En una mañana agitada en Casa de Gobierno (ver recuadro), el jefe del Ejecutivo provincial, Francisco Pérez recibió a legisladores de la Bicameral de Seguridad para comenzar a trabajar en medidas que permitan agilizar a la Justicia de Mendoza. En concreto, se habló de leyes que permitan sancionar a los fiscales que obren inadecuadamente. Además el mandatario entregó documentos con pruebas de casos en los que se ha actuado de manera incorrecta.

La iniciativa tiene lugar a poco más de una semana de que Paco criticara públicamente el trabajo de algunos fiscales de la provincia, a los que tildó de “inoperantes”. En esa oportunidad, Pérez aseveró que el problema de inseguridad se debe a que los representantes de la Justicia no tienen que dar respuestas por sus actos, por lo que muchos fiscales “cumplen horario y duermen la siesta”.

Tras un encuentro que duró casi cuatro horas, los legisladores se retiraron con una serie de documentos reunidos por Pérez en los que se sienta registro de diferentes casos en los que han existido problemas de coordinación o de competencia que han perjudicado las investigaciones judiciales.

“Nos vamos con una carpeta con muchos antecedentes”, manifestó el diputado del Partido Demócrata, Aldo Vinci, que adelantó que uno de los pedidos del gobernador fue la modificación de ley de Jury.

Nosotros tenemos la ley 4970, que establece el Jury de Enjuiciamiento. Los mecanismos existen. Pero tenemos que buscar resoluciones intermedias, porque no hay sanciones administrativas para casos que no merezcan una destitución, pero si otro tipo de castigo”, explicó Vinci.

Si bien Pérez no brindó declaraciones luego de la reunión, el ministro de Gobierno, Rodolfo Lafalla, confirmó que lo expuesto por Vinci es uno de los anhelos del Ejecutivo. “Hay proyectos de modificación a la Ley de Jury que contienen elementos no solo para poder excluir al juez, sino para que el desempeño de los magistrados pueda ser analizado por causas menores”, manifestó¨

demás, remarcó que este no sería el único proyecto de ley, sino que el objetivo del Gobierno es que se trabaje para tratar en la Legislatura provincial “todos los temas que creamos convenientes para eficientizar la Seguridad y la Justicia".

“Se han venido trabajando distintas leyes. Algunas tienen media sanción y otras están en las cámaras. Vamos a buscar la manera de que aquellas en las que hay coincidencia sean tratadas lo más rápido posible, y en las que no, lo debatiremos”, sostuvo.

Por otro lado, la presidenta de la Bicameral de Seguridad, la senadora radical Milagros Suárez, adelantó que antes de hacer una evaluación, los legisladores se van a reunir para ver los pasos a seguir.

Si bien confesó que “se ve claramente la falta de coordinación entre los distintos poderes”, sotuvo que el principal responsable es el gobernador, por lo que es fundamental que él sea quien esté al frente para resolver los problemas.

“Nosotros vamos a colaborar, con pedidos de informes, pero siempre teniendo presente que el que tiene que dirigir y orientar es el Gobierno. Y han habido serias falencias en el Ejecutivo en materia de seguridad y falta de coordinación con el Poder Judicial”, denunció.

Se viene una reunión con los legisladores nacionales

El ministro de Gobierno y Justicia, Rodolfo Lafalla, adelantó que ya se está trabajando en una próxima reunión, en la cual el gobernador se sentará a discutir sobre la problemática de la inseguridad con los legisladores nacionales por Mendoza.“Es un camino para buscar una política de Estado en estos temas tan conflictivos”, reiteró Lafalla.

Una de las principales preocupaciones del Ejecutivo es el narcotráfico y los problemas de competencia que existen entre la Justicia Federal y la Provincial.

“En lo que es la droga tiene competencia la Justicia Federal, y en los delitos conexos, como homicidios u asociación ilícita, la Justicia Provincial”, explicó el funcionario.

“Es voluntad del gobernador ponerse a la cabeza de estos temas para plantear una mejor coordinación y buscar agilidad y celeridad en los casos que a la gente le preocupan”, concluyó.

No hay consenso respecto a la adhesión a la ley nacional

Otro de los temas que se trataron en la mesa de discusión, fue la posible adhesión de Mendoza a la ley nacional 26052 de modificación del tráfico de estupefacientes.

En este sentido, la senadora Milagros Suárez señaló que no se logró un llegar a un puerto en común respecto a si es conveniente o no para la provincia que esto suceda.

“No se ha podido llegar a un acuerdo de si va a haber o no una adhesión a la ley”, confirmó.