El kirchnerismo redobló  su avanzada contra el juez federal Claudio Bonadio por investigar presuntos delitos por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el manejo del hotel en El Calafate del que admitió ser dueña a través de acciones.

Ayer, el secretario de Justicia, Julián Alvarez, en una velada amenaza, recordó en un reportaje que el magistrado tiene “nueve expedientes” en el que se analiza su conducta en diversas causas en el Consejo de la Magistratura. El número, incorrecto, fue reiterado todo el día por los medios vinculados al oficialismo. E incluso desde la cuenta de Twitter oficial de Casa de Gobierno (@casarosadaAR), se difundió esta y otras informaciones para atacar al juez.

“Bonadio viene montándose un escudo frente a los nueve expedientes de destitución que tiene en el Consejo de la Magistratura. Cada vez que el Consejo de la Magistratura sesiona Bonadio toma una medida contra el Gobierno”, expresó Alvarez en una entrevista publicada en el diario ultraoficialista Página/12.

“Vamos a plantear que no se puede ejercer justicia a través de la coacción. Haremos una presentación donde vamos a demostrar la conexidad que existe entre las convocatorias al Consejo de la Magistratura y las medidas que dispone Bonadio. Vamos a avanzar también y pedir el tratamiento en la comisión de Disciplina de los expedientes que se están tramitando en los que hay sobradas pruebas de lo que se le imputa”, adelantó el representante del Poder Ejecutivo, es decir la Presidenta de la Nación, en el organismo encargado de seleccionar y promover la destitución de los jueces en caso de mal desempeño de sus funciones.

Al igual que otros referentes oficialistas, Alvarez vinculó las decisiones del magistrado con algún tipo de interés político relacionado con el Frente Renovador liderado por el diputado Sergio Massa, uno de los precandidatos presidenciales para las elecciones de 2015.

Es más, ayer el senador Aníbal Fernández salió a decir que “en ningún país del mundo, si es una empresa del Presidente de la Nación, hacen este gesto”, en referencia al allanamiento ordenado la semana pasada por Bonadio en las oficinas que la empresa Hotesur había declarado ante la Inspección General de Justicia (IGJ.

Bonadio investiga una denuncia de la diputada Margarita Stolbizer por la supuesta falta de aportes de datos sobre la composición del directorio de la sociedad y el presunto no pago de tasas. La oficina allanada por Bonadio estaba vacía y en alquiler.