La UCR busca impedir la asunción de tres diputados electos

Se trata de Silvia del Valle Gaitán (PJ-Chilecito), Alejandra Oviedo (Norte Grande–Chepes), y Adriana del Valle Olima (MO.TE.PO-Famatina). A entender del partido opositor, esas bancas les corresponde legalmente a ellos. Este martes, por ende, formalizó su embestida vía legislativa y solicitó la suspensión de la asunción de las personas cuestionadas hasta que el Tribunal Superior de Justicia se expida sobre el recurso presentado ante ese organismo por el radicalismo.
Mediante un escrito presentado por Secretaría Legislativa y bajo la firma de Julio Martínez como presidente del Frente Cívico y Social, junto a las apoderadas de la fuerza política, Inés Brizuela y Doria y Cristina Salzwedel, se formalizó la anunciada impugnación a los títulos de Silvia del Valle Gaitán (PJ-Chilecito), Alejandra Oviedo (Norte Grande–Chepes), y Adriana del Valle Olima (MO.TE.PO-Famatina).

En el escrito presentado este martes por el radicalismo, el cual fue acompañado del respectivo certificado emitido por el Tribunal Superior de Justicia, se pone en conocimiento de la Cámara, que el Frente Cívico y Social ha planteado Recurso de Casación Parcial contra la Resolución de Proclamación de autoridades emitida por el Tribunal Electoral con fecha 30 de Octubre.

Se advierte además a la Cámara que, conforme lo ordena el código de procedimientos (Art. 258, inc. 2º), la interposición del mencionado recurso suspende los efectos de la Resolución impugnada. En consecuencia, por imperativo legal la Cámara de Diputados debe abstenerse de tomar juramento a las ciudadanas antes indicadas, puesto que las mismas no revisten aún la calidad necesaria para ello.

Al no encontrarse firme la resolución de proclamación como consecuencia del recurso interpuesto, las personas indicadas carecen del título que las acredite como diputadas, según manifiestan desde la UCR.

Se advierte que la Cámara debe ajustar su accionar al ordenamiento jurídico vigente y en consecuencia, debe acatar la suspensión dispuesta por la ley, hasta tanto el Tribunal Superior de Justicia resuelva el recurso de casación actualmente en trámite.

A entender del partido opositor, una actitud en sentido contrario traería graves consecuencias en el orden institucional y político de la provincia, ya que la nueva conformación de la Legislatura Provincial estaría viciada en sus orígenes, integrada de manera ilegítima, y en caso de obtenerse luego un pronunciamiento acorde a la Constitución y a las leyes, todo lo actuado por la Cámara de Diputados sería nulo.

Por último, la UCR reiteró su reclamo de que la tan mentada "calidad institucional" comience por casa, respetando las reglas de juego preestablecidas y el ordenamiento jurídico vigente en la provincia. La calidad institucional comienza por el respeto básico de las leyes vigentes, algo tan básico como poco practicado en los últimos años en la provincia.

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