Cada vez hay más denuncias por lavado

En los primeros nueve meses de 2008 se reportaron 898 operaciones sospechosas; desde 2002 se detectaron más de 4000 casos
Las preocupaciones por el amplio blanqueo de capitales propuesto por el Gobierno que la Cámara de Diputados espera aprobar pasado mañana tienen un sustento estadístico. En la Argentina, viene registrándose desde hace seis años un sistemático aumento de las denuncias sobre posibles actividades de lavado de dinero. Desde su puesta en funciones en 2002, la Unidad de Información Financiera (UIF) recibió 4032 reportes de operaciones sospechosas, pero sólo en los primeros nueve meses de este año fueron denunciados 898 casos.

Esta progresión de denuncias determina un crecimiento constante de los informes de operaciones sospechosas de servir para blanquear capitales de manera ilegal.

Sin embargo, la resolución de esas investigaciones no es tan alta como las denuncias. Hasta septiembre pasado, la UIF completó los informes sobre 293 casos en 2008. En una proporción muy importante de esos expedientes (240) se comprobó alguna anormalidad que determinó la presentación ante el Ministerio Público Fiscal para la apertura de una causa judicial. En la Argentina no hay condenas por lavado de dinero, y esa situación es observada como una falta en el sistema de control por parte de los organismos internacionales que luchan contra las fuentes ilegales de financiamiento, como es el caso del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Aunque parezca extraño, las denuncias llegan más desde el sector privado que de los organismos públicos de control financiero. Si bien su función natural es revisar cada declaración jurada para descubrir contribuyentes que evadan impuestos, la AFIP detectó en los últimos siete años sólo 165 casos.

Diferente es el caso del sector privado, que entregó documentación sobre 3150 operaciones que parecieron alterar anormalmente el patrimonio de los involucrados. Así, el 75% de las denuncias llega desde el sector privado. Aquellos que trabajaron en la UIF explican esa situación en el hecho de que los actores privados pueden ser corresponsables del delito si no lo denuncian, por lo cual presentan el caso ante la menor duda. En cambio, los organismos públicos, que supuestamente deberían estar más interesados en controlar el dinero ilegal, ponen más trabas en el momento de colaborar con la UIF.

Los bancos y las financieras están obligados a reportar toda actividad sospechosa que supere un monto de 17.000 dólares. El sistema responde a la denominación de "conozca a su cliente", por el cual el sector bancario debe seguir la fluctuación de las cuentas.

En ese punto se apoya la defensa de los diputados oficialistas al controvertido proyecto de blanqueo de capitales. Según ese criterio, el banco extranjero que opere los capitales por repatriar ya debería haber investigado a su cliente. Sin embargo, el GAFI señala a decenas de países que no respetan en su interior las normas de control de capitales.

El crecimiento de las denuncias en la Argentina también tiene que ver con las obligaciones legales que recibieron diversos sectores en los últimos dos años, como los escribanos que trabajan en operaciones inmobiliarias, uno de los negocios preferidos por quienes lavan dinero e ingresan al sistema legal capitales de origen criminal.

Sin justificación

Los escribanos están obligados a denunciar toda operación que supere los 200.000 pesos. Fueron 251 los reportes de esas características en 2008. El proyecto del Gobierno de repatriación de capitales establece que no se deberá justificar el origen del dinero, por lo que la inmediata declaración jurada del contribuyente detallará ese dinero. Así, toda investigación se cierra en sí misma, ya que una operación en efectivo quedará justificada con el capital denunciado por el blanqueo en la AFIP.

Es que lo primero que investiga la UIF es, justamente, si la persona jurídica reportada tiene condiciones patrimoniales para realizar la operación. Y si surge una anormalidad, deriva el caso a la Justicia. El aumento de las denuncias de operaciones sospechosas de lavado provoca también el colapso del sistema de verificación, ya que la UIF tiene pendiente la investigación de más de 3300 casos.

En declaraciones a la prensa, la ex titular de la UIF, Alicia López, consideró que no existe en el Estado "actitud para avanzar en las causas contra el lavado de dinero". López dejó su puesto en 2005, cuando determinó que no tenía espacio para avanzar en las investigaciones. Está hoy en contra de un blanqueo que no pida información precisa sobre el origen de los capitales.

Es en este escenario en el que avanza el proyecto de la Casa Rosada para blanquear fondos sin que la AFIP pregunte sobre su origen.

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