Busti reflexionó sobre dar viviendas para indigentes.

Sigue difundiendio artículos donde detalla modificaciones a la Carta Magna entrerriana. Sin mencionar directamente el caso en que la justicia obligó al gobernador a dar una casa a indigentes, hizo una reflexión sobre el tema.
La nueva Constitución de la provincia de Entre Ríos tiene como una de sus características más salientes el hondo y profundo humanismo que ilumina cláusulas especiales de protección a personas que, por encontrarse en determinada situación o revestir una condición diferente estaban más desprotegidas y requerían de un compromiso.

Precisamente, sobre este aspecto, quien ejerciera la titularidad de la Comisión Reformadora, el diputado provincial Jorge Busti, sostuvo que en el nuevo texto “se han incluido todos los sectores y personas: los más necesitados, los desamparados, los trabajadores, los niños, adolescentes, jóvenes, mayores adultos, mujeres, productores, trabajadores, reclusos, pueblos originarios, ex combatientes, los discapacitados, las familias. En fin, hemos legislado para todos los hombres y mujeres de la provincia de Entre Ríos”.

Sobre la vivienda

Recientemente un fallo judicial obligaba al gobernador, amparandose en la nueva constitución, a entregar una vievienda a una familia de Concordia que vivia de la basura. Busti explicó que "Se tienen en cuenta también en esta nueva Carta Magna entrerriana aquellos que menos poseen, los que ni siquiera pueden satisfacer necesidades tan básicas como la alimentación y la vivienda".

Aquí Busti hizo una reflexión al manifestar que “es cierto que serán normas que traerán problemas interpretativos y que muchas veces en su aplicación nunca llegan a ser perfectas, pero también es cierto que de esta manera la nueva Constitución fija prioridades y señala cuáles son los caminos que el Estado, en sus diversos Poderes públicos, debe seguir. Es decir, que si bien cada Estado puede y debe actuar en los límites de los recursos de los que dispone, es válido señalar las metas y prioridades a las que debe hacer lugar”, remarcó.

Por otra parte, según el legislador justicialista, “el derecho a una vivienda digna es otra de las prioridades a las que debe tender el Estado Provincial a favor de todos los habitantes y dando especial atención a los sectores de menores recursos.

Busti recordó que en el artículo 17º se consagra una cláusula de igualdad entre hombre y mujeres y la equidad de género en todos los órdenes. Se establece el principio de igualdad real y se manda al Estado provincial para que implemente políticas que ataquen las desigualdades que puedan existir en el efectivo ejercicio de los derechos. Particularmente, y atento a ser una problemática cotidiana, se menciona la necesidad de políticas contra la violencia. Estas deben tener como principal objeto eliminar toda segregación, discriminación y exclusión (son conceptos amplísimos que abarcan una gran variedad de formas o medios de desigualdad en perjuicio de la mujer). También se específica la igualdad de oportunidades en el ejercicio activo de los derechos políticos, específicamente para el acceso a los niveles estatales provinciales, municipales y comunales, y a las organizaciones sociales.

En tanto, el siguiente artículo 18º fue producto de varios proyectos dedicados a la familia, a los niños y niñas, a los adolescentes y jóvenes y a los adultos mayores. La familia es considerada como “un núcleo fundamental de la sociedad”. Se dispone el deber de realizar acciones positivas en defensa de la maternidad y la infancia.

Particularmente se regula el tema de las adicciones, exigiendo no sólo medidas concretas sino también la prevención, el tratamiento y la asistencia familiar integral.

Por su parte, el artículo 21º regula un tema tan sensible como el de la discapacidad. En este capítulo se incluye a la familia como objeto de protección de la norma. Se señalan directrices a la cual deben sujetarse las normas que se dicten en cualquier ámbito de la provincia: atención integral de la salud, extensión de los beneficios de la previsión y seguridad social, igualdad real de oportunidades, eliminación de obstáculos y barreras, contralor de todo centro público o privado, gratuidad y accesibilidad al transporte, acceso a la educación, capacitación para la inserción laboral.

El artículo 33º protege a los pueblos originarios. La cláusula declara y reconoce derechos en beneficios de estos pueblos, tales como la preexistencia étnica y cultural, el derecho a una educación bilingüe e intercultural, a sus conocimientos ancestrales, producciones culturales, respeto por sus tradiciones, creencias, formas de vida, y otros reconocimientos expresos, lo que no equivale a desconocer todo aquello que surge del espíritu mismo de la norma o de las menciones asentadas. Debe asegurarse la personería de sus comunidades, la propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan y también otras que sean aptas para el desarrollo de sus culturas, tradiciones y creencias, la conservación de su patrimonio cultural.

El artículo 34º consagra la denominada cláusula Malvinas. Esta, si bien declara la lucha permanente e irrenunciable por la recuperación de las islas, también resalta la necesaria asistencia, integración y protección de los veteranos de guerra.

El artículo 66º viene a proteger especialmente a los reclusos, los que muchas veces cumplen penas en situaciones infrahumanas y contrarias a cualquier política de resocialización. Se prohíben los tormentos y vejámenes, se dispone la necesidad de que las cárceles y colonias penales productivas sean “sanas y limpias”. Especialmente se protegen a las mujeres, y más aún a aquellas con hijos menores de cinco años. Se consagran sanciones y cargas en caso de incumplimientos de los deberes que consagra esta norma.

Y el artículo 68º protege especialmente al pequeño y mediano productor, garantizando a su vez su participación en el Consejo Económico y Social creado por esta Constitución.

Finalmente Busti mencionó que “también encontramos otros criterios que hacen referencia a personas en determinadas condiciones o situaciones y en consecuencia dicta normas, muchas operativas, muchas dependientes de los medios e instrumentos de que se disponen, pero todas constituyen metas de las políticas públicas, y permiten que la ciudadanía evalúe si se cumple o no con las prioridades que los convencionales de 2.008 nos fijamos”, concluyó.

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