Cacique desmintió a Gialluca

El cacique de la comunidad toba de la colonia aborigen La Primavera, Félix Díaz, negó rotundamente la información brindada por la Defensoría del Pueblo de Formosa, en relación a la situación de las personas sobre las que pesan órdenes de desalojo. Díaz resaltó que "ésas familias siempre vivieron en ése lugar".
Además, aclaro que firmó el acta a cambio de su libertad según le dijo su abogada Silva. Y que el lunes de la siguiente semana ella presentaría el correspondiente recurso de amparo, pero que sin embargo, nunca hizo tal presentación ante la justicia.

Díaz, aseguró también, que fue presionado por las autoridades judiciales a cargo del juez Santos Gabriel Garzón, el presidente del Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA) Esteban Ramírez y el comisario general Flecha.

En ese sentido aseguró que "fui obligado, pero mi decisión no tiene validez porque no soy autoridad legal para reconocer algo ilegal". Agregó que en la comunidad saben que hay mucha presión por parte del gobernador a todas las autoridades para "legalizar lo que es ilegal".

En cuanto a la visita del defensor del pueblo dijo que "sería muy bueno que Gialluca viajara a nuestra comunidad y así poder hablar con él y explicarle el grave momento que estamos pasando ya que los municipios de Laguna Blanca y Laguna Naineck nos niegan el agua a las familias indígenas de La Primavera".

A su vez resaltó que se sienten avasallados por parte varios organismos provinciales, los que además de negarles el agua, no le brindan asistencia en materia de salud y el estado de los caminos vecinales es pésimo.

Ante este panorama, Díaz manifestó que se encuentran totalmente desamparados y que "no sabemos dónde ir a denunciar que nuestros derechos son violados constantemente por el gobierno de Formosa".

Asimismo, adelantó que no van a aceptar las resoluciones que adopte el gobierno de Formosa.

Por último, el dirigente pidió que "se respete se aplique en Formosa la ley 26160 para regularizar nuestro territorio".

"Nosotros queremos que se respete nuestro territorio tradicional con nuestros recursos naturales y lagunas ya que es nuestro medio de subsistencia" subrayó Félix Díaz.

QUÉ DICE LA LEY

La ley 26.160, de emergencia territorial, establece que el gobierno debe resguardar el derecho a la libertad ambulatoria y a la propiedad de las tierras indígenas y hasta que no se resuelva el conflicto no se puede trasladar a los tobas a ningún otro lugar.

El Congreso Nacional, en diciembre de 2009, prorrogó por otros tres años (hasta 2013) la ley de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas.

El objetivo de la ley 26.160 es que en ese plazo el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) realice un relevamiento técnico y jurídico catastral de la situación de dominio de las tierras ocupadas por los pueblos originarios.

Según la norma, durante la emergencia quedan suspendidos las sentencias o los actos procesales y administrativos tendientes al desalojo o la desocupación de las tierras.

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