Calculan que cerca de 225 mil salteños accederán a la asignación por hijo

Alrededor de 225 mil sobre medio millón de personas menores de 18 años que viven en la provincia de Salta accederá a la asignación universal por hijo que anunció recientemente la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
Así lo calculó ayer el ministro de Desarrollo Humano local, Claudio Mastrandea, quien destacó que además de los beneficios sociales que traerá aparejado significará un positivo impacto para al economía salteña.

Se trata del pago de una asignación de 180 pesos mensuales a todos los menores de 18 años que no perciban otros beneficios, y de por vida para discapacitados, que se solventará con fondos de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS). El beneficio es para empleados en negro y desocupados y sólo se entregará un máximo de cinco asignaciones por familia.

Si la cifra calculada por Mastandrea es correcta, el subsidio implicará una inyección de dinero de más de 40 millones de pesos mensuales que, tratándose de familias de escasos recursos, serán destinados a consumo, por lo que podrían colaborar con la reactivación de la actividad económica local.

El cálculo de los beneficiarios del plan dependerá del cruce de datos que realice la Provincia con la oficina local de la ANSeS, para que no haya superposición de planes sociales.

El ministro reconoció no tener muy en claro qué sucederá con los restantes planes sociales, como la Tarjeta Social o el Nutrivida, habida cuenta que teóricamente son incompatibles con el cobro de la asignación por hijo. En ese sentido, anticipó que una vez que la norma haya sido reglamentada, podrían reasignarse esos recursos para personas cadenciadas que no tengan hijos, para ancianos, o cualquier sector de la población que sea vulnerable.

El anuncio presidencial provocó en los últimos 2 días una avalancha de pedidos de personas que querían saber si accederían al beneficio. Más de 200 personas se agolparon ayer frente a las oficinas de la ANSeS con el objetivo de hacer el trámite, desconociendo que el plan todavía no está reglamentado.

En medio de la confusión, los funcionarios de la oficina nacional se dedicaron sólo a recibir los papeles para que las familias pudieran acreditar con los requisitos para obtener el beneficio.

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