Aún sin definiciones, el Ejecutivo y la empresa a cargo del predio se encuentran abocados la elaboración de un plan conjunto para dar cumplimiento con la resolución de la Justicia, que ordenó restringir el acceso a las cavas de Cerro Leones para evitar incidentes luego del fallecimiento de un joven en 2011.
En ese marco las conversaciones avanzan bajo la necesidad de redactar una propuesta consensuada para que la resolución no se demore y se apruebe en primera instancia.
Así, en los primeros días de la semana entrante el secretario de Legal y Técnica, Andrés Curcio, mantendrá un nuevo encuentro con el abogado que representa a Apilar SA para evaluar algunos puntos preliminares. El propósito apuntará a tratar que el escrito quede definido en los próximos 15 días.
Como se informó a través de estas páginas, hacia finales del mes de enero el Departamento Ejecutivo recibió una resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul, que ordenó al Municipio que intervenga en la restricción del público al predio privado.
A partir de allí estableció un primer contacto con los representantes de la empresa Apilar SA, propietaria del predio donde se encuentran las cavas, que son utilizadas como balneario por muchas personas durante el verano. El acercamiento se concretó bajo la necesidad de definir un plan de trabajo que resuelva la demanda de garantizar la seguridad en el lugar.
En principio, el Municipio propuso dotar al predio de seguridad privada o a partir de un adicional de la policía, y perimetrar la zona de las dos piletas naturales y sus playas para desalentar las visitas de los bañistas.
La firma, por su parte, sugirió trabajar en la incorporación de nueva cartelería en las inmediaciones al predio, la renovación del alambrado y la construcción de un cerco de piedra de aproximadamente tres metros de alto sobre los accesos a los dos espejos de agua.
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