El miércoles pasado el Gobierno sorprendió al enviar al Congreso un nuevo proyecto de ley de telecomunicaciones. En diálogo con Página/12, el secretario de Comunicaciones, Norberto Berner, explicó qué consecuencias tendrá declarar servicio público el uso de las redes por parte de los licenciatarios, por qué decidieron que las telefónicas comiencen a dar televisión, cuáles son los precios que prevén regular, qué cambios se introducen en el servicio universal y los resultados de la reciente licitación de espectro para servicios 3G y 4G.

–El proyecto declara de servicio público al uso de las redes por parte de los licenciatarios, ¿qué consecuencias supone para las empresas y los usuarios?

–Para las empresas es muy importante, sobre todo para las pymes y cooperativas que históricamente han venido reclamando por la dificultad para acceder a las redes. Declararlas como servicio público significa que van a poder acceder a la infraestructura de otras empresas y que ese acceso tiene que ser con garantía de continuidad, con una calidad determinada y a un precio regulado. Eso les va a permitir vender sus servicios a los usuarios finales con la tranquilidad de que van a poder cumplir en el tiempo sin que les corten el contrato o le aumenten el precio mayorista. Para los usuarios también es muy importante porque en la actualidad existen múltiples redes y cada vez que quieren acceder a los servicios de una empresa tienen que contratar una red distinta. Eso muchas veces lleva a que opten por no cambiar de empresa porque entre que dan de baja un servicio y le vienen a instalar otro pueden pasar semanas o meses. Además, detrás de cada servicio hay una red que pasa por la puerta de cada casa. En lugar de haber una sola red hay tres o cuatro. Eso supone que se invirtió en redes tres o cuatro veces más de lo que se debería haber invertido. Ese dinero siempre lo terminan poniendo los usuarios. Por lo tanto, buscamos la convergencia de las redes para que los precios bajen.

–Las empresas dominantes, que hoy fijan los precios mayoristas, cuestionan la posibilidad de que se establezca una tarifa que no alcance a cubrir los costos.

–Si las redes no las construyen las empresas, lo termina haciendo el Estado. Por lo tanto, no es negocio para el Estado fijar un precio mayorista por debajo de los costos, porque si no las empresas no van a tener rentabilidad y van a dejar de construir redes. Después de que el Estado construyó 30 mil kilómetros de redes a través de Argentina Conectada, lo menos que queremos es seguir construyendo nosotros. Técnicamente, lo que se tiene que hacer es establecer los precios objetivos por tipo de red, por tipo de acceso y por distancia. Después hay que generar incentivos para los operadores. Se tiene que incentivar a las empresas a llegar a lugares más lejanos e incentivar el acceso de los jugadores más chicos. Además se va a evitar que las empresas que tienen una posición dominante en las redes beneficien a un actor que genere contenidos o transporte datos en detrimento de los demás. Es decir, que no hagan dumping o apliquen subsidios cruzados.

–El proyecto establece que todos los licenciatarios deben abrir sus redes, pero las cableras afirman que, a diferencia de las telefónicas, ellas construyeron sus redes de cero sin apoyo del Estado.

–Cuando hablamos de cableras tenemos que tener mucho cuidado. Hay muchas cableras pequeñas que no tienen peso en el mercado. La apertura de las redes y la fijación de un precio justo para que puedan acceder a la infraestructura de las firmas dominantes sin duda las va a beneficiar. Con el statu quo actual, la cablera pequeña va a seguir siendo pequeña porque no tiene el volumen de negocios suficiente para construir una red propia que le permita llegar a más hogares. Este proyecto evita que tengan que hacer una inversión de capital enorme para construir una red paralela a las de Telefónica, Telecom y Cablevisión. No hay forma de que esta regulación las perjudique.

–La situación del Grupo Clarín es diferente porque ellos sí tienen una red propia relevante y remarcan que no la heredaron del Estado como las telefónicas.

–Entel se privatizó en 1989, ¿cuánto queda de la red de cobre original?

–No debe quedar nada.

–Exacto. Lo que hay lo construyeron ellas con lo que pagaron los usuarios. Igual que lo hizo Cablevisión.

–Pero las telefónicas tuvieron un período de monopolio.

–El decreto 764 de 2000 estableció la libre competencia en el mercado telefónico hace ya catorce años, pero además hay que remarcar que también le estamos abriendo las redes a Telecom y Telefónica. Estamos poniendo en igualdad de condiciones a todos. Por eso también habilitamos a las telefónicas a dar servicios audiovisuales.

–¿Para favorecer la convergencia?

–Claro. Hay que tener una regulación acorde con los estándares internacionales.

–¿Las telefónicas van a poder ofrecer un combo que incluya telefonía fija, móvil, Internet y televisión?

-Las restricciones que existen tienen que ver con el acceso y uso de la red. Por ejemplo, para dar cable tienen que cumplir con las limitaciones de la ley de medios audiovisuales. Ese combo lo van a poder ofrecer sólo en las localidades donde tengan licencia. Además hay un dato que pasó desapercibido y es que las telcos tienen que poner al menos un 5 por ciento del espectro radioeléctrico para 4G a disposición de las cooperativas para que puedan ser operadores móviles virtuales. Las cooperativas van a poder dar ese servicio sólo pagando el precio de interconexión. Por lo tanto, no sólo van a poder dar telefonía móvil las cuatro empresas que posean espectro, una de las cuales se suma a partir de la reciente licitación, sino las de cientos y cientos de cooperativas que existen en el país.

–¿Libre.ar también va a ser operador móvil virtual?

–No tiene sentido. Libre.ar nunca fue una nueva Entel. En ninguno de los proyectos que se trabajaron en torno de Libre.ar, Arsat iba a tener participación vendiendo celulares de manera directa. Siempre se lo pensó como un instrumento para abrirles el juego a las cooperativas, pero con este nuevo diseño institucional, que trabajamos de manera más profunda con el ministro De Vido, las cooperativas en lugar de hablar con Arsat van a tener que hablar con las cuatro empresas que van a tener espectro.

–Entonces la marca Libre.ar no va a aparecer en ningún lado.

–Les vamos a dar la libertad de elegir a las cooperativas, pero hasta ahora ninguna me golpeó la puerta para decirme que quiere usar la marca Libre.ar. Todas buscan fortalecer sus propias marcas.

–El artículo 48 del proyecto dice que los operadores van a poder fijar precios libremente, pero en el segundo párrafo deja abierta la posibilidad de que el precio de algunos servicios esenciales sea regulado por el Estado, ¿qué precios minoristas se van a regular?

–No se está pensando en exigir una autorización previa para cualquier aumento de precios ni en armar un esquema tarifario, porque eso no ha dado resultado aquí ni en ningún lugar del mundo. Lo que hay que hacer es contener el precio mayorista para después poder observar si existen distorsiones. Ese fue el espíritu y en ese sentido se elaboró el segundo párrafo del artículo 48.

–Pero si algún operador aplica un precio abusivo, ¿el Estado puede regular esa tarifa o tiene que intimarlo como viene haciendo ahora para tratar de que dé marcha atrás?

–No va a haber un cuadro tarifario fijo, pero tendríamos más herramientas. Este año logramos que empresas de telefonía móvil, que tenían absoluta discrecionalidad para fijar los precios, hayan aceptado firmar un convenio para ofrecer un plan prepago con precios cuidados. Ese es el esquema que nos imaginamos. Tuvimos que hacer malabares para lograr ese convenio. La idea es que no tengamos que seguir haciendo malabares.

–Otro de los artículos del proyecto menciona la necesidad de que el Estado nacional, las provincias y los municipios coordinen la expansión de la red, ¿cuando no haya acuerdo el Estado nacional puede imponer su postura?

–Cuando las comunicaciones son interjurisdiccionales, como se da en casi todos los casos, la jurisdicción es federal. Si bien estamos trabajando muy bien con muchas intendencias, para la telefonía móvil necesitamos duplicar la red y encontramos obstáculos normativos para que el Estado nacional pueda coordinar y tener participación en los planes de despliegue municipales. Tendríamos que firmar convenios con los 2200 municipios y no nos da el tiempo para algo que es tan urgente. Esto nos permitirá tomar la posta y darles las herramientas a los municipios de dónde y cómo poner las antenas. Los municipios, por supuesto, van a conservar el contralor sobre el esquema de autorización de la obra civil y otras cuestiones. Hoy tenemos municipios en donde las comunicaciones funcionan bien y otros están al lado donde no se puede hablar. Están en la misma zona, pero en un lugar se dejan instalar antenas y en el otro no.

–Con la nueva ley, el fondo fiduciario del servicio universal pasará a ser patrimonio del Estado, ¿cómo se asignarán esos fondos?

–La idea es que podamos ejecutar los recursos del fondo fiduciario del servicio universal con la misma fluidez con que logramos ejecutar el programa Argentina Conectada, sin perder de vista que este es un fondo específico al que aportan las licenciatarias, que debe tener un análisis contable y de control para que esos recursos no se confundan con otras partidas. El comité técnico del fondo fiduciario que integran los licenciatarios y el Estado nacional va a seguir existiendo, pero los programas se van a poder ejecutar con mayor agilidad.

–Algunos analistas cuestionaron que el proyecto le otorga demasiadas atribuciones referidas a la implementación de la ley a una autoridad de aplicación que no se identifica.

–Cuando se presentó el proyecto de ley de Abastecimiento se precisó que la autoridad de aplicación era la Secretaría de Comercio y criticaron que se le daba demasiado poder a un funcionario. Ahora se deja en claro que la autoridad de aplicación la va a definir el Poder Ejecutivo, el cual podría incluso llegar a definir una autoridad para aplicar una parte de ley y otra autoridad para aplicar otra, y también les parece mal, pero lo cierto es que todas las leyes tienen autoridades de aplicación.