución de los jueces Avalos, Franco y Toledo, que fueron designados como miembros del Superior Tribunal de Justicia, violándose la Constitución, porque no rindieron concursos de antecedentes y oposición".

"Fueron designados directamente por el rozismo, en la estrategia clara de abordaje y dominación del Poder Judicial del Chaco, para hacerlo adicto y dependiente de los intereses de ese partido y de ese frente político, que viene teniendo vigencia directa y concreta en el manejo de los resortes del Estado desde el 10 de diciembre de 1995, con signos muy evidentes de intolerancia, de concentración del poder y de negación de los principios básicos del sistema democrático y la participación social", dijo.

La vía a seguir

Núñez recordó que el Foro tiene "una posición tomada, razonada y estudiada" en cuanto a que "el camino para destituir a los tres jueces es el camino de la acción de inconstitucionalidad de las leyes que avalaron los nombramientos de estos tres jueces".

"Declarada la inconstitucionalidad de estos leyes, esto traerá aparejado la anulación de los decretos de nombramientos de estos tres ministros del Superior Tribunal de Justicia. Decimos que este es el camino, porque para cuestionar la legitimidad de origen, en este caso de nombramientos inconstitucionales, hay que necesariamente plantear la acción de inconstitucionalidad contra la ley que avala esos nombramientos", explicó.

Núñez planteó que al mismo tiempo "hay que descartar definitivamente y de manera muy clara el camino del juicio político a estos tres ministros, porque los juicios políticos se inician y se promueven por causas sobrevinientes a los nombramientos, o sea por cuestiones de gestión de la magistratura, no por cuestiones de origen o de nombramiento".

Al respecto dijo que si se iniciara un jury contra los tres ministros "no sólo se estaría yendo por el camino equivocado, sino que indirectamente se les estaría reconociendo la legitimidad de origen, que es el tema central que nosotros levantamos, como absolutamente insubsanable, y que es lo que determina la inconstitucionalidad de los nombramientos".

A eso sumó que un juicio político contra esos jueces "va a ir al archivo, como fueron al archivo tantos juicios políticos que se promovieron con justa causa, con motivos suficientes, y que nunca fueron tratados porque no pasaron de comisión".

"El camino que se elija, el mensaje que se dé, tiene que ser exacto, tal cual como corresponde en un procedimiento que sea adecuado para lo que se quiere plantear. No se pueden cometer errores. Sabemos que algunos sectores cercanos al gobernador, de funcionarios y de profesionales que no están en la función pública, tal vez con buenas intenciones, señalan el camino del juicio político, pero tenemos que decirlo con todas las letras: están equivocando el análisis y la selección de procedimientos, y esto no puede hacer tan mal como las designaciones inconstitucionales de los tres jueces", remarcó.

Molina y Pértile

El planteo del gobierno sobre la depuración de la justicia apareció en un momento de noticias importantes vinculadas a las instituciones del Chaco. Por un lado, un fallo ratificó que Elda Pértile fue destituida de manera inconstitucional por el rozismo en 2001 de su cargo como vocal del Tribunal de Cuentas, y que debe ser restituida en esa función. Por otro lado, acudió a la justicia penal, a declarar por una acusación de peculado, Eduardo Molina, ex ministro del Superior Tribunal que dice estar siendo víctima de una operación política y judicial montada también por el rozismo.

Al comentar esas novedades, y refiriéndose en primer lugar al caso de Molina, Núñez recordó que el juez había encarado en enero de 2006 una investigación por la brutal represión policial a familia sin techo en Vilelas, ordenada por el gobierno de Roy Nikisch y el ex ministro (hoy diputado) Hugo Matkovich. "Eso derivó en hechos impensados, porque no esperábamos que el Superior Tribunal iniciara una investigación para ver cómo actuó la policía y cómo actuó el poder político, y lo hizo el doctor Molina, nosotros creemos que en el uso razonable y pleno de las facultades de superintendencia que le son propias al Superior Tribunal", recordó.

Núñez recordó que sin embargo "el poder rozista mostró toda su potencia antirrepublicana y antidemocrática, y generó una situación insostenible para Molina, por vía de las denuncias de peculados contra él y alguno de sus hijos. Todo tiene relación con la investigación inició Molina sobre lo ocurrido en Puerto Vilelas. Fue un cimbronazo muy fuerte que permitió analizar desde dentro del Poder Judicial la pérdida de independencia de ese poder estratégico, y que era adicto y dependiente de la voluntad de Angel Rozas, y que ningún juez, incluso un ministro del Superior Tribunal de Justicia, podía razonar con libertad e independencia para aplicar la Constitución", planteó.

"Fue un hito qeu permitió que los que veníamos predicando esta situación desde afuera, encontráramos un correlato de una primera figura judicial como era el ministro Molina en ese momento, que salió a decir las cosas tal cual estaban", añadió.

No obstante, dijo que Molina "fue corresponsable de esa pérdida de independencia y esa pérdida de neutralidad del Poder Judicial, aunque eso es harina de otro costal en esta situación, donde tenemos que analizar qué ocurre específicamente con la justicia del Chaco".

Sobre Pértile, dijo que "fue sancionada por Angel Rozas, por vía del Tribunal de Cuentas, porque pretendía cumplir sus funciones. Con aciertos y errores, pero cumplir sus funciones. Es alentador poder ver hoy el proceso que permitió remediar aquella sanción propia de reyes y dictadores, que es sacar del ruedo institucional a todas las personas que no se alineen".

"Esto desemboca en todo lo que hemos visto esta semana en la Legislatura, de disputas, sillazos, entreveros, que no tienen que ver nada con el modelo democrático moderno, ni con las libertades públicas y privadas", añadió.

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