¿El STJ busca voltear el fallo del jury?

Los destituidos presidente y vocal del Tribunal de Cuentas, Natalio Peres y Rubén Rivero, respectivamente, fueron en queja al Superior Tribunal de Justicia para intentar revocar la sentencia que dictó el jurado de enjuiciamiento contra ellos. En ese fallo del domingo 1 de marzo, el cuerpo consideró que ambos funcionarios no podían continuar en sus cargos por la causal de mal desempeñó, ya que no controlaron dos cuentas corrientes del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda por donde se desviaron 960.000 pesos.
Para destituir a un funcionario por mal desempeño, a través de un juicio político, no se requiere de un rigorismo formal como para condenar a un reo por un delito penal, e incluso el jury cuenta con un mayor grado de discrecionalidad que el de los jueces ordinarios en el fuero penal, atento a las subjetividades propias de las conductas investigadas. Por eso lo penal y lo político son vías paralelas, y los principales juristas coinciden en que las sentencias de los jurados de enjuiciamiento no pueden ser revisadas por el Poder Judicial.

La doctrina clásica de la Corte Suprema señala que las resoluciones de los juicios políticos no son revisables judicialmente. Algunos constitucionalistas como Germán Bidart Campos, Jorge Vanossi y Miguel Angel Ekmekjian aceptan el control judicial en situaciones excepcionales. El primero dice que los fallos solamente pueden reverse cuando se observen graves vicios de procedimiento (por ejemplo, violación del derecho de defensa) y de hecho así lo hizo la Corte en 1986 en el caso Graffigna Latino; mientras que el último indica que cuando se trata de remociones por mal desempeño el asunto es irreversible. Sin embargo, en 1993, la Corte menemista, por primera vez, admitió la revisión de un fallo del Senado en el juicio político sustanciado contra el ex juez Alberto Nicosia.

Indagatorias.

El abogado de Peres, César Augusto Rodríguez, y los de Rivero, Pablo Langlois y Carlos Chapalcaz, recurrieron la resolución del jury en base a tres ejes: la inconstitucionalidad de un artículo de la Ley 313 de Jurado de Enjuiciamiento que establece la inapelabilidad de la sentencia; la violación del plazo de 90 días que tenía el jurado para dictar la sentencia fue violado; y la mala aplicación de la Ley Orgánica del TdeC porque, de acuerdo a los destituidos, el texto determina que no eran ellos los responsables de los controles, sino personal subalterno (específicamente los relatores, el eslabón más indefenso).

Así como la Corte menemista abrió la ventana para recurrir las sentencias de los juicios políticos a través de recursos extraordinarios; sectores ligados al marinismo serían los que ahora están intentando que el S.T.J. revoque las destituciones con el argumento de que cuando se dictó la sentencia habían pasado más de 90 días, el plazo máximo que prevé la ley 313 para este tipo de procesos.

Esa mano marinista que habría detrás de la causa puede verse, de acuerdo a fuentes políticas y tribunalicias, en por lo menos dos hechos: el respaldo que el senador Rubén Hugo Marín siempre le dio a Peres mientras ocupó la presidencia del Tribunal (de hecho nunca detectó irregularidades en las rendiciones de cuentas y subsidios a pesar de las varias causas abiertas en la justicia contra funcionarios marinistas) y la presencia de Rivero, ya destituido, en la reunión de Convergencia donde el marinismo dispuso no sumarse a las listas de candidatos del vernismo.

Peres y Rivero, que fueron echados por mal desempeño en sus funciones e incompetencia o negligencia reiterada inherente a sus cargos, afrontan paralelamente una causa penal en la que seguramente serán indagados por la jueza de instrucción Florencia Maza. El fiscal Carlos Ordás solicitó la incorporación al expediente de una serie de documentos -algo que ya fue tramitado por la titular del Juzgado de Instrucción- y una vez concluido con ese trámite, Maza llamaría a los ex funcionarios en carácter de imputados.

La causa, abierta desde hace más de tres años, es una derivación de la megacausa del IPAV, y había quedado frenada a raíz del juicio político que afrontaron ambos; aunque se destrabó luego de la resolución del jury. Peres y Rivero están sospechados de haber cometido un delito al no controlar las cuentas por donde se fueron casi un millón de pesos. En ella cuatro empleadas del Tribunal de Cuentas fueron indagadas, aunque todavía no tiene resueltas sus situaciones procesales.

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