Caja K: pueden usar US$ 10.000 millones más de las reservas

Por: Alcadio Oña

Si por un decreto, de un plumazo, el Gobierno usa las reservas del Banco Central para pagar deudas del Estado con acreedores privados, es poco menos que imposible alegar que el BCRA es autónomo. Y si la entidad y el Estado forman un solo bloque, puede pasar lo que ya pasa: que los llamados fondos buitre incorporen el decreto presidencial a sus demandas contra la Argentina.

Justamente, esa indivisión entre Banco Central y Estado es el argumento clave de los fondos en los tribunales internacionales. Esto es, que si son lo mismo se pueden embargar reservas para cobrar deudas del Estado. O salir a bloquear los pagos que ahora se pretende validar.

Por algunas razones, el decreto suena a medida improvisada. Tanto, que en el BCRA esperan "meter mano" en la reglamentación, en un intento por tapar flancos expuestos al centenar largo de juicios que hay sólo en Nueva York.

No será fácil encubrir lo que el decreto mismo dice, en el artículo número uno. Que "las reservas de libre disponibilidad podrán aplicarse al pago de obligaciones contraídas con organismos internacionales y al pago de los servicios de la deuda pública del Estado Nacional".

Para el caso, lo que cuenta del párrafo es "pago de los servicios de la deuda pública del Estado Nacional". O sea, cubrir los intereses con cualquier acreedor privado, o sea, lo que se piensa hacer.

No aparece ningún paraguas para los pleitos. Y según se puede advertir, el uso de las reservas no es ocasional: está remachado para siempre.

Cuando Néstor Kirchner decidió saldar toda la deuda con el Fondo Monetario también hubo cortocircuitos internos. Pero se llegó a la conclusión de que, como el FMI le había prestado al Banco Central, era legítimo usar las reservas para cancelar esa deuda. Y que no había mayores riesgos de embargo, pues no era un acreedor común.

En aquel momento, junto al decreto hubo una convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso. Y a libro cerrado, las mayorías oficialistas lo convirtieron en ley.

Esta vez, volvió a prevalecer la decisión del ex presidente y alguien, acaso del propio Central, le puso letra a su deseo. Eso sí, nada de sesiones extraordinarias inmediatas con el oficialismo en minoría.

Así salió lo que salió: un instrumento aún sin rango de ley, de muy controvertido valor jurídico. Con el riesgo, para Martín Redrado, de que si convalida los pagos pueda caerle un juicio por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Reservas de libre disponibilidad se le llama a todos los dólares que exceden el respaldo de la base monetaria. Y ésta es el circulante, billetes y monedas, más los encajes por los depósitos en pesos que los bancos tienen en el Central.

Según la consultora LCG que dirige Martín Lousteau, hoy las reservas de libre disponibilidad montan a 17.000 millones de dólares. Significa que si ahora se usan 6.569 millones, hay disponibles arriba de US$ 10.000 millones. Pero en este caso, la movida requeriría un dólar bastante más alto que el actual.

Además del circulante, otro factor pesa en el balance del BCRA. Concretamente, sus fuertes pasivos por encajes de los depósitos en dólares, letras y otras obligaciones.

Pero está visto que para Kirchner muchas cosas valen poco, respecto de otras. Como echar mano, ahora, a la verdadera crema del Banco Central.

Pagarles a los acreedores con reservas libera recursos fiscales que irán a apuntalar el gasto público y la caja del poder.

Si se quiere, a costear la fidelidad de los gobernadores, quizás más cara cuanto mayor es la debilidad política del kirchnerismo. O simplemente, caja para explotar las urgencias financieras de varias provincias. En fin, nada que no se sepa.

En este juego, el llamado Fondo del Bicentenario representa una prueba de amor al mercado. Como dijo Amado Boudou, el decreto de necesidad y urgencia es la garantía de que se pagarán las obligaciones, aunque sin medir efectos colaterales ni reparar en soportes institucionales.

Nada casual, el DNU salió cuando arranca el canje con los bonistas. Pretende inducir el mayor número de adhesiones posible. Y también que los 1.000 millones de dólares o más, que llegarán cash como parte de la operación, sean a una tasa inferior al 10 %, del 9 o el 9 y pico.

Esa es otra consigna de Kirchner. Igual que conseguir nuevo financiamiento, por más de US$ 1.000 millones para obras programadas por Julio De Vido, a intereses menores al 10 %. Aunque ni de lejos vayan a rozar el 4,75 % que acaba de pactar Brasil.

La impresión generalizada, aún entre economistas cercanos al Gobierno, es que en 2010 el gasto público seguirá creciendo al 30 %. Muy por encima del 15 % calculado para los ingresos. Y que volverán a exprimirse todas las fuentes disponibles: el Central, el Nación, la ANSeS, el PAMI.

Es obvio que Kirchner cree que con reservas, gasto y caja tiene chances para el 2011. Como si ya no hubiera contado con todo esto el 28 de junio, con el resultado conocido.

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