Buscan reformular la Unidad de Información Financiera

El jefe de Gabinete quiere un órgano de supervisión más efectivo y veloz
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, tiene bajo análisis un anteproyecto de ley que propone facilitar la incautación de bienes producto de delitos complejos y la creación de un registro para la administración de esos bienes.

La iniciativa es una de las recomendaciones que emitió en su informe la Comisión Coordinadora de Políticas Públicas en Materia de Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Delincuencia Organizada Transnacional y la Corrupción.

De acuerdo con el documento, el proyecto tiene como objetivos permitir que los activos vinculados con la exteriorización material de un delito puedan ser incautados por la Justicia aun antes del dictado de una sentencia condenatoria; crear un instrumento eficaz para desalentar la comisión de delitos, y la unificación del registro, administración y disposición de los bienes que hubieran sido incautados.

"La importancia del recupero de activos debe ser alentada no sólo como línea de investigación para individualizar a los autores o partícipes de un crimen, sino con miras a la recuperación de los activos procedentes del delito", dice el informe.

Los integrantes de la comisión propusieron también "armonizar y diseñar un sistema de banco de datos que permita el intercambio y cruce de información entre la Inspección General de Justicia y los registros públicos de comercio de cada una de las provincias".

Medida "urgente"

Entre las recomendaciones para comenzar a enderezar la grave situación descripta en el informe también se indica que deben reforzarse los controles estatales en el área administrativa previos a la intervención de la justicia penal. "Es urgente la reformulación de la Unidad de Información Financiera (UIF) -dice el documento- a fin de que las denuncias lleguen con las medidas que corresponden a la Justicia y en tiempo oportuno."

Otras medidas sugeridas son la creación de un mecanismo administrativo que pueda ser utilizado para seguir rutas de dinero y evitar actos de corrupción por parte de funcionarios en la adjudicación, uso y disposición de los bienes decomisados por la Justicia.

Por último, también se propone "la reformulación de la agenda nacional contra el lavado de dinero, debido a la falta de cumplimiento de los objetivos de distintos organismos". Se trata de un compendio de veinte puntos, aprobado en septiembre de 2007, que, además de una reforma penal, contemplaba una serie de acciones en las que debían tomar intervención 17 organismos del Estado.

Comentá la nota