Buscan limitar los recursos de amparo contra el Gobierno

La Cámara de Diputados aprobó en la última sesión y giró al Senado un proyecto de ley que restringe la presentación de recursos de amparos y medidas cautelares contra el Estado nacional, gobiernos provinciales y municipales y entes autárquicos.
La norma establece como principio general la prohibición de que los jueces dicten medidas que "afecten, dificulten, obstaculicen, comprometan o distraigan de su destino los recursos propios del Estado, sus entes descentralizados o autárquicos, empresas o sociedades de propiedad del Estado nacional".

Si bien el proyecto que responde a la autoría del diputado oficialista Juan País (Chubut) tuvo un trámite sin grandes sobresaltos tanto en la comisión de Justicia como en la sesión del miércoles pasado, la restricción a los recursos de amparo despertó suspicacias en algunos especialistas y en sectores de la justicia.

Es que sospechan que si el Senado transforma en ley este proyecto se podría restringir la utilización de los amparos por parte de los particulares que se sientan damnificados, por caso, por aumentos de las tarifas de servicios públicos.

Sucede además que un fallo de la semana pasada de la Sala II de la Cámara de la Seguridad Social habilitó una demanda por vía cautelar (amparo) para que la ANSeS le pague un reajuste a un jubilado en forma inmediata, mientras prosigue el juicio ordinario.

Clarín consultó a varios diputados oficialistas, todos ellos integrantes de la comisión de Justicia -Diana Conti, Héctor Recalde y Jorge Landau-, quienes aclararon que este proyecto cuya autoría -ya se dijo- es del chubutense País, es anterior a esta sentencia de la Cámara de la Seguridad Social y que el propósito "es restringir la industria de los recursos de amparos". En muchos casos, especificaron Recalde y Conti, un amparo "paraliza decisiones fundamentales" de Gobierno y "otras veces hay mucho dinero en juego", dijeron a coro los diputados.

Un ejemplo de la "industria de los amparos", agregó, se produjo por el corralito de 2001 dispuesto por el gobierno de Fernando de la Rúa. Aquella vez hubo jueces sensibles a los reclamos que, por caso desde el Chaco, ordenaban a un banco con sede en Buenos Aires a pagar al damnificado.

Profesionales del derecho consultados por este diario prefirieron no abrir juicio hasta estudiar a fondo la norma. Pero presumen que no tendrá un alcance generalizado.

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