Buscan «consensos» para no perder la inversión china

Con la premisa de evitar la «fuga» de los capitales de origen chino en la provincia, tras el fallo que declaró inconstitucional la Ley 774 que estipulaba la venta de gas, Gobierno y Legislatura analizan distintas alternativas para mantener la inversión, readecuando normativas a fin de establecer un registro de empresas que se muestren interesadas en la industrialización del gas proveniente de regalías.
Buscan «consensos» para no perder la inversión china

El Gobierno quiere evitar que los capitales chinos desembarquen en otra provincia.

USHUAIA.- A partir del fallo que declaró inconstitucional la Ley 774 que dio marco al convenio para la venta de gas por regalías a la empresa Tierra del Fuego Energía y Química (TDFEyQ), la gobernadora Fabiana Ríos ordenó a los legisladores oficialistas que busquen «alternativas» para sostener la inversión china en la provincia, buscando de ese modo evitar que la firma retire los 30 millones de dólares iniciales.

Por ese motivo, el oficialismo se encuentra buscando consensos con los distintos bloques de la oposición para adecuar la normativa de tal manera de establecer un registro de empresas oferentes que quieran dedicarse a la industrialización del gas proveniente de regalías en Tierra del Fuego.

Consultado al respecto, el legislador Fabio Marinello explicó que «seguimos pensando que el fallo es equivocado, pero la apelación nos llevaría un tiempo que es incompatible con la urgencia que tiene la gente de que haya más puestos de trabajo».

«La Gobernadora nos trazó esa prioridad y por eso planteamos un diálogo con los distintos bloques, para ponernos de acuerdo en alguna vía que nos permita seguir trabajando con la convicción de que Tierra del Fuego tiene que agregar valor a sus recursos naturales, porque si no lo hacemos nosotros lo van a hacer otros y habremos perdido una oportunidad extraordinaria», explicó.

En ese sentido, el presidente del bloque oficialista planteó que «de esta manera estaríamos salvando las observaciones que dieron lugar a la declaración de inconstitucionalidad, porque estaríamos estableciendo un mecanismo de publicidad y competencia abierta para que todas las empresas que quieran sumarse lo puedan hacer, incluyendo la compañía que firmó el convenio con la provincia»; aunque observó que «creemos que si hubiera alguna otra empresa que tuviera ese proyecto, ya lo hubiese presentado».

No obstante, aseguró que «vamos a tener que trabajar mucho para que se recomponga la confianza, y para que los inversores vean a Tierra del Fuego como una tierra de oportunidades y no como una provincia que espanta a las inversiones».

«Sería muy mala noticia que después de tanto esfuerzo terminemos viendo cómo el dinero que iba a ser destinado a obras se pierde definitivamente y la planta se termine instalando en otra provincia como Santa Cruz o en otro país, como sucedió con Metanex en Chile. Eso es lo que tenemos que evitar por sobre todas las cosas», finalizó.

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