Buscan consenso para la ordenanza de hipermercados

Entre los concejales de la oposición predomina la idea de esperar a que primero el intendente vete la resistida ordenanza que sancionaron el 9 del corriente para después ponerse a trabajar en otro proyecto.
Los presidentes de bloques del Concejo Deliberante se reunieron ayer para analizar qué destino se le dará a la ordenanza que regula la radicación de mini, maxi, súper e hipermercados en el Partido de General Pueyrredon, votada favorablemente el pasado 9 de octubre.

La gestión de Gustavo Pulti está en desacuerdo con algunas de las disposiciones incluidas en la norma y pretende que sea el propio Concejo el que se encargue de hacer una revisión. No obstante, en la reunión de ayer quedó en claro que los 13 concejales que aprobaron la norma no están dispuestos a aceptar la propuesta del intendente, reafirmando que él mismo es quien debería resolver la situación.

"Casi todos coincidimos en que Pulti es el que debe tomar una decisión. Puede promulgar la ordenanza o vetarla, de manera parcial o total", sostuvo el presidente de la bancada radical Walter Malaguti, tras esa reunión. Pero la UCR no es el único bloque que cree que por ahora el tema está en manos del jefe comunal.

LA CAPITAL consultó a los integrantes de otras bancadas opositoras, quienes ratificaron que no existe voluntad de reconsiderar el tema en esta instancia. Ese fue el clima que el oficialismo encontró en la reunión de presidentes de bloques, quienes ratificaron que no votarían a favor de que el expediente regresara ahora al Concejo.

No obstante, se advirtieron algunas señales de apertura. "Una vez que el intendente tome una decisión estamos dispuestos a trabajar para mejorar la ordenanza", señaló Malaguti.

Cabe señalar que si el intendente vetara de manera total o parcial el texto, el tema obligatoriamente regresaría al Concejo, con lo que sería abierta una nueva instancia de debate.

La disposición más controvertida incluida dentro de la ordenanza, es la que establece la creación de un cupo de metros cuadrados para desarrollar la actividad, entre los comercios del rubro que superen los 191 metros cuadrados de superficie. Para el oficialismo, este artículo supone la creación de un "cerrojo" que impediría la llegada de nuevas inversiones y crearía una protección excesiva para el comercio ya instalado en el distrito.

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