Buscan pistas del caso de espionaje

La Justicia quiere saber si la organización que interfirió e-mails de políticos y periodistas también espió a Fernández
La Justicia investiga si la misma banda de ex espías que interfería correos electrónicos de periodistas y políticos está interfiriendo las comunicaciones del ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, según denunció el ex funcionario, dijeron fuentes judiciales a LA NACION.

La causa está en manos de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado. Allí están acusados el ex secretario de Inteligencia Juan Bautista Yofre; el ex secretario general del Ejército Daniel Raimundes; el director del portal de Internet Seprin, Héctor Alderete, y dos ex agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Iván Velázquez y Pablo Carpintero. Este último es el único que declaró en la causa y la Justicia no halló mérito para procesarlo ni sobreseerlo. Velázquez está preso en Uruguay con pedido de extradición.

Los críticos de la investigación, como el imputado Alderete, desacreditan la hipótesis de Arroyo Salgado, pues señalan que su juzgado está influido por la Secretaría de Inteligencia (conocida como SIDE), dado que su esposo, el fiscal Alberto Nisman, a cargo de la causa AMIA, trabaja exclusivamente con esa fuerza en la investigación del atentado. Por eso, si las interceptaciones las hace la propia SIDE, la causa no avanzará, dice Alderete.

Fuentes judiciales dijeron a LA NACION que rechazaban esos cuestionamientos con tres argumentos: sostuvieron que la eventual responsabilidad de los imputados podría existir más allá de quien fuera el juez, recordaron que la Cámara Federal y la Cámara de San Martín no habían objetado que la causa se tramitara en ese juzgado y puntualizaron que muchas medidas que la SIDE había sugerido en el expediente no se habían realizado.

Para ver si la misma organización investigada desde mayo de 2007 está implicada en esta nueva denuncia, Alberto Fernández declarará hoy como testigo en San Isidro.

En aquella causa, donde también Alberto Fernández era uno de los espiados, según correos encontrados en allanamientos de casas de los imputados, existe un intercambio de e-mails entre casillas que serían de Aníbal Fernández y de Velázquez, como informó LA NACION.

Según allegados a la pesquisa, en algunos de esos mensajes alguien que firmaba "Iván" le pedía instrucciones y reportaba informes a alguien a quien llamaba "Aníbal". Cabe la posibilidad, sin embargo, de que esas cuentas a nombre del funcionario y del espía hayan sido intervenidas y utilizadas por terceros que simulaban ser sus titulares.

En el juzgado se abrió un expediente para determinar cómo se había filtrado esa información, que días antes de la publicación también había sido enviada al juzgado por e-mail , con el título "Buena suerte, doctora", desde la dirección somosinocentes@yahoo.es . También había llegado por correo, desde una dirección de Montevideo.

"Toda la clase política está intervenida", dijo a LA NACION uno de los imputados, que apuntó sus sospechas a la SIDE.

Si bien la causa se inició en mayo de 2007, sólo se hizo pública en abril de este año, cuando el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, denunció que había descubierto que su casilla de correo electrónico había sido intervenida. El magistrado hizo la denuncia en la justicia federal porteña y la causa recayó en el juzgado de Sergio Torres. Unos días después, los expedientes se unificaron en San Isidro, por pedido de Arroyo Salgado.

Otra tecnología

Pero en la causa de San Isidro se investigan e-mails hackeados y la nueva denuncia de Alberto Fernández habla de mensajes de texto interceptados y comunicaciones de teléfono celular intervenidas. Realizar estas interceptaciones requiere otra tecnología, que cuesta entre US$ 500.000 y US$ 1.000.000, lejos del bolsillo de cualquier emprendedor privado que quiera hacer un negocio ilegal brindando este servicio (ver aparte).

Otra causa donde sí hay teléfonos pinchados de por medio es la que instruye el cuestionado juez federal de Zárate-Campana, Federico Faggionato Márquez. Esa investigación descubrió en Garín, en marzo pasado, un equipo que tenía interceptadas unas 4000 líneas de celulares, teléfonos fijos y correos electrónicos de políticos y periodistas, como los del diputado de Pro Federico Pinedo y la revista Noticias .

El equipo estaba conectado, por medio de una fibra óptica, con la SIDE. Las víctimas exigieron explicaciones, pero por ahora el caso no registró avances. En ese expediente también existe la hipótesis de que la información obtenida ilegalmente podía ser usada para fines comerciales.

La Justicia investiga si la misma banda de ex espías que interfería correos electrónicos de periodistas y políticos está interfiriendo las comunicaciones del ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, según denunció el ex funcionario, dijeron fuentes judiciales a LA NACION.

La causa está en manos de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado. Allí están acusados el ex secretario de Inteligencia Juan Bautista Yofre; el ex secretario general del Ejército Daniel Raimundes; el director del portal de Internet Seprin, Héctor Alderete, y dos ex agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Iván Velázquez y Pablo Carpintero. Este último es el único que declaró en la causa y la Justicia no halló mérito para procesarlo ni sobreseerlo. Velázquez está preso en Uruguay con pedido de extradición.

Los críticos de la investigación, como el imputado Alderete, desacreditan la hipótesis de Arroyo Salgado, pues señalan que su juzgado está influido por la Secretaría de Inteligencia (conocida como SIDE), dado que su esposo, el fiscal Alberto Nisman, a cargo de la causa AMIA, trabaja exclusivamente con esa fuerza en la investigación del atentado. Por eso, si las interceptaciones las hace la propia SIDE, la causa no avanzará, dice Alderete.

Fuentes judiciales dijeron a LA NACION que rechazaban esos cuestionamientos con tres argumentos: sostuvieron que la eventual responsabilidad de los imputados podría existir más allá de quien fuera el juez, recordaron que la Cámara Federal y la Cámara de San Martín no habían objetado que la causa se tramitara en ese juzgado y puntualizaron que muchas medidas que la SIDE había sugerido en el expediente no se habían realizado.

Para ver si la misma organización investigada desde mayo de 2007 está implicada en esta nueva denuncia, Alberto Fernández declarará hoy como testigo en San Isidro.

En aquella causa, donde también Alberto Fernández era uno de los espiados, según correos encontrados en allanamientos de casas de los imputados, existe un intercambio de e-mails entre casillas que serían de Aníbal Fernández y de Velázquez, como informó LA NACION.

Según allegados a la pesquisa, en algunos de esos mensajes alguien que firmaba "Iván" le pedía instrucciones y reportaba informes a alguien a quien llamaba "Aníbal". Cabe la posibilidad, sin embargo, de que esas cuentas a nombre del funcionario y del espía hayan sido intervenidas y utilizadas por terceros que simulaban ser sus titulares.

En el juzgado se abrió un expediente para determinar cómo se había filtrado esa información, que días antes de la publicación también había sido enviada al juzgado por e-mail , con el título "Buena suerte, doctora", desde la dirección somosinocentes@yahoo.es . También había llegado por correo, desde una dirección de Montevideo.

"Toda la clase política está intervenida", dijo a LA NACION uno de los imputados, que apuntó sus sospechas a la SIDE.

Si bien la causa se inició en mayo de 2007, sólo se hizo pública en abril de este año, cuando el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, denunció que había descubierto que su casilla de correo electrónico había sido intervenida. El magistrado hizo la denuncia en la justicia federal porteña y la causa recayó en el juzgado de Sergio Torres. Unos días después, los expedientes se unificaron en San Isidro, por pedido de Arroyo Salgado.

Otra tecnología

Pero en la causa de San Isidro se investigan e-mailshackeados y la nueva denuncia de Alberto Fernández habla de mensajes de texto interceptados y comunicaciones de teléfono celular intervenidas. Realizar estas interceptaciones requiere otra tecnología, que cuesta entre 500.000 y 1.000.000 de dólares, lejos del bolsillo de cualquier emprendedor privado que quiera hacer un negocio ilegal brindado este servicio (ver aparte).

Otra causa donde sí hay teléfonos pinchados de por medio es la que instruye el cuestionado juez federal de Zárate-Campana, Federico Faggionato Márquez. Esa investigación descubrió en Garín, en marzo pasado, un equipo que tenía interceptadas unas 4000 líneas de celulares, teléfonos fijos y correos electrónicos de políticos y periodistas, como los del diputado de Pro Federico Pinedo y la revista Noticias .

El equipo estaba conectado, por medio de una fibra óptica, con la SIDE. Las víctimas exigieron explicaciones, pero por ahora el caso no registró avances. En ese expediente también existe la hipótesis de que la información obtenida ilegalmente podía ser usada para fines comerciales.

Protagonistas

ALBERTO FERNANDEZ

Ex jefe de Gabinete

* El ex funcionario denunció que el Gobierno le había pinchado el teléfono. Deberá declarar hoy ante la jueza Arroyo Salgado, que investiga una banda que interceptaba e-mails.

ANIBAL FERNANDEZ

Jefe de Gabinete

* Rechazó las denuncias de Alberto Fernández. En la causa, hay un intercambio de e-mails que, se sospecha, sería entre el ministro y uno de los supuestos integrantes de la banda.

JUAN BAUTISTA YOFRE

Ex jefe de la SIDE

* Está acusado de integrar la organización que se dedicaba a intervenir casillas de correos electrónicos de políticos, periodistas y personajes de la farándula. Aún no fue indagado.

PABLO CARPINTERO

Ex agente de la PSA

* Es otro de los supuestos integrantes de la banda que interceptaba casillas de e-mails para venderlos. Después de irse a Uruguay, declaró en la Justicia y obtuvo la falta de mérito.

RICARDO LORENZETTI

Presidente de la Corte Suprema

* Es una de las personas que denunció la intercepción de su casilla de correo electrónico. Su presentación quedó radicada en San Isidro, donde la investiga la jueza Arroyo Salgado.

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