Cuando todos esperaban una tormenta, el clima se despejó y dio lugar a una jornada templada. La vuelta del receso invernal se había visto frustrada por los paros realizados por los gremios docentes, y el pronóstico indicaba que el conflicto se extendería durante todo el segundo semestre del año.

Sin embargo, el Frente Gremial Docente (integrado por la FEB, Suteba, AMET y UDA) cerró un acuerdo político con el gobierno provincial.

La vieja pelea (alimentada por numerosus reclamos sectoriales) mutó de golpe en diálogo. El acuerdo no fue plasmado en papel, sino que resultó de la conveniencia de ambas partes, ante los apremios de una coyuntura demasiado tensa para soportar la reedición del conflicto.

Para los gremios del Frente, que contienen a la mayor cantidad de afiliados en la Provincia, extender la medida de fuerza (aun cuando las bases la pedían) podía resultar difícil de sostener.

Para el gobierno provincial, bajar el nivel de confrontación resultaba imprescindible. Con un gobernador en campaña presidencial, con la gestión como principal dote para mostrar, no era conveniente exponer las aulas vacías.

Puede ser que estas circunstancias hayan influido en el ánimo de todos, porque la semana pasada, cuando se

reunieron en la sede de la cartera de Educación, en La Plata, ambas partes negociaron una tregua.

De acuerdo a la opinión de representantes de los dos sectores, esperan que esta instancia de diálogo se extienda por unos meses más, al menos hasta que se fije la nueva paritaria.

Sin embargo, lo llamativo del cónclave fue que no se habló de salarios, ni se plantearon fórmulas para recuperar las clases perdidas; dos de los ítems que se suponía rankeaban como los más importantes para discutir. Incluso la pérdida de días de clase supone una situación más compleja que los números que arroja el paro.

A los 19 días de huelga (entre los 17 de marzo y los 2 de julio) cumplidos por el Frente Gremial debe sumarse la retención de tareas por parte de los auxiliares (que la semana pasada, un día después del encuentro, seguían con medidas de fuerza). También los casos particulares de muchos establecimientos que debieron cerrar sus puertas en varias oportunidades, debido a problemas edilicios o en el suministro de los servicios, como gas, luz y agua, o inconvenientes en el sistema de sanitarios.

Sin embargo, en la reunión del pasado miércoles los temas se abordaron desde una óptica menos urgente, y más conceptual. No faltaron las promesas para coronar el convite.

Lo salarial quedó, de forma algo elíptica, para un encuentro que se desarrollará en el ámbito del Ministerio de Economía.

Allí la Provincia no hablará de nuevas ofertas, sino que mostrará los números oficiales sobre el impacto de la inflación en los bolsillos de los docentes.

Lo edilicio, en tanto, quedó varado en los anuncios de Educación, expresados por Nora de Lucía y repetidos a coro por los gremialistas. “Anunciamos 800 escuelas, de las cuales 240 ya están en construcción, 140 ya se inauguraron, y el resto está en adjudicación, con una inversión de 3.800 millones de pesos”, recordó la titular del área. También se detalló que se pondrán en función “140 aulas, en aproximadamente 15 distritos, por una inversión de 45 millones de pesos”. Aunque los datos no eran nuevos, todos parecieron conformes. Incluso se dio lugar a un nuevo actor en esta disputa. Los consejos escolares, como una entidad en sí misma, fueron el blanco hacia donde la Provincia disparó los dardos.

Los consejos son los encargados de administrar el dinero que descentraliza el gobierno para cubrir las necesidades de alimentos, infraestructura y otras demandas de las escuelas.

Cada consejo es un mundo, ya que se trata de una administración elegida por voto popular, con representación política, que puede ser o no oficialista, y a la vez tiene independencia en sus decisiones respecto de la administración central provincial.

Para el gobierno, muchos de ellos son los responsables de una suerte de campaña difamatoria, en la que se acusa a la Dirección de Escuelas de haber reducido los cupos para los comedores escolares y retrasar la reparación de los establecimientos.

La respuesta directa del gobierno fue quitarles el 40 por ciento de los recursos y enviarlos de forma directa a las directoras y directores de los establecimientos educativos. El cambio nació de una propuesta de los gremios, que pedían modificar el reparto del Fondo Escuela, para dar mayor celeridad a los casos urgentes. De esta manera se establecería como una suerte de “caja chica” para cada centro educativo, para atender reparaciones pequeñas o compras de emergencia.

Para Udocba, el único gremio docente que continúa con las protestas (y no participó del cónclave en

La Plata), “en vez de plantear mayores recursos, dividen los que ya hay, porque lo que se envía apenas alcanza para cubrir el alimento de los chicos, y el resto que se arregle”, según afirmó ante La Tecla Miguel Díaz, el titular de la entidad.

Este sector dejó en duda las intenciones de estas reuniones, ya que señalan que finalmente ambas partes “parecen más preocupadas por beneficios personales que por el tema educativo”, manifestó Díaz.

Transcurrida más de la mitad del ciclo lectivo, y con un importante déficit en el calendario escolar, el gobierno bonaerense apuesta a sostener esta instancia de diálogo.

Desde el Frente Gremial afirman que seguirán a presión las promesas efectuadas por el Ejecutivo, aunque han moderado sus impulsos críticos, y esperan no tener que volver al recurso del paro. El tiempo dirá si la situación económica y la potencia crítica de las bases no erosionarán esta “paz acordada”.