La caldera del diablo.

El escándalo por los Cadillacs generó en Mendoza algo peor que una crisis política: una crisis institucional.
De cuando en cuando una crisis pública sacude los cimientos de la gobernabilidad mendocina, la cual -a diferencia de la Nación- suele arreglárselas para salir adelante sin interrumpir los períodos normales de gestión política. Pero toda vez que estallan estas situaciones críticas, quedan magulladuras porque se mezcla lo público con lo privado, ya que el escándalo hace salir a la luz los secretos hasta ese entonces guardados -o protegidos- por la institucionalidad provincial.

Entonces, tal cual ocurría en aquellas series televisivas como Peyton Place ("La Caldera del Diablo") o Twin Peaks (de David Lynch), la gran aldea que se creía ciudad vuelve a mostrar públicamente sus pecados, porque las élites rompen sus cohesiones. Cada uno busca salvarse por sí solo al volar por los aires los vínculos colectivos que hasta ese entonces los mantenían unidos, o aparentar que lo estaban.

Así, en Mendoza existieron las grandes crisis de tipo político partidario, como cuando se fracturó el PJ gobernante en los ’90 por la pugna entre José Bordón versus Arturo Lafalla y Rodolfo Gabrielli. O cuando frente a Kirchner se partió la UCR local entre Julio Cobos y Roberto Iglesias.

En ambos casos, estas crisis político partidarias hirieron a los oficialismos respectivos ya que, al poco tiempo de las mismas, tanto el PJ como la UCR perderían las elecciones. Pero fuera de las estructuras partidarias, el resto de la sociedad no fue ni interviniente ni perjudicada.

Otro tipo de crisis públicas más profundas sucedieron cuando se entremezclaron intereses políticos y económicos. La más estruendosa de todas ellas en democracia fue la debacle del Banco de Mendoza (primero del público y luego del privatizado) que no sólo contribuyó a la división y caída finales del PJ gobernante, sino también a que los empresarios locales se vieran afectados como nunca, llegando varios a los tribunales de justicia.

El papel de Raúl Moneta fue -por ese entonces- de importancia central, ya que su presencia y su accionar dividió a la élite local como pocas veces había ocurrido. Antiguos lazos se rompieron, las desconfianzas mutuas acechaban en cada esquina y los secretos privados se hacían públicos frente al temor de la prisión y la condena popular o mediática.

En menor medida, durante las gestiones radicales, la crisis por las coimas en el Concejo Deliberante de Godoy Cruz también entremezcló intereses públicos y privados, justicia y política.

Pero lo que ocurre ahora es una cuestión de otra envergadura, ya que no se trata de una división del partido oficial ni un problema entre políticos y empresarios. No, con algunas similitudes en cuanto al estado de ánimo de los protagonistas (horrorizados como ayer por los efectos penales de sus acciones y por las condenas públicas), la gran diferencia es que estamos frente a una crisis que podríamos denominar de tipo institucional.

Es que esta vez -más allá de la anécdota eventual y la peculiar situación de debilidad política que favoreció la magnificación de la crisis- el conflicto crucial es entre instituciones públicas.

Así, las desavenencias previas entre el Poder Judicial y el Ejecutivo se potenciaron con los efectos políticos del affaire. O incluso las diferencias entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, que de algún modo expresan las diferencias entre oficialismo y oposición, aunque en ambos lados hay posiciones internas diferentes para actuar frente a la crisis.

Pero, además del conflicto político entre los poderes, también se hace evidente la aparición de todos los conflictos acallados dentro del partido gobernante, que hasta antes de las elecciones a duras penas podían ser contenidos.

Toda solidaridad en el PJ estalló, por concepciones políticas o por recelos personales, da igual.

El oficialismo legislativo busca diferenciarse del Ejecutivo casi sin ponerle límites a la investigación política agitada por la oposición, ocupándose más por preservar el rol de la institución parlamentaria (y sus pellejos) que las solidaridades partidarias.

Los intendentes justicialistas, así como los supuestos apoyos nacionales del Gobierno provincial, miran para otro lado como si el affaire o la crisis que éste generó, no existieran para ellos. Es que están indignados por la peculiar interpretación jaquista del resultado electoral que cargó más las tintas sobre los candidatos municipales o sobre la ola nacional anti-K, que sobre su persona o su gobierno.

Pero aún dentro del gabinete de Jaque las diferencias son inmensas. El Gobernador está pertrechado con sus colaboradores políticos y personales del cuarto piso, sobre los que -además- están puestas las principales miradas acerca de su responsabilidad en el hecho disparador de la crisis.

Los supuestos responsables funcionales, tales como los secretarios de Turismo o Deportes, han roto lanzas de modo quizá definitivo con los del cuarto piso.

Mientras que los ministros "políticos" del jaquismo navegan entre dos (o más) aguas, ya que por un lado desean defender a su gobierno y su gobernador pero, a la vez, casi ninguno de ellos comparte la versión jaquista del comicio, pues ellos creen -como el resto del PJ- que el principal mariscal de la derrota fue Jaque y que las responsabilidades de los demás peronistas, incluso la del propio Kirchner, fueron -frente a la del Gobernador- secundarias.

En síntesis, una situación de gran debilidad política transformó un escandalete cultural-judicial en una crisis institucional de envergadura, donde los lazos de solidaridad política y personal entre los miembros de la elite dirigencial, resultaron muy heridos.

Por lo tanto -y más allá del imprescindible papel de las instituciones para definir desde la verdad y la justicia las conclusiones del escándalo en sí- los efectos políticos de la seria crisis institucional que hoy está viviendo Mendoza (de la cual el escándalo es apenas la gota que rebalsó el vaso) sólo podrá tener una resolución política.

Vale decir, realizar todos los debates y todas las modificaciones personales y estructurales necesarias para que se vuelvan a recomponer los lazos institucionales mínimos entre las elites dirigentes de los tres poderes (y del partido gobernante entre sí), a fin de que la gobernabilidad provincial recupere la fortaleza que ha perdido.

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