La caja jubilatoria a Nación por 50 millones

Directores del IPAUSS rechazarán el borrador del convenio y los jubilados calificaron a la Gobernadora de "mentirosa e inmoral". La gestión del ARI pretende lograr un financiamiento de 50 millones y resolver parte del déficit previsto para 2010 en el organismo. El programa incluye entregar la caja previsional de Tierra del Fuego al Sistema Integrado Previsional Argentino.
El borrador del convenio pautado por la gobernadora María Fabiana Ríos con ANSES y enviado el miércoles a última hora como propuesta a la Presidencia del Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social, con el propósito de obtener de la Administración Nacional un financiamiento de 50 millones de pesos, como parte del déficit que la gestión arista prevé para el organismo para el presente año en curso, incluye la entrega o la unificación de la caja previsional de Tierra del Fuego al Sistema Integrado Previsional Argentino.

La propuesta de Ríos no dada a conocer a la prensa en la gacetilla enviada por la Secretaría de Comunicación Institucional este miércoles a las 20.41, muestra un giro de 180 grados en el discurso histórico del partido gobernante respecto al destino que desea para el IPAUSS y da cuenta que cuando el martes 22 de diciembre les aseguró a los jubilados que el objetivo de su gestión era darle al IPASUSS sustentabilidad en el tiempo, y no armonizar de la caja con el sistema nacional, no respondía al verdadero interés de la mandataria.

En las siete cláusulas que Ríos aceptó como propuesta en borrador de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) y que envió para lograr el acuerdo de la máxima conducción del IPAUSS, tras los contactos realizados por el Ministerio de Economía de Tierra del Fuego con el organismo federal; establece que Nación asume el compromiso de financiar el déficit del régimen de jubilaciones y pensiones de la provincia en función de la normativa previsional vigente desde el 6 de diciembre 1999, bajo los términos del Compromiso Federal firmado en esa fecha, y que lograra el por entonces Ministro de Economía de la Nación, Domingo Felipe Cavallo.

Para ello, plantea instrumentar las modificaciones normativas del sistema de jubilaciones y pensiones que propendan a fortalecer su sustentabilidad en el tiempo, teniendo como parámetros las disposiciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), legislado por Ley 26425 de 2008, que en su artículo 1º dispone la unificación del sistema en un régimen único previsional público.

"Mentirosa e Inmoral"

Ayer por la tarde, un grupo de 100 jubilados reunidos en el salón auditorio del edificio del IPAUSS de esta ciudad realizaron fuertes adjetivaciones contra la Jefa del Estado fueguino, calificándola de "mentirosa e inmoral", por haber enviado ese borrador de convenio que echa por tierra el compromiso asumido con el sector pasivo de la provincia en su reunión mantenida en casa de gobierno el 22 de diciembre.

Por su parte, los directores por los activos y pasivos, como la representante del municipio de Ushuaia en el organismo, adelantaron que rechazarán la propuesta, toda vez que negaron la existencia de un déficit como Ríos le planteó al ANSES sino que ello se produce debido a la falta de pago de los aportes y contribuciones que el gobierno viene acumulando desde hace dos años y que a la fecha ha generado una deuda superior a los 250 millones de pesos.

Borrador del Convenio de Financiamiento enviado al IPAUSS por la Gobernadora, no remitido a la prensa:

Cláusula Primera: La Nación asume el compromiso de financiar el déficit del régimen de jubilaciones y pensiones de la Provincia, a determinarse en función de la normativa previsional vigente en la Provincia al día 6 de diciembre de 1999, en los términos del Compromiso Federal Firmado en 1999.

Cláusula Segunda: La Provincia se compromete a instrumentar las modificaciones normativas del sistema de jubilaciones y pensiones que propendan a fortalecer su sustentabilidad en el tiempo, tendiendo como parámetro las disposiciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Cláusula Tercera: La Nación realizará en coordinación con la Provincia, auditorías contables, presupuestarias, financieras y normativas. Estas auditorías están dirigidas a determinar la situación preexistente al 6 de diciembre de 1999 y el déficit de los ejercicios siguientes. A los fines de la determinación del déficit, se establece que serán tenidas en cuenta las pautas seguidas en las auditorías realizadas en otros sistemas provinciales.

La Nación establece que el organismo responsable de realizar las auditorias es la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Los Conceptos a tener en cuenta para la determinación de los déficit previsionales, son incluidos en el ANEXO I del presente.

Cláusula Cuarta: La Provincia continuará administrando su sistema previsional, de acuerdo con lo dispuesto en el Compromiso Federal del 6 de diciembre de 1999.

Cláusula Quinta: La Nación reconoce en concepto de anticipo de déficit del sistema de jubilaciones y pensiones de la Provincia, correspondiente al ejercicio 2010, la suma de PESOS CINCUENTA MILLONES ($ 50.000.000). El monto del anticipo se determina en funciones de las proyecciones financieras del sistema previsional efectuadas por la Provincia y se ajustará a los resultados obtenidos por las auditorias previstas en la Clausula Tercera del presente Convenio.

En el caso que las auditorias determinen resultados financieros globales menores a la suma dispuesta en la presente Cláusula, la Provincia integrará al Estado Nacional las diferencias que correspondan.

Cláusula Sexta: En el caso de que la Provincia dictare normas de cualquier rango y jerarquía de carácter previsional que impacten en la configuración del déficit previsional financiado por la Nación conforme lo dispuesto en el presente Convenio, los mayores costos resultantes quedarán a cargo exclusivo de la Provincia.

Cláusula Séptima: La Nación y la Provincia acuerdan que el presente instrumento tendrá plena eficacia jurídica y operatividad administrativa, a partir de la ratificación por parte del Poder Ejecutivo Nacional y la vigencia de una Ley de la Provincia sancionada a tal efecto.

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