A diario, las noticias policiales dan cuenta de violaciones. Este lunes fue tapa el caso de una chica que se durmió en un taxi, en Buenos Aires, y fue vejada por el conductor. Un día después, una empleada doméstica pasó por algo similar en San Carlos de Bariloche. En Mar del Plata, un papá apuñaló al violador de su hija de 14 años y una mujer en coma fue ultrajada en un hospital de Córdoba. Niños, chicas adolescentes, mujeres, varones. La escalofriante frecuencia no es sólo una seguidilla de hechos coincidentes, sino que tiene datos concretos, de los cuales Mendoza no es ajena.

A la cárcel provincial ingresa un hombre cada tres días acusado de cometer un delito sexual, según un informe del Departamento de Asistencia y Tratamiento de personas penadas por delitos contra la integridad sexual. El documento detalla que “las personas detenidas por delitos sexuales constituyen el 14,72% (583 personas) de la población total detenida en la provincia de Mendoza; destacándose que al momento de iniciarse la intervención, noviembre de 2010, representaban el 10,5% de la totalidad de la población, evidenciándose un franco crecimiento de sujetos detenidos por esta problemática. Durante el año 2013 ingresaron 102 personas por este delito; a diciembre de 2014 fueron 132 sujetos, haciendo la proyección de 1 sujeto cada 3 días por este delito. Y en el transcurso del año 2015 han ingresado 43 sujetos al día de la fecha por esta tipología delictiva”.

María Eugenia Fernández, jefa de Tratamientos del Servicio Penitenciario, explicó este crecimiento debido al aumento de la violencia social generalizada, que termina por producir una mayor cantidad de delitos. A la par, cree que “hay más denuncias de este tipo específico de delitos sexuales, probablemente porque con los nuevos medios de comunicación ahora el problema es mucho más visible que años atrás”.

En Mendoza existe uno de los pocos abordajes integrales destinados a presos por delitos sexuales, ya que sólo funciona algo similar en Córdoba y Santa Fe.

Fernández advierte, antes de explicar en qué consiste, de que el tratamiento no pretende curar a la persona, debido a que los trastornos de personalidad de un violador son perennes, sino que buscan que pueda controlar sus impulsos, al reconocerlos, para no volver a cometer una violación.

El esquema de trabajo está focalizado sólo en aquellos presos en condiciones de pedir la libertad condicional, lo que puede o no efectivizarse posteriormente, según lo que considera el juez de ejecución (o juez de la cárcel). Por eso el programa  dura dos años, y sólo pasando las diversas alternativas la persona puede ser “egresada” del tratamiento.

En etapas

El tratamiento de control de agresión sexual es voluntario, sólo pueden participar quienes estén próximos a salir de la cárcel y hayan sido declarados culpables y condenados en un fallo judicial.

Los presos que aún tienen estatus de procesados no pueden integrar los grupos de trabajo, porque de lo contrario se desconocería el principio de inocencia.

Además, deben cumplir con metas para ir pasando de una etapa a otra, según la metodología adoptada por este programa.

Es decir que de los 583 presos por delitos sexuales, 135 integran el cupo del Departamento de Tratamientos. Sólo 21 de estos últimos no volvieron a atacar desde que alcanzaron la libertad, al menos por este delito en particular. El resto abandonó el proceso o fue separado del grupo por incumplir alguna de las etapas, o simplemente porque todavía está en desarrollo del plan.

“El logro, luego de años y años de no hacer nada, es tener un programa de trabajo para este grupo de internos”, dice Fernández.

El interno tendrá una modalidad de abordaje específico dentro de un grupo terapéutico, con una frecuencia semanal, para tratar puntualmente el delito. Pero esto no es suficiente, por lo que se suma un abordaje psicoeducativo, en el que se aportan herramientas, con educación y trabajo, para facilitar la tarea de controlarse a sí mismo.

También se acompaña con entrevistas psicológicas individuales, abarcando el conocimiento sobre su situación social fuera de la cárcel, para lo cual también se entrevista a la familia.

Estos dos últimos puntos fueron integrados por el Gobierno mendocino basado en la experiencia registrada luego de que el interno sale en libertad. En este sentido, se busca un referente externo de la persona para informarlo y formarlo sobre el tipo de problema que tiene el preso, y cómo reconocer las actitudes previas a un ataque.

Por otra parte, si la esposa del interno no tiene empleo, se trabaja con las municipalidades para darle la posibilidad de encontrar una fuente genuina de trabajo.

De todos modos, Fernández aclaró que “no todos los internos vuelven con su familia o a su entorno, a veces eso no se puede, otras sí, depende de cada caso”.

Violador violado

Entre la población carcelaria hay códigos sobre la aceptación de algunos delitos. Matar a un hijo o violar a un niño son las peores cosas que alguien puede hacer, por eso en ambos casos estos internos son separados del resto de la población carcelaria porque corren riesgo de vida o de sufrir represalias físicas.