Los K buscan una pesificación encubierta

Los K buscan una pesificación encubierta
Con el aval del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, intentarán adecuar contratos y transacciones a la moneda nacional. La creciente inflación, el problema detrás de la iniciativa
"Si alguien deposita en moneda extranjera, deben devolverle moneda extranjera”, sostuvo ayer Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), en lo que pareció ser una réplica exacta de las declaraciones que el expresidente Eduardo Duhalde realizó cuando asumió su mandato en 2002. En aquel momento, Duhalde dijo: “Van a ser respetadas las monedas en que fueron pactados originalmente los depósitos (...). El que depositó dólares recibirá dólares, el que depositó pesos recibirá pesos”. Lo que ocurrió fue bien distinto: se aplicó una pesificación asimétrica. Y ahora se vendría algo similar.

Ahora bien, no sólo en las formas se parecen ambos posicionamientos, ya que, al igual que diez años atrás, la intención del kirchnerismo es avanzar en una pesificación descontrolada de la economía local.

La Justicia viene siendo cómplice de varios atropellos cometidos por el Gobierno nacional (la falta de aplicación del 82% móvil, la continuidad de operaciones en la Ceamse, la falta de saneamiento del Riachuelo, entre otros). Varios jueces vienen generando un cerco de impunidad alrededor de las decisiones de la presidenta Cristina Fernández a cambio de nombramientos en cargos y devolución de favores. En ese contexto, Lorenzetti pareciera incorporarse al pelotón de aquellos que decidieron romper el límite que divide el Poder Ejecutivo del Poder Judicial.

Ayer, el magistrado de la CSJN incurrió en varias contradicciones, producto del intento de justificar la política económica del oficialismo. De ahí que, pese a sostener el derecho de los ahorristas a percibir sus ahorros en la moneda en la que fueron depositados, aseguró que el nuevo Código Civil estipula la pesificación de varias transacciones, al considerar que la reforma impulsará a los argentinos a contratar en “pesos”. A su vez aseguró que las cajas de seguridad, donde se estipula que hay unos 90.000 millones de dólares, quedarán más protegidas con las nuevas normas (ver recuadro).

“Esta medida es cercenar el derecho del uso de la propiedad sin causa. Es incomprensible que se trate de limitar ese derecho (de realizar contratos en dólares) que abarca el de atesorar dólares o fijar la venta de inmuebles en moneda extranjera”, indicó a Hoy Felix Loñ, que es titular de la cátedra de Derecho Constitucional en la UNLP.

La pesificación no es un problema en sí mismo, sino que el problema reside en el marco económico general que atraviesa el país. El ciclo inflacionario creciente que afecta a la moneda nacional hace que los ahorros y propiedades (así como los salarios) sufran una licuación constante de su valor real, viendo decrecer el poder adquisitivo de los trabajadores y los sectores medios de la población. “La fijación en moneda extranjera como la compra y venta de inmuebles está determinada por la inflación y que (los propietarios) para cubrirse de cualquier crisis fijan los valores de la propiedad en una moneda estable, porque la nuestra no es estable”, agregó Loñ.

Mientras que la mayoría de los funcionarios de primera línea declararon ahorros en dólares y poseen propiedades en el extranjero, el Gobierno apuesta a que los pequeños ahorristas paguen los costos de una fuga de capitales a gran escala.

Quieren regular las cajas de seguridad

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, afirmó ayer que el proyecto de Código Civil protege “mejor” al titular de cajas de seguridad en bancos. “Las cajas de seguridad están reguladas en este proyecto con la idea de proteger al titular, no con la idea de desprotegerlo. Vimos cuáles son los problemas que hay hoy con las cajas y los robos. Cuando se roba una caja, los bancos dicen que son responsables de la seguridad de la caja, no del resto ni del edificio”, explicó el magistrado.

Denuncian a la Afip por “abuso de autoridad”

Los diputados nacionales que integran el Grupo de Acción Política para la Unidad (GAPU) presentaron ayer una denuncia ante la Justicia para acusar a la AFIP de “abuso de autoridad” y “violación de derechos” de los ciudadanos.

Esta denuncia fue impulsada por Federico Pinedo (PRO), Patricia Bullrich (Unión por Todos) y Gabriela Michetti (PRO), tras el envío de cuestionarios a countries, la realización de una encuesta sobre medios y los requisitos para comprar divisas dispuestos por ese organismo.

“La extralimitación de la AFIP es evidente y tiene toda la apariencia de una acción intimidatoria, persecutoria e inquisitorial que busca entrometerse en la intimidad de los ciudadanos con elementos ajenos a la finalidad recaudatoria”, consideraron los miembros del GAPU. En la presentación judicial, los legisladores argumentaron que “se violan los artículos 248 y 157 bis del Código Penal y de las disposiciones de la ley nacional de Protección de Datos Personales n° 25.326, al disponerse recabar datos vinculados a la intimidad de las personas mediante formularios cuya respuesta se exige bajo apercibimiento de acciones administrativas de la autoridad impositiva”.

La denuncia fue presentada en la Fiscalía n° 4, a cargo del fiscal Stornelli, en Comodoro Py, se informó en un comunicado.

Sin permitir preguntas, Lorenzino presenta el polémico presupuesto 2013

El ministro de Economía, Hernán Lorenzino (foto), se presentará hoy en el Congreso nacional para explicar los lineamientos del proyecto de ley de Presupuesto Nacional para el año 2013 propuesto por el Poder Ejecutivo.

El funcionario expondrá ante las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas desde las 11 de la mañana y no aceptará preguntas de los legisladores que participen de ese acto.

En consecuencia, los parlamentarios deberán esperar hasta la semana próxima para formular sus consultas cuando asistan al mismo recinto los secretarios de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, y de Política Económica, Axel Kicillof.

La presentación formal del presupuesto 2013 estuvo envuelta en un halo de misterio y diputados opositores se quejaron porque el 15 de septiembre no estuvo a disposición pública, tal como lo marca la Constitución nacional.

Asimismo, lamentaron que ante la mayoría que tiene el Gobierno en ambas cámaras el debate por la ley que determinará los ingresos y egresos de 2013 -año electoral- no servirá para imponer modificaciones.

Pese al hermetismo oficial, trascendió que la base del presupuesto es un crecimiento en torno al 4,4 por ciento, con un nivel de inflación del 9 por ciento y un valor del dólar promedio en todo el año de $ 5,10. Se trata de números absolutamente dibujados, sin basamento en la realidad de la economía.

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