Mañana a las 9.30 el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Mar del Plata tratará el proyecto de actuación ante los casos de violencia de género en el ámbito universitario. El mismo fue presentado por el “Programa de Género y Acción Comunitaria” de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social, en forma conjunta con el “Programa Integral de Políticas Género” de la Secretaría de Bienestar Universitario como parte de una serie de políticas y proyectos pensados a los fines “de lograr una universidad más inclusiva e igualitaria”.

Tiene como objeto principal establecer el procedimiento institucional y los principios rectores para la actuación en situaciones de discriminación hacia las mujeres y a personas del colectivo Lgtttbi y ante cualquier hecho que implique violencia de género en el ámbito de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Cuenta con los avales de la Dirección de la Mujer de la Municipalidad de General Pueyrredon, Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM), Asociación del Personal Universitario (APU), Federación Universitaria Marplatense (FUM), Grupo de Estudios “Género, Familia y Subjetividades” de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional.

En el documento se establecen los procedimientos y principios rectores para la actuación institucional ante situaciones de discriminación hacia las mujeres y a personas del colectivo de lesbianas, gays y personas trans y ante cualquier hecho que implique violencia de género en el ámbito de la Universidad tendiente al acompañamiento y asesoramiento de las personas afectadas. El proyecto se enmarca en lo dispuesto en la Ley Nacional 26.485. Al igual que la iniciativa que se presentó el año pasado para incorporar la licencia por violencia de género a los regímenes de prestación de servicios, licencias y asistencia al personal de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Asimismo en diciembre pasado, el Consejo Superior de la Universidad aprobó la adhesión a la ley provincial de cupo laboral trans, y lo puso en marcha en su planta de personal este año. La ley 14.783 prevé que el 1 por ciento de los puestos en la administración pública bonaerense sean ocupados por personas travestis, transexuales y transgénero, con el Estado como garante del acceso al puesto y la permanencia en él.