RIO GRANDE.- “Entiendo que es sumamente importante generar este tipo de espacios donde la familia pueda participar y acompañar a sus hijos desde otro lugar”, explicó la legisladora Marcela Gómez (FpV-PJ) sobre un proyecto de su autoría, que propone adherir a la Ley Nacional N° 26.759 de “Cooperadoras Escolares” sancionada en 2012.

En los fundamentos del proyecto, la legisladora Gómez recuerda que si bien existe una ley territorial de 1987 que estipula la conformación y funciones de las Cooperadoras Escolares, la realidad es que a pesar del tiempo transcurrido “en general las cooperadoras escolares, en su carácter de asociaciones civiles, conforme el régimen estructurado en la ley, no han logrado constituirse o subsistir”.

“Por ello y considerando el papel y la importancia que las mismas representan como nexo entre la escuela, la familia y la comunidad, resulta necesario articular nuevas normas que garanticen regímenes más simples de constitución, con reconocimiento, control y fiscalización en el ámbito del Ministerio de Educación”, agrega.

Gómez explicó que las cooperadoras escolares representan espacios “valiosos en los que comprometerse”, señalando que, aunque la ley nacional es “muy completa”, se proponen una serie de agregados para el caso puntual de nuestra Provincia.

“Una de esos agregados tiene que ver con que las cooperadoras puedan ser reconocidas por el Ministerio de Educación, y que sea el mismo Ministerio el que las pueda fiscalizar, para que puedan cumplir con toda la normativa, pero sin tener que pasar por la Inspección General de Justicia (IGJ)”, remarcó la legisladora.

En ese sentido, fundamentó este punto señalando que la IGJ “debe cumplir con sus funciones de contralor”, pero que éstos resultan “excesivos” cuando se trata de la conformación de una Cooperadora. “De esta forma entendemos que se termina desalentando esta conformación”, agregó.

“Hay que tener en cuenta que las cooperadoras las integran los padres, en su tiempo libre y en forma voluntaria, entonces cuando se empiezan a conformar con mucho entusiasmo, con todas las cosas que se plantean que se podrían hacer para la escuela y por sus hijos, esto termina quedando en la nada cuando les empiezan a pedir demasiados papeles y requisitos. Es lógico y está bien que sea así, pero en definitiva desalienta la conformación de las cooperadoras”, opinó.

De este modo, al estar bajo la órbita del Ministerio de Educación, la legisladora consideró que se favorecerá la puesta en marcha de las cooperadoras.

“A partir de ahí, el proyecto plantea que se establezca un plan de trabajo a principios de cada año, que haya una cooperadora en forma obligatoria por escuela, y desde luego que fundamentalmente lo que se pretende es que participe toda la comunidad educativa”, remarcó.

Asimismo, la iniciativa propone que “puedan participar los vecinos del barrio donde se encuentra la escuela”, explicando que “muchos padres, una vez que sus hijos egresan, ya no pueden seguir participando de las actividades de la escuela cuando, en realidad, han creado durante muchos años una relación y una pertenencia con el colegio”.

“Es una pena que no puedan seguir participando si ya no tienen a sus hijos estudiando, y por eso es que el proyecto plantea esta posibilidad”, argumentó.

Responsabilidades

La legisladora Gómez aclaró que, aun estando bajo la supervisión del Ministerio de Educación, esto no implica “que se deslinde ningún tipo de responsabilidad del Ministerio”, remarcando que la cartera educativa “debe seguir adelante con sus obras y todo lo que tenga planeando”.

“Más allá de eso, entendemos que hay cosas que son urgentes y que quizás se podrían resolver de forma mucho más sencilla, y esta posibilidad también la podría brindar la cooperadora”, indicó.

Para Gómez, en definitiva, las cooperadoras representan “espacios donde la familia puede participar y acompañar a sus hijos desde otro lugar”, considerando que se trata de un ámbito valioso con el que comprometerse “y que para nuestro proyecto es fundamental comenzar a alentar”.

Contra los reproches de apatía generalizada en las comunidades educativas provinciales, para la legisladora el proyecto apunta a lograr la participación de toda la comunidad educativa, y los objetivos que se proponga cada cooperadora “dependerán de lo que vaya a marcar cada escuela, y de lo que se propongan”.

“Así lo estamos planteando y tendremos que ver qué dicen el resto de los legisladores, si nos acompañan o proponen algo mejor”, dijo Gómez, reiterando su deseo de lograr que el proyecto se apruebe antes de fin de año.

“Sería lo ideal para comenzar el ciclo lectivo del año que viene con esta normativa, y que las escuelas y los directivos ya puedan planificar las convocatorias y cuenten con esta herramienta”, concluyó.