Buscan enfriar la tensión con la Policía

La Legislatura sancionó una ley que "normaliza" los ascensos en la fuerza, un viejo reclamo de los uniformados. "Servirá para descomprimir cierto malhumor" entre los agentes, dijo un senador. El PJ quiere que se declare la emergencia en seguridad.
Dos días después de que un convicto de 41 años –preso en la Unidad Penitenciaria Nº3, que tenía salidas transitorias– protagonizara el martes pasado una toma de rehenes a media mañana en una clínica en pleno centro de Rosario, la Legislatura provincial sancionó una ley que "normaliza" los ascensos dentro de la Policía, que estaban frenados desde hace dos años debido a que nunca se reglamentó durante la gestión anterior la junta calificadora. Aunque estos dos hechos no tienen una relación aparente, la sanción de la ley que restituye la antigua metodología de ascensos apunta –según admitió el senador Juan Carlos Zabalza– a "descomprimir" el clima de tensión que existe dentro de una fuerza que posee en la provincia casi 18 mil efectivos. Es que dentro de la administración socialista crecen las dudas sobre la toma de rehenes que protagonizó Ricardo Albertengo en la clínica de cirugía estética A&S, en Oroño al 700. Las luces de alerta se encendieron porque este tipo de delitos configuraban hasta ahora una rareza en la provincia, y porque sospechan que el accionar de Albertengo estaba apañado por algunos integrantes de la fuerza.

Este convicto, definido por la propia Policía como "un pistolero pesado", fue autorizado en 2004 por el ex juez de ejecución penal Efraín Lurá (jubilado desde febrero pasado) a salir a trabajar en un gimnasio de 8 a 20. Estaba detenido en la cárcel de Ricchieri y Zeballos, donde cayó preso en abril de 1994, condenado a prisión perpetua, tras asesinar en una toma de rehenes en el bar La Granja a Alejandro Debortoni de un disparo en el cuello. La sospecha, que a medida que pasa el tiempo comienza a tomar cuerpo de certeza, es que el verdadero trabajo de Albertengo era hacer tareas de inteligencia para robar lugares muy puntuales, como prostíbulos y consultorios médicos. Lo que se trata de determinar es si "robaba para alguien" de la URII. Esto lo admitió el propio secretario de Seguridad Comunitaria, Enrique Font, quien señaló que se decidió que la nueva área de Control de Fuerzas de Seguridad, a cargo de Gonzalo Armas, recopile las denuncias contra este convicto y contra efectivos que podrían haber actuado en connivencia con Albertengo.

Un gerenciador de prostíbulos reveló a este diario que el presidiario de 41 años fue quien protagonizó a principios de este año varios asaltos a los privados, acompañado de un cómplice que también tenía salidas transitorias y trabajaba en una obra en construcción en pleno microcentro. Este último fue detenido por efectivos de la seccional 1º un tiempo antes de que se produjera el asesinato del Emanuel Dal Mastro, el policía que fue acribillado en junio pasado en un puticlub de Mendoza al 900. Pero Albertengo siguió con su tarea, que lo llevó a que asaltara un privado de Suipacha y Zeballos, a pocas cuadras de su lugar de reclusión, conocido en el ambiente como el de "las chanchis". Una de las mujeres que se desempeña en ese lugar y mantiene una relación con un policía de la Unidad Regional II, identificó a Albertengo en un book con fotos de prontuariados y sospechosos. Como reveló este diario, en la ola de robo a los prostíbulos hay sospechas de que estaba involucrada la Policía a través de la recaudación ilegal. "Lo que no pudimos determinar es si (la toma de rehenes) fue un mensaje hacia adentro de la Policía o hacia el Gobierno", advirtió un legislador oficialista. La semana próxima, según anticipó el senador reutemista Ricardo Spinozzi, el peronismo impulsará un proyecto –similar al que se aprobó en Mendoza– para que se declare la emergencia en seguridad.

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