La concejal Patricia Serventich y su par Guillermo Arroyo, ambos del bloque Agrupación Atlántica – PRO, presentaron un proyecto para prohibir en Mar del Plata el servicio de Uber, la aplicación móvil que une a conductores particulares con pasajeros que requieren de un viaje en un vehículo. La irrupción de Uber en ciudad de Buenos Aires ha ocasionado un enfrentamiento con los taxistas, quienes vienen realizando reiteradas protestas.

Concretamente, los concejales Serventich y Arroyo pretenden prohibir “la prestación de servicios a través de programas para dispositivos móviles, y aplicaciones que tengan como finalidad conectar usuarios con prestadores de servicio de transporte de personas no habilitados por la autoridad competente”. Añaden que la prohibición se aplicará “hasta tanto se encuentren en vigencia normas para regular el funcionamiento de la tecnología anteriormente mencionada por parte de los representantes del Poder Legislativo Nacional y Provincial, además del cuerpo deliberativo de General Pueyrredon”.

Advierten además que el incumplimiento de lo dispuesto anteriormente “dará lugar al secuestro del vehículo, y a la imposición de una multa graduable de entre uno y veinte sueldos mínimos del personal municipal, con más la accesoria de inhabilitación para conducir automotores por el plazo de 30 días hábiles administrativos contados a partir de la fecha en que la sentencia quede firme”.

“Somos conscientes -apuntan en el proyecto- que la tecnología abre nuevas posibilidades para mejorar distintos aspectos de nuestra vida y actividades y que los servicios no deben ser la excepción”. Y añaden que “sería bueno que nuestros vehículos legalmente pudiesen contar con aplicaciones tecnológicas como las que usa Uber, lo cual dinamizaría su trabajo y tendría especial influencia en la seguridad de los choferes y pasajeros”.

Los ediles arroyistas sostienen también que hace falta crear nueva legislación al respecto y con celeridad, ya que así planteadas las cosas esta tecnología daría como resultado precarización laboral, distanciamiento del Estado, anarquía tributaria y muchas actividades consideradas ilegales encontrarían de esta manera un santuario para sus actividades”.