La Caja arregló pago del primer juicio por el decreto de Mestre

La Caja arregló pago del primer juicio por el decreto de Mestre
Ofreció pagar la deuda más 8,5% anual. Es 42% menos de lo que fijó el TSJ.
El último día del año pasado, la Caja de Jubilaciones logró acordar la forma de pago del primer juicio ganado por los 1.506 jubilados y pensionados que litigaron en contra de la aplicación del decreto 1.777/95 del ex gobernador Ramón Mestre y que obtuvieron el respaldo favorable de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en julio de 2007.

El pago se realizará en febrero, cuando termine la feria judicial, y se hará bajo las condiciones que propuso el organismo previsional: el capital adeudado más un ajuste determinado por la tasa pasiva del Banco Central de la República Argentina, lo que implica una reducción del 42 por ciento de la deuda actualizada según el criterio que fijó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

La aceptación fue motivo de festejo en la Caja, ya que el máximo tribunal ordenó que se actualice el capital adeudado con el 0,5 por ciento mensual antes de la devaluación y un dos por ciento mensual desde enero de 2002 hasta la fecha, lo que implica una tasa efectiva anual del 30 por ciento. La Caja cuestionó esa actualización, perdió, apeló y ahora espera que el propio TSJ se pronuncie sobre la cuestión. El organismo pretende actualizar de acuerdo a la tasa pasiva del Central, tal como indica la Corte e incluso paga la propia Anses a nivel nacional.

En números resumidos: por cada 100 pesos de deuda original, el rojo aumenta a 274 pesos si se ajusta con el criterio de la Caja y a 476 pesos con el criterio del TSJ.

Pero sin esperar la respuesta del Tribunal Superior, la Caja hizo esta propuesta ante los principales estudios jurídicos que llevan los juicios del 1.777. Y uno ya dijo que sí: la jubilada María Laura Bepre, con el patrocinio del abogado Roberto Olmedo.

–¿Por qué aceptó la propuesta?, le preguntó este diario a Olmedo.

–Aceptamos porque la Caja está en emergencia declarada con la ley 9.504, estableció la paralización de los juicios y el pago en bonos de las sentencias que vayan saliendo. La gente tiene un límite, incluso biológico: hace 12 años que esta persona está litigando–, explicó.

Olmedo no se aventuró a decir qué sucederá con los otros demandantes y dijo que él revisará la situación con cada uno.

Osvaldo Giordano, secretario de Previsión Social de la Provincia, aseguró que los principales abogados que litigan por el 1.777 anticiparon la voluntad de aceptar esta propuesta. “Creo que si es así, la mayoría de los pagos se puede resolver este año; aunque seguramente habrá gente que no va a querer y eso va a ir para largo”, consideró.

Cómo pagará. Una vez calculada la actualización, la Caja tiene que pagar. La Ley de Emergencia Previsional crea los Títulos de Consolidación Previsional (Ticop) para “las obligaciones previsionales vencidas o de causa o título anterior al 30 de junio de 2008”, según indica el artículo 20 de la ley.

La reglamentación posterior fijó que hasta 20 mil pesos se pagará en efectivo a los menores de 75 años y hasta 30 mil pesos a quienes superen esa edad. El resto de la deuda, con Ticop, independientemente del monto reclamado.

En el primer arreglo de la tanda del decreto de Mestre, la Caja pagará 20 mil pesos en efectivo y 82.991 pesos en títulos.

En el caso Iglesias –el primero sobre el que se pronunció la Corte– el valor histórico de lo reclamado, es decir, el recorte practicado desde 1996 asciende a 94 mil pesos y se acerca a los 300 mil pesos si se actualiza con el criterio del TSJ. Trascendió que es uno de los que no está dispuesto a aceptar este arreglo.

Los Ticop se cancelarán en cinco años y no pueden ser utilizados para pagar impuestos, servicios o realizar compras. De todos modos, sí se pueden transferir a un tercero, aunque ese eventual comprador por el momento tiene que ser “conseguido” por el propio titular, ya que no habrá cotización indicativa.

Si aparecieran interesados, seguramente ofrecerán efectivo por mucho menos de lo que valen los títulos, ya que rinden apenas lo que paga el Banco de Córdoba por una caja de ahorro en pesos.

Por ahora, la transferencia se hará en la misma Caja de Jubilaciones, pero está previsto que luego se pueda hacer en las sucursales del Banco de Córdoba. De todos modos, si algún demandante está interesado tiene que esperar hasta febrero: ni la Justicia (que es a quien se le deposita el efectivo) ni la Caja trabajan en enero.

La transferencia a un tercero es clave también porque se supone que los abogados cobrarán un proporcional de esos títulos y un proporcional en pesos. Por lo general, los letrados se quedan con el 20 por ciento de lo fijado en la sentencia.

Comentá la nota