La suba de tarifas no sólo tiene efecto en el bolsillo de los usuarios. Las cuentas fiscales ya muestran que los subsidios, por primera vez en una década, están muy por debajo de lo que significaron el año pasado.

En los primeros tres meses de 2016, las transferencias al sector privado para empresas de servicios públicos en energía, transporte y agua y saneamiento cayeron casi 50% si la medición se hace en dólares.

Para que estos números terminaran así no sólo impactó el aumento de la electricidad, el gas, el agua y el transporte, sino también los efectos de la devaluación, que llevó el dólar de 9,70 pesos en diciembre a los actuales 14,60 pesos.

En abril, último dato presupuestario consolidado que se ha publicado, la curva volvió a mostrar una caída, explicada en gran parte por la baja de los subsidios energéticos.

Según surge de datos oficiales, el porcentaje de disminución en este sector permitió compensar subas nominales que todavía muestran el transporte y los servicios de agua y saneamiento.

De acuerdo con los datos de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), Cammesa, la compañía encargada del despacho mayorista de energía y una de las gestoras de la compra de combustible importado, utilizó un 15% menos de dinero que en el primer cuatrimestre del año pasado, lo que significó un ahorro de 4313 millones de pesos.

Su prima, la petrolera estatal Enarsa, también una de las compradoras de gasoil y fueloil del exterior, tuvo un recorte de 6000 millones de pesos hasta fines de abril, lo que representa 71% menos de gasto que en 2015. Finalmente, el Plan Gas, un régimen de estímulo a los productores locales, redujo todas sus partidas a cero desde los 3795 millones de pesos que se usaron en el primer cuatrimestre del año pasado.

"La caída de los subsidios es muy grande, sobre todo en energía -dice Santiago Urbiztondo, economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, FIEL-. En el primer trimestre, medidos en dólares y haciendo una proyección de gasto anual, habrían pasado de alrededor de 4% del PBI a 2,35 por ciento. La caída es muchísima si se tiene en cuenta el tiempo en el que se hizo [el recorte]."

La importancia de la baja tiene una consecuencia macroeconómica. Ocurre que el déficit fiscal que se sucedía en los últimos años se financiaba con las llamadas rentas de la propiedad, una delicadeza de los economistas que se usó para encontrarle una definición contable a los aportes que la Anses y el Banco Central le hacían al Tesoro. Todo esto, en el fondo, financiado con más emisión monetaria. Cortar este sendero de aumento constante del déficit, en parte ocasionado por los subsidios, siempre fue prioridad de la actual gestión.

De lo que se puede ver de los datos presupuestarios, el trabajo sucio lo hizo el ministro de Energía, Juan José Aranguren. El ex presidente de Shell cosechó críticas variadas por el golpe al bolsillo que significan los aumentos de tarifas. Sin embargo, puertas adentro del Gobierno, puede exhibir el ahorro de su gestión. El esfuerzo de los usuarios de electricidad y gas, además de otras políticas adoptadas por el funcionario, ya reflejan un ahorro de 13.615 millones de pesos (-32 por ciento).

Justamente semejante diferencia permitió amortiguar la suba en sectores como transporte o agua y saneamiento, donde los aumentos, en términos nominales, todavía se mantienen. La cuenta cambia, claro está, si se mide en dólares.

El transporte mostró una evolución positiva de 24% en pesos. Los colectivos, si bien muestran un aumento en términos reales de 15%, están muy por debajo de las subas de costos y salarios que han tenido. El resto, los empresarios lo compensan con tarifas. En lo que va del año, igualmente, ya recibieron 10.029 millones de pesos.

Sin embargo, los trenes y los aviones no pueden detener el drenaje de fondos. Las transferencias para gastos corrientes ferroviarios aumentaron 48% hasta fines de abril frente al mismo período de 2015.

Los ferrocarriles, para arriba

Si se adentra la lupa en el rubro, la empresa llamada Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios, una sociedad del Estado que paga los sueldos de gran parte de los empleados que pertenecían a los ramales estatizados, aumentó su presupuesto 72% en los primeros cuatro meses. Para esta empresa ya se firmó un cheque de 4445 millones de pesos, 1866 millones más que el año pasado.

Aerolíneas Argentinas es otra de las que subió los subsidios en pesos, claro que aquí los costos están fuertemente impactados por la devaluación de la moneda. Siempre hasta fines de abril, el Fisco giró 1980 millones de pesos, alrededor de 329 millones, o 20%, más que en 2015. Claro que esta cuenta podría ser algo engañosa. Sucede que en este ejercicio se han pagado, y aún se pagan, gran cantidad de facturas de proveedores sin cancelar que quedaron pendientes de la gestión anterior comandada por el abogado laboralista Mariano Recalde.

Finalmente, la única que si tiene una suba real de los subsidios es Aguas y Saneamiento (AySA). Según los datos presupuestarios, las transferencias pasaron de 923 a 2068 millones de pesos, lo que significa un alza interanual de 124% para gastos operativos. Aquí también se da otra particularidad: el dinero destinado a inversión (gastos de capital) aumentó 153%, de 1175 millones a 2971 millones de pesos.