El general César Milani, a la sazón jefe del Ejército, es un hombre que cumplió la mayoría de edad hace tiempo. Sabe cómo manejarse y, sobre todo, cómo defenderse. Lo está haciendo en estos últimos días presentándose en los juzgados federales de La Rioja y Tucumán para demostrar, tal como afirmó, que las denuncias que lo involucran son parte de una campaña en contra suya y, por añadidura, contra el gobierno nacional.

Será bueno que se sepa la verdad y que no queden dudas sobre los antecedentes del militar. Ahora bien, el caso estalla en medio de una campaña electoral que tiene una trascendencia política sustancial en el devenir político de la Argentina de los próximos años. Esto le otorga una condición especial que seguramente trasuntará la discusión que se desarrollará hoy durante la reunión de la Comisión de Acuerdos del Senado, la responsable de valorar el ascenso de Milani como teniente general.

No hay duda de que el debate sea caldeado. La posibilidad de que el gobierno sufra o le provoquen un tropiezo entusiasma a más de un opositor. Varios renovarán su retórica de defensa de las instituciones y la democracia, olvidando de manera conveniente la vergüenza de las leyes de Obediencia Debida, Punto Final e incluso los indultos.

Al escuchar los discursos será complicado separar las buenas intenciones de las hipocresías. De todas formas es por lo menos llamativo que desde que se anularon las leyes de impunidad no se hayan revivido o presentado una nueva causa contra Milani.

Según el fiscal Jorge Auat, coordinador de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los Derechos Humanos, se han procesado a 1000 militares de los cuales casi el 70% está a las puertas del juicio oral y en ninguna de esas causas aparece el apellido del general en cuestión.

Otro dato que surge a partir del estallido de la polémica es la particular dedicación que le pusieron a este caso algunos dirigentes radicales. Por caso, el senador Gerardo Morales, que ha cultivado un perfil de guerrero de batallas fallidas, ha recorrido las provincias de La Rioja y Tucumán para denunciar a Milani. Una preocupación que ha despertado la sorpresa de algunos militantes de Derechos Humanos que jamás lo vieron preocupado por las desapariciones y muertes que ha producido la dictadura en Jujuy. Mucho menos lo vieron participar de la activa movilización que vivió su provincia para lograr el procesamiento del propietario del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, por su responsabilidad en las desapariciones ocurridas en lo que se conoce como La noche del apagón. Tampoco se lo vio en el primer juicio que se realizó en esa provincia por delitos de lesa humanidad y que resultó en la condena a tres represores. Es un dato.

A Milani también se lo criticó por haber realizado declaraciones donde respalda el proyecto nacional. Las observaciones que se le hicieron son curiosas. Se lo acusa de tomar partido por el gobierno nacional. En la cena de camaradería del Ejército, realizada poco después del 9 de Julio y donde participó la presidenta Cristina Kirchner, un militar de alto rango se sorprendía por el calibre de la acusación y se preguntaba: "¿A qué proyecto deberíamos apoyar? ¿A uno que imponga otro país?"

La confesión de Milani fue criticada por los medios de comunicación hegemónico. Tendrán sus razones como las tenían cuando comentaban la designación del jefe del Ejército que en su momento decidió Fernando de la Rúa. En octubre de 1999, el entonces presidente de la Alianza se decidía por Ricardo Brinzoni y Clarín lo definía como "el más moderno de los generales de división". En diciembre de ese mismo año, con Brinzoni al frente de la fuerza, el mismo diario afirmaba que el entonces ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, designaba como jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército, al general Juan Carlos Mugnolo, que para el diario tenía como antecedente no criticable el hecho de ser hermano de Francisco Mugnolo, dirigente radical cercano a Raúl Alfonsín.

Brinzoni fue el jefe militar que encabezó el entierro con honores de Leopoldo Fortunato Galtieri, que estaba bajo arresto domiciliario. Es otro dato.

Más allá de lo que pueda resultar con el caso Milani, lo cierto es que forma parte de la batalla electoral donde la oposición busca frenar la continuidad del gobierno nacional. En esto se enmarcan casos como el procesamiento del ex funcionario Ricardo Jaime. La justicia por ahora lo dejó libre. Tal vez la oposición deba rever su negativa al proceso de democratización del Poder Judicial que quiere llevar adelante el gobierno de Cristina Férnandez de Kirchner y así lograr mejores resultados en las causas judiciales que la desvelan.

La campaña por conseguir escaños en el Congreso Nacional tiene otra característica que demuestra cuál es la intención de los participantes. Hay candidatos, como Darío Giustozzi, que parecen ser parte de una campaña presidencial. En estos días se quejó de los inconvenientes que generan los piquetes y las manifestaciones en las calles porteñas. Como si no fuera un aspirante a diputado nacional desecha la posibilidad de elaborar una ley que le dé una solución a esta forma de protesta y habla como si estuviera a punto de asumir como integrante de un gobierno recién electo. Esto ya ocurrió en 2009 cuando los candidatos largaban propuestas como si se tratara de una competencia presidencial. Una estrategia que, entre otros factores, le permitió a Francisco de Narváez imponerse en la provincia de Buenos Aires. El tiempo demostró que en realidad el plan del entonces candidato era dormitar en las sesiones.

En la búsqueda de frenar el proyecto político que conduce Cristina Kirchner la oposición se niega a reconocer que existe el plan de revivir el Grupo A hasta que se lance la campaña presidencial. La primera experiencia, concretada entre 2010 y 2011, resultó una tragedia para sus integrantes. Dos años después de aquel desastre parlamentario, los personajes continúan siendo los mismos y, por lo tanto, si llega a existir una segunda vez, las chances de que se transforme en una farsa son más que altas.