Buzzi consideró un apriete los cortes de ruta de los "ocupas"

El intendente Martín Buzzi criticó duramente ayer al grupo de treinta ocupantes ilegales del barrio San Cayetano que negándose a ser reubicados del lote proyectado para una escuela, se apostaron desde las 4 de la mañana en la intersección de las rutas 3 y 26 impidiendo la libre circulación vehicular. También cuestionó a la Justicia al señalar: "hay situaciones en las que se prefiere no decidir".

Mientras que en horas de la mañana el secretario municipal Ricardo Trovant enumeró las distintas alternativas de reubicación que el municipio de Comodoro Rivadavia ofreció al grupo de ocupantes ilegales de tierras fiscales destinadas a uso público en el barrio San Cayetano, más tarde el intendente Martín Buzzi reiteró la posición de la comuna de no "negociar" los espacios destinados al equipamiento requerido por los barrios en constante crecimiento. "Se tienen que ir de ahí", enfatizó.

Buzzi señaló que el grupo en cuestión es atendido por el municipio, y que en referencia a su reubicación no se celebró una reunión sino dieciséis en las que ninguna de las opciones ofrecidas por el Ejecutivo fue aceptada. Es así que calificó como un "apriete" la medida llevada adelante ayer, que supuso casi ocho horas de piquete en las rutas 3 y 26.

Al reiterar que tal actitud no modificará la decisión tomada respecto a la liberación del macizo ocupado, Buzzi sostuvo: "en ese lugar va a haber una escuela y deben salir de donde están. Esto de estar todo el tiempo buscando por las más diversas alternativas quedarse en el lugar, apretando, porque esto es un apriete, tiene que terminarse. La ciudad tiene que tener un ordenamiento y el ordenamiento es este", argumentó.

En virtud de que al delito de ocupación ilegal de tierras se sumó ayer el de impedir la libre circulación de la ciudadanía por las rutas, práctica habitual en los reclamos comodorenses, surge el interrogante acerca del proceder judicial.

Consultado sobre ese punto, el intendente indicó que la Justicia debiera actuar de oficio en estos casos, sobre todo cuando desde el Estado municipal se ha dado una respuesta, aunque frente a la ausencia de actuación judicial evaluó: "lo que pasa es que hay situaciones en las cuales se prefiere no decidir".

"Si nosotros les estamos dando una opción concreta y no les gusta, debe intervenir la Justicia para sostener lo definido por un poder público, el orden de la ciudad se sostiene sobre la base de un poder ejecutivo , un legislativo y un judicial, para que el orden exista tiene que haber un acompañamiento decidido de parte de la justicia", sostuvo.

ESPACIOS NO NEGOCIABLES

Ricardo Trovant, secretario municipal bajo cuya órbita funciona el área de Tierras, puntualizó que si bien el Ejecutivo desarrolla una intensa tarea en proyectos de loteos oficiales, el grupo que protagonizó el reclamo de ayer no ha querido acceder a ninguna de las reubicaciones propuestas por el municipio.

Ejemplificó en ese sentido que a muchas familias en la misma situación se las ha incluido en proyectos de urbanización, como en el caso de las 350 ubicaciones en el barrio Stella Maris, y recordó que también se están concretando espacios en el barrio Máximo Abásolo y en el San Cayetano y que el próximo mes tendrá lugar la apertura de un loteo social para las familias que están inscriptas, en la zona suroeste de la ciudad, cercana al Cordón Forestal.

Sobre el caso puntual de los 30 ocupas que protagonizaron el piquete junto al de otros de los que se registraron desde el año pasado, Trovant explicó que la necesidad de reubicación obedece a que se trata de ocupaciones informales localizadas en reservas para equipamientos públicos, escuelas, ampliaciones de escuelas, jardines maternales y plazas, que sobre la base a la planificación que requiere una ciudad en inusitado crecimiento "se trata de espacios son innegociables".

"La respuesta ha sido siempre muy clara y contundente, desde el primer momento. No podemos resolver este tema dando respuesta a intereses absolutamente individuales porque por encima de ellos están los intereses de la comunidad, de los propios chicos del San Cayetano, del Abásolo y del resto de la ciudad", subrayó el funcionario al informar que la Asesoría Letrada realizará la presentación judicial pertinente ante el Ministerio Público Fiscal.

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