Buscan agilizar las adopciones con un registro nacional de aspirantes

La provincia busca agilizar los trámites de adopción mediante la implementación de un registro único de aspirantes que pasarán a integrar una base de datos de todo el país. La diputada socialista Lucrecia Aranda llevó el tema a la Legislatura mediante una iniciativa para adherir a la ley nacional que en 2005 sentó las bases para agilizar los trámites y liberar a miles de parejas y matrimonios de esperar muchos años anotados en los libros que circulan en los tribunales.

A manera de ejemplo basta recordar que, sólo en Rosario, los juzgados de menores tienen inscriptos a 1.586 adoptantes. Y en el Nº 3 el último nene se otorgó en 2007. Por esa fecha la pareja que lo recibió había cumplido 5 años de espera.

El proyecto de la diputada Aranda —en discusión en las comisiones de Promoción Comunitaria y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados— propone que la provincia adhiera a la la ley nacional 25.854, que en 2005 creó una base de datos unificada para incluir a las personas con intenciones de adoptar. La norma se reglamentó en septiembre del mismo año y, en rigor, no suple a los listados que elabora cada provincia, pero los aglutina.

"Básicamente se busca transparentar y facilitar el trámite para las familias adoptantes y que no se vean obligadas a inscribirse en múltiples juzgados o registros del país, lo cual implica someterse a permanentes entrevistas", explicó Aranda.

Aunque muchas provincias aún no adhirieron a esa norma marco y los registros circulan en cada tribunal —como sucede en Santa Fe—, la diputada socialista confía en que así se avance un paso más en el ordenamiento de las adopciones.

Lenta espera. Desde que fue creado en 1998, por iniciativa de tres jueces de menores de Rosario, el libro local de padres con intenciones de adoptar registra 1.586 interesados.

Pero los niños otorgados en guarda son muy pocos. A tal punto que en febrero de 2007 se cerró temporalmente la inscripción porque no había nenes en situación de ser adoptados.

La medida se revirtió rápidamente. Sin embargo, el ritmo con que los jueces de menores entregan un niño sigue siendo muy lento. Como muestra basta un botón: la última guarda hecha en el Juzgado Nº 3 cumplió ya dos años. Y la pareja que recibió el niño se había anotado en 2002.

La ley nacional de protección integral de los derechos del niño (Nº 26.061) derogó el patronato que ejercían los jueces de menores y sacó de su órbita las cuestiones sociales, cuya problemática deberá ser abordada por los organismos estatales pertinentes, dejando en sus manos sólo cuestiones referidas a menores en conflicto con la ley penal.

Pero los magistrados aún deben afrontar la entendible angustia de padres que reclaman y preguntan si les llegó el turno. "Ponemos la cara ante las personas en cuestiones sobre las que no deberíamos entender. A la par vemos cómo crecen las entregas directas en tribunales de familia, que aunque amparadas por ley, siempre pueden ser sospechadas", dijo un juez.

Otra mirada. La propuesta de Aranda contempla acciones conjuntas entre las autoridades administrativas, organizaciones no gubernamentales, operadores sociales y de la Justicia, a fin de facilitar el proceso de adopción y brindar seguridad, inmediatez y acceso a la información.

En este sentido, propone que sea la Subsecretaría de la Niñez de la provincia la que coordine las acciones de los órganos intervinientes en el tránsito hacia la adopción.

Aranda adelantó que la idea es que una vez iniciado un expediente por un caso social de abandono, maltrato, violencia familiar o abuso, se articulen todas las medidas necesarias para resguardar los derechos del niño. Pero que transcurridos 18 meses, se dictamine sobre el futuro del menor.

"No debería demorar más de un año y medio después de tomarse medidas excepcionales de separación del niño de su núcleo familiar. A ese chico también hay que resolverle su futuro, no puede esperar tanto tiempo. Así, se dará un plazo prudencial para saber si queda en estado de adoptabilidad", indicó la legisladora.

Y sugirió que "es en el ámbito de la administración donde debe funcionar el registro, porque el Estado debe garantizar y poner en práctica las medidas de protección de derechos. Una vez iniciados los expedientes, los jueces de familia serán los garantes y tendrán la facultad de solicitar medidas tendientes a transparentar el proceso".

Dilema. Respecto a la polémica figura de la adopción directa (arreglo entre particulares formalizado ante el juez), Aranda prefirió no polemizar con una modalidad que parece contraponerse al registro único. "La adopción directa es legal, y por más que despierte los más diversos comentarios éticos no nos corresponde abordar a nosotros una modificación en la ley de adopción".

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