El ARI busca reglamentar la designación de jueces en el Chaco

La Cámara de Diputados analizará la posibilidad de modificar la Ley 4885 para lograr que la designación de los Jueces del Superior Tribunal de Justicia y del Procurador General de la provincia se realice a través de un concurso público de oposición y antecedentes.
La iniciativa presentada por la diputada Alicia Terada pretende ajustar el sistema de selección de los ministros del máximo tribunal a lo previsto por la Constitución Provincial en su artículo 167, a fin de garantizar la conformación de un Poder Judicial "legítimo, independiente e imparcial".

La autora del proyecto e integrante del Foro por una Justicia Independiente consideró que "el método de selección que dispone la Constitución por concurso público de oposición y antecedentes evita que el amiguismo, la simpatía o el compromiso político tengan más peso a la hora de la designación de jueces, que su capacidad, idoneidad y solvencia moral".

Además de la mencionada, la iniciativa contempla la incorporación de una serie de normas de carácter reglamentarias que establecen criterios mínimos para que el desarrollo del proceso de selección sea público y transparente. Como por ejemplo que ante una determinada vacancia que requiera el llamado a concurso, se proceda en primer término a la Conformación de la Comisión Examinadora, de manera tal que al momento de hacer público la convocatoria al concurso se publique la integración del mismo.

Con el objetivo de garantizar condiciones de igualdad y objetividad en el examen de oposición, exige que éste sea igual para todos los concursantes, el anonimato del escrito y la publicidad del examen oral.

En tanto para preservar a los postulantes instituye que la calificación otorgada a los concursantes debe fundarse por escrito y labrarse acta.

Como esta propuesta legislativa pretende resaltar la exigencia de las condiciones y aptitudes de los candidatos a las magistraturas que concursan, prevé un sistema de puntaje utilizado para la evaluación de los antecedentes, disponiendo que los obtengan los seis primeros puntajes sean quienes accedan a la entrevista personal.

Incorpora también la obligatoriedad de la presentación por parte de los postulantes, de una serie de declaraciones juradas, antecedentes patrimoniales, laborales, etc. Que garanticen el cumplimiento de las condiciones o requisitos para acceder al cargo que pretenden o descartar posibles incompatibilidades.

En igual sentido se incluye un examen psicológico y psicotécnico con el objeto de destacar las características de personalidad, y determinar su aptitud para el desempeño del cargo que sea objeto el concurso.

Se pretende también lograr la participación de la ciudadanía en el proceso de selección, estableciendo de manera expresa la posibilidad de que cualquier ciudadano, asociación civil o agrupación interesada pueda impugnar a los postulantes que hubieren aprobado el concurso de oposición y antecedentes, que estén citados para la entrevista personal.

"Es necesario recuperar la legitimidad que la Constitución le otorga al Poder Judicial, y terminar con la degradación a la que fue sometida la Justicia del Chaco", indicó Terada.

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