Buscan solucionar el problema habitacional de los desalojados

Los ocupantes junto a agrupaciones se manifestaron ayer frente al Palacio Municipal. Denunciaron maltrato durante el operativo de desalojo y se quejaron porque la gente "está en la calle".

Mientras la comuna reiteraba ayer el pedido de identificación de las 50 familias desalojadas de las viviendas del barrio El Martillo para "brindarles una solución", los ocupantes junto a agrupaciones de apoyo se manifestaron frente al palacio municipal. Allí se quejaron por "el maltrato" sufrido por parte de "la fuerza policial" y aseguraron que realizarán denuncias en contra "de las autoridades fiscales" que estuvieron involucradas en el proceso de desalojo por "incumplimiento de las medidas de seguridad, establecidas en el fallo".

"Tenemos una gran dificultad, que ellos se negaron a ser identificados, así que en realidad no sabemos cómo ubicarlos ni cuántos son en realidad", dijo Fernando Gauna, subsecretario de Gobierno a LA CAPITAL. Según explicó el funcionario municipal, durante el desalojo concretado el viernes por la tarde, se había organizado un operativo en una sociedad de fomento cercana al lugar, donde asistentes sociales iban a asistir a los ocupantes para luego derivarlos a albergues. "El tema fue que nunca llegaron al lugar, quizás por cómo sucedió el desalojo, y como tampoco teníamos registro de dónde ubicarlos y quiénes eran porque nunca quisieron ser censados, no pudimos asistirlos", comentó Gauna.

Vale recordar que el viernes cerca de las 16 se concretó el desalojo de las viviendas de Friuli y 49, dando cumplimiento a la orden dispuesta por el juez de Garantías Juan Tapia que luego fue confirmada por la Cámara Penal a cargo de la fiscal Graciela Trill. Desde hacía tres meses, cerca de 50 familias se encontraban ocupando las casas destinadas a habitantes de la Villa de Paso y antes de ayer fueron desalojados por 200 efectivos policiales en un operativo que también dejó 8 miembros de la fuerza heridos.

El subsecretario de Gobierno se mostró sorprendido por la protesta realizada ayer frente a la comuna por los desalojados y agrupaciones porque "se realizaron muchas negociaciones desde el 15 de enero a esta parte, pero siempre hubo un rechazo sistemático de las ofertas". Al respecto acotó: "Nosotros estamos tratando de contactar a las personas que estaban dentro del predio y buscarles alguna solución. El municipio no tiene 60 casas disponibles y no podemos trasladarlos a todos juntos como pedían, pero hay voluntad para que no queden en la calle".

Por último Gauna consideró que la situación es "de mucha intransigencia" porque "si nos hubiesen dado el listado de los ocupantes el 16 de enero, todos tendrían hoy una solución".

Denuncia

Por su parte, los miembros de la Agrupación Sin Techo junto a los desalojados se quejaron frente a la Municipalidad por "la violencia" utilizada por parte de la policía durante el operativo al que calificaron de "premeditado y represivo". Asimismo aseguraron que realizarán denuncias penales contra los fiscales que estuvieron involucrados en la causa.

"Anoche mucha de esta gente tuvo que dormir en el Centro Cultural América Libre y ahora nos ofrecieron el Sindicato Luz y Fuerza porque están en la calle y sin un lugar donde quedarse", aseguró Federico Polleri, miembro de una de las agrupaciones de apoyo que terminó con una mano quebrada y varios balazos de goma en su cuerpo tras el desalojo.

"Queremos denunciar lo que ocurrió, fue todo un ataque represivo, no solamente policial. Evidentemente hubo premeditación y no les importó que estuvieran presentes los medios ni que no se cumplieran las condiciones establecidas en las causa, como era la presencia de organismos de Derechos Humanos para realizar el desalojo", aseguró Polleri.

El referente del Movimiento Libres del Sur y candidato a concejal, Juan Pablo Malagutti, y la diputada provincial, Laura Berardo, repudiaron la "feroz represión" en el desalojo de las viviendas.

El dirigente condenó la "acción ilegal que el ejecutivo local y provincial comandó y ejecutó a través de las fuerzas policiales; aún cuando el desalojo podría haberse detenido, no se cumplió con ninguna garantía de las expresadas en la orden del juez. Estamos en constante comunicación con la Diputada Berardo, tratando de hacer las gestiones necesarias para poder asistir a las familias que han sido dejadas en la calle", agregó.

La Justicia inició las investigaciones

La justicia local investiga a los 24 demorados por "resistencia a la autoridad" durante el desalojo de las viviendas del Plan Dignidad del barrio El Martillo que se realizó el viernes por la tarde.

El fiscal de flagrancia, Fabián Riquert, es quien tiene a su cargo la causa que el lunes se definirá si queda en sus manos o pasa a la fiscalía de turno. Mientras tanto, las 24 personas que recuperaron la libertad la medianoche del viernes, están siendo investigadas. Así lo informó a LA CAPITAL Riquert, quien explicó que las 24 personas que "la policía en el momento del hecho decide detener por resistencia a la autoridad", fueron trasladados al Cuerpo Médico ubicado al lado de la Comisaría 4ª de Alberti y Chile, donde "fueron revisados por médicos del Poder Judicial, se le labraron las actas correspondientes, se constató el domicilio y fueron liberados". Entre ellos se encontró el abogado de los ocupantes, Juan Pablo Gelemur, sobre quien también pesa la misma acusación.

"Hay que identificar bien las autorías y si hay una conducta ilícita, como impedir u obstaculizar el desalojo", explicó Riquert quien dijo que esto se hará a través de las filmaciones. "Se secuestraron facas, bidones con combustible, así que digamos que podría haber otro tipo de conductas a investigar, pero se tiene que analizar cada caso por separado", informó.

Por último el fiscal comentó que "en las próximas 48 horas se definirá si la causa queda a mi cargo o pasa la fiscalía de turno", decisión que está en manos de la Fiscalía General.

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