La mayoría de esas alertas ante posibles casos de lavado de dinero que partieron de entidades financieras o aseguradoras está relacionada con la compra de automóviles, algunos de alta gama, dijeron fuentes judiciales. Pero hay un reporte en particular que sorprendió a los investigadores jujeños: lo realizó en 2011 la AFIP cuando era comandada por Ricardo Echegaray y ya advertía sobre la operatoria de la Tupac Amaru que recibía grandes cantidades de dinero del Estado nacional los que se perdían fraccionados en cheques en manos de cooperativistas y que no se aplicaban a los fines sociales a los que estaban destinados.

Este Reporte de Operación Sospechosa fue enviado por la AFIP a la Unidad de Información Financiera (UIF) en 2011 cuando el organismo antilavado era conducido por José Sbatella, ex funcionario kirchnerista que hoy es investigado por usar los recursos de sus oficinas para proteger a empresarios amigos como Lázaro Báez o complicar a opositores, informó La Nación.

Sbatella recibió el ROS de la AFIP, le dio un trámite formal mandando un oficio para pedir datos y luego lo cajoneó durante cinco años hasta que ahora apareció cuando fue solicitado por la justicia jujeña.

Los ROS de Milagro Sala fueron pedidos a la UIF por la fiscal de instrucción jujeña Liliana Fernández de Montiel, que investiga a Sala. La UIF, comandada por Mariano Federici con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia, ahondó la búsqueda en sus archivos sobre los antecedentes que tenía sobre Sala y halló los ROS que le envió a la justicia jujeña.

Se trata de reportes realizados por la adquisición de vehículos que realizó Sala. Entre 2005 y 2014 Sala declaró al fisco diez automóviles diferentes, incluida una poderosa camioneta Toyota Land Crusier Prado 2006, adquirida por 260.420 pesos en 2007, y antes tuvo una camioneta Nissan Frontier 4X4, 2005 valuada en 72.700 pesos. Su último auto declarado es un Smart Coupe for Two, Passion, modelo 2012, pero adquirido en 2014 por 205.500 pesos.

Operaciones llamativas

Los movimientos de la Tupac Amaru que llamaron la atención de la AFIP en 2011 tal vez se deban a que ese año la organización declaró tener activos por 20 millones de pesos y ventas por 10 millones de pesos, los más altos de los últimos cinco años.

Sala fue detenida el 16 de enero último en su casa, después de más de un mes de acampe en la plaza frente a la Casa de Gobierno de Jujuy en protesta por las medidas que implementó el gobernador Gerardo Morales (UCR) para el registro de cooperativas.

Estaba acusada de “instigación a cometer delitos” y “tumulto en concurso real”. Pero las pruebas sobre los manejos discrecionales de fondos públicos nacionales hicieron que las acusaciones se multiplicaran.

Así además de denunciar a Sala y a su entorno por fraude y asociación ilícita, el gobierno amplió las denuncias penales contra ex funcionarios de la gestión del kirchnerista Eduardo Fellner, predecesor de Morales.

Se trata del ex presidente del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ), Lucio Abregú; el vocal social del organismo, Pablo Tolosa, y la jefa del Departamento Administrativo Financiero, Marta Gutiérrez.

Las evidencias más contundentes que terminaron por complicar la situación de Sala fueron los videos de las cámaras de seguridad del Banco Nación, que mostraron cómo colaboradores de la dirigente se llevaban de la ventanilla bolsos con 14 millones de pesos.

Fueron Patricia Cabana, Javier Rivero e Iván Altamirano, los tres integrantes de la cooperativa Pibes Villeros, que terminaron detenidos. Luego fueron excarcelados.

El fiscal Millón Quintana aseguró que casi todos los fondos ingresados el 2 y 3 de diciembre de 2015 a la cooperativa Pibes Villeros, de la Tupac, se retiraron el día 3. La operación fue de 14 millones de pesos. El 4 hubo un nuevo ingreso y el 9 de diciembre se retiraron otros 14 millones de pesos. Dos de esos cheques pagados por 3.639.000 de pesos provenían de dinero recibido del gobierno nacional por adendas irregularmente concedidas por mayores costos por obras ya construidas. Esos adicionales hicieron crecer el monto de lo presupuestado por las obras hasta un 37 por ciento y fueron otorgados cuando el gobierno nacional ya tenía constancias de que las obras estaban finalizadas, dijo el fiscal.